El organismo recaudador, ahora bajo la órbita del Ministerio de Economía, desplegó un operativo masivo de notificaciones electrónicas que reubica a pequeños contribuyentes en escalones superiores del régimen. La medida, ejecutada sin preaviso y basada en movimientos bancarios y de billeteras virtuales, desató una tormenta política y económica al dejar a muchos trabajadores independientes al borde de la inviabilidad de sus actividades.
En las últimas horas, millones de contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado encontraron en sus casillas de correo electrónico una notificación que encendió todas las alarmas. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un procedimiento de revisión masiva que, sin mediar solicitud de parte, promovió de oficio a miles de monotributistas a categorías superiores. El salto en la obligación mensual es, en muchos casos, abismal: quienes hasta enero abonaban en torno a los 40.000 pesos, ahora enfrentan una factura que podría escalar hasta los 570.000 pesos mensuales, un incremento que supera con creces cualquier parámetro inflacionario o de actualización de ingresos reales.
La decisión del ente fiscal no llegó sola. Se implementó bajo un hermetismo total y aplica un criterio que ha despertado el rechazo unánime de los especialistas en derecho tributario. El nuevo sistema de fiscalización masiva toma como parámetro excluyente la totalidad de los ingresos y los patrones de consumo registrados no solo en las tradicionales cuentas bancarias, sino también en el universo, hasta ahora más difuso, de las billeteras virtuales. El universo alcanzado por esta medida es colosal: abarca a 4.880.000 personas, un ejército de pequeños empresarios, profesionales y cuentapropistas de los cuales un aplastante 85 por ciento se encuentra encuadrado en las franjas más bajas del sistema.
La lógica aplicada por la administración fiscal implica una presunción que los expertos califican de temeraria: considerar que cualquier depósito o erogación constituye, automáticamente, un incremento en la capacidad de ganancia del contribuyente. Esta postura provocó un encendido debate en los círculos académicos y profesionales, donde se denuncia que el Estado se adjudica la potestad de redefinir la realidad económica de los ciudadanos basándose en indicadores que, aislados, resultan falaces.
Javier Peralta, quien ocupa un sitial como consejero en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, fue contundente al analizar el procedimiento. “El organismo se atribuye la prerrogativa de recolocar a los monotributistas en el escalafón atendiendo a los fondos que ingresan a sus cuentas o a los desembolsos que realizan mediante sus tarjetas. El corazón del problema reside en que ninguna de esas dos variables es sinónimo, per se, de un incremento en la facturación real del negocio o la actividad profesional”, explicó.
El académico ilustró su postura con escenas de la vida cotidiana que la lupa fiscal parece ignorar. “Imaginemos el caso de un padre que recibe una transferencia de su hijo para afrontar un gasto médico, o el de un ciudadano que vende su vehículo usado para juntar el dinero de la entrada de una vivienda. En ambos supuestos, el banco registrará un ingreso, pero no existe una variación en la ganancia derivada de la actividad económica declarada”, puntualizó. En la misma línea, señaló que la adquisición de un bien de consumo durable, como un electrodoméstico, puede financiarse con ahorros acumulados a lo largo de meses o años, y su compra no implica, ni remotamente, que la persona haya duplicado sus ingresos de un mes para el otro.
Peralta profundizó su crítica al señalar una anomalía procedimental: “Estas recategorizaciones forzadas se están ejecutando antes de que los contribuyentes tengan la oportunidad de presentar sus declaraciones juradas de Ganancias o Bienes Personales. Es precisamente en esos instrumentos donde movimientos como una ganancia extraordinaria por la venta de un activo o la tenencia de un rodado quedan perfectamente documentados y justificados ante el fisco. Se está actuando con premura, invirtiendo la lógica natural del proceso”, agregó.
