En una reunión clave celebrada en la sede de UPCN, la cúpula de la central obrera resolvió no convocar al paro ni a la movilización popular. La estrategia ahora se centrará en impugnar la norma ante la Justicia, mientras que un sector disidente gremial ya prepara un cese de actividades para este viernes.
Con la certeza de que la iniciativa oficial obtendrá media sanción este viernes en el Senado, la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) ha decidido dar un paso al costado en materia de protesta callejera. Lejos de activar un paro nacional o una gran movilización, el triunvirato que lidera la central sindical ha inclinado la balanza hacia una estrategia puramente jurídica. La próxima acción de peso será el lunes venidero, cuando confluyan en Plaza Lavalle para respaldar la presentación judicial que buscará frenar lo que consideran una normativa lesiva para los intereses de los empleados.
El encuentro decisorio tuvo lugar en la sede del gremio estatal (UPCN), bajo el anfitrionazgo de Andrés Rodríguez. Así lo confirmó uno de los integrantes de la conducción colegiada, Jorge Sola, quien explicó que el camino elegido es profundizar el análisis legal en curso. «Respaldaremos la impugnación que efectuará la central obrera sobre aquellos puntos que entendemos vulneran la Carta Magna», manifestó el titular del sector asegurador. Si bien evitó pormenorizar los artículos objetados, adelantó que la embestida legal se enfocará en cuestiones que afectan tanto las garantías personales como las colectivas de los trabajadores.
De esta manera, la batalla se trasladará al terreno de la interpretación normativa una vez que la ley sea promulgada. La convocatoria para el próximo lunes emula la estrategia desplegada a fines de 2023, cuando la entidad sindical logró suspender los efectos del DNU 70/23 en su capítulo laboral. En aquella ocasión, la presentación judicial consiguió frenar los avances sobre las estructuras del Estado. Sin embargo, fuentes internas revelaron que la idea ahora es restringir la participación: se espera únicamente la presencia de delegados y referentes sindicales, un público cautivo que evite cualquier tipo de roce o incomodidad para la cúpula cegetista.
Disidencias internas y la postura de los «combativos»
Aunque predominó la postura moderada impulsada por el triunvirato —respaldada por los sectores conocidos como «Gordos» e «Independientes»—, el cónclave no estuvo exento de matices. Juan Carlos Schmid, titular de Dragado y Balizamiento, abogó por medidas de fuerza concretas. En tanto, Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, propuso la convocatoria a un Comité Central Confederal para delinear un plan de lucha acorde a la gravedad de la situación. Su planteo, no obstante, cayó en saco roto.
La reunión contó con la presencia de figuras de peso como Rodolfo Daer (Alimentación), Gerardo Martínez (Uocra), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Héctor Daer (Sanidad), Hugo Moyano (Camioneros) y el veterano Armando Cavalieri (Comercio). Justamente Cavalieri, según versiones de los presentes, lanzó críticas hacia la fragmentación del Partido Justicialista, la cual beneficia los designios del oficialismo libertario. En un tono áspero con sus pares, sentenció que «solo nos limitamos a criticar sin accionar», aunque su reclamo no modificó el rumbo de la decisión final.
Los sectores más tradicionales insistieron en que sean los representantes políticos del peronismo en el Congreso quienes asuman el «costo político» de aprobar la reforma. Esta postura, que los triunviros vienen sosteniendo desde diciembre pasado, contrasta con la del Gobierno, que durante enero tejió alianzas con gobernadores y legisladores para asegurarse los votos necesarios. La CGT, en cambio, permaneció a la expectativa sin activar sus contactos políticos, confiando en que las modificaciones introducidas en Diputados pudieran generar un escollo. Finalmente, la correlación de fuerzas en el Senado favoreció al oficialismo.
Respuesta alternativa: 36 horas de paro y marcha al Congreso
Mientras la conducción oficial de la CGT apuesta a los tribunales, un conglomerado de gremios más beligerantes se prepara para salir a la calle. Se trata del FreSU (Frente de Sindicatos Unidos), que agrupa a la UOM de Abel Furlán, los aceiteros de Daniel Yofra, el SOMU de Raúl Durdos, y los gremios aeronáuticos liderados por Juan Pablo Brey (aeronavegantes) y Pablo Biró (pilotos). A ellos se suman las dos vertientes de la Central de Trabajadores Argentinos.
Esta facción ha anunciado un cese de actividades de 36 horas y una concentración para este viernes al mediodía en las inmediaciones del Congreso. Lejos de amilanarse por la postura de la mesa chica de la CGT, los integrantes del FreSU anticiparon que las protestas continuarán y que incluso proyectan expandir el frente hacia el interior del país, replicando una dinámica de confrontación directa que históricamente ha caracterizado a las fracciones sindicales más combativas.