Para el especialista, la maniobra implica una peligrosa inversión de la carga probatoria. El organismo parte de la premisa de que todo flujo de dinero entrante o todo gasto implica mayores réditos anuales y le otorga al contribuyente apenas 15 días para desmontar esa presunción, cuando la responsabilidad de demostrar un incremento patrimonial no justificado debería recaer, estrictamente, en el Estado.
En el terreno de las anécdotas concretas, las consecuencias rozan el esperpento. Noelia Villafañe, voz autorizada de la agrupación Monotributistas Asociados República Argentina (MARA), relató situaciones que evidencian el desajuste entre la realidad y la norma. “Nos han llegado casos desgarradores, como el de una mujer mayor a quien sus hijos, entre todos, le transfirieron el dinero para comprarle un aire acondicionado y paliar el calor. Esa madre ahora está siendo penalizada porque la autoridad fiscal presume, automáticamente, que ese dinero es fruto de su actividad comercial”, detalló con preocupación.
Villafañe puso especial énfasis en la vulnerabilidad de los monotributistas inscriptos en el segmento social. “Si el sistema los da de baja de este régimen por un incremento ficticio en sus ‘ingresos’, son automáticamente expulsados a la categoría general. Pierden de un día para el otro su obra social y se ven obligados a recorrer un calvario burocrático para reinscribirse en otra cobertura, en un momento donde acceder a la salud es una odisea”, advirtió.
El cronograma impuesto para la defensa también es motivo de controversia. El plazo perentorio de 15 días hábiles para presentar un descargo formal comienza a correr desde el momento del envío electrónico, independientemente de que el destinatario haya o no abierto y leído la notificación. Para el microempresario que carece de asesoramiento letrado permanente, este lapso resulta ínfimo para reunir la documentación, comprender la imputación y articular una respuesta eficaz que evite la reclasificación de oficio y la consecuente multiplicación por diez de la cuota mensual a abonar.
La controversia crece en un escenario macroeconómico particular. El economista Cristian Buteler no dudó en señalar la asimetría imperante: “Mientras el gobierno endurece el cerco sobre el cuentapropista y el pequeño emprendedor, existen movimientos de fondos por decenas de millones de pesos que transitan sin mayores controles. Se aplica un rigor extremo sobre el eslabón más débil de la cadena, al tiempo que se sostienen regímenes de privilegio y beneficios para los grandes capitales, muchas veces vinculados a la evasión más sofisticada”.
La narrativa oficial, en tanto, ha buscado instalar la idea de que un porcentaje mayoritario de los monotributistas se encuentra en una condición de irregularidad o evasión deliberada. Sin embargo, la propia estadística oficial —que sitúa al 85 por ciento en las categorías iniciales— desmiente esa presunción, retratando más bien a un colectivo de trabajadores independientes y pequeños negocios que pujan por subsistir en un contexto de caída del poder adquisitivo y retracción del consumo.
En respuesta al vendaval provocado por la medida, un arco de legisladores de la oposición presentó un proyecto de ley para establecer una moratoria de 180 días en la aplicación de estas recategorizaciones unilaterales. En los argumentos esgrimidos, los diputados sostienen que, inmersos en una crisis de alta inflación y con una marcada baja en el nivel de ventas, los indicadores objetivos de facturación y gasto se han distorsionado. La inflación, subrayan, genera abultamientos nominales que no se traducen en una mayor capacidad de pago real, provocando un desfasaje entre el momento del gasto y la declaración de ingresos que puede resultar letal para la continuidad del negocio.
Mientras los despachos oficiales y el Congreso dirimen la cuestión, la incertidumbre se ha instalado en los hogares de miles de argentinos. La pregunta que flota en el aire es simple pero angustiante: cuánto habrá que pagar el mes que viene y bajo qué reglas de juego se nos juzgará. En un país donde el discurso político suele enfocarse en la promesa de terminar con los privilegios, la lupa del control parece haber enfocado, una vez más, a aquellos que tienen menos espalda para soportar su peso.
