En una sesión cargada de críticas y denuncias por maniobras parlamentarias, la Cámara Alta dio media sanción al proyecto impulsado por La Libertad Avanza que modifica la normativa vigente de protección ambiental. La iniciativa, que ahora girará a Diputados, contó con el respaldo de sectores del peronismo federal y aliados provinciales, aunque la falta de consenso y los cambios de último momento marcaron el debate.
En una jornada parlamentaria signada por la tensión y las maniobras de último momento, el Senado de la Nación aprobó en general el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, impulsado por el bloque de La Libertad Avanza (LLA). La iniciativa, que representa un cambio sustancial en el paradigma de protección de estos ambientes, logró 40 voluntades a favor, 31 en contra y una abstención, gracias al apoyo explícito de sectores del peronismo denominado «federal» y de bloques provinciales, aunque no sin antes generar un fuerte cruce de acusaciones por la metodología empleada para introducir modificaciones al texto original.
El núcleo de la disputa radica en la delegación a las jurisdicciones provinciales de la facultad para delimitar sus zonas periglaciares, un punto que los defensores del ambiente consideran un retroceso en los estándares de preservación. La media sanción obtenida envía ahora el expediente a la Cámara de Diputados para su revisión.
El oficialismo cosechó adhesiones clave de legisladores del bloque Justicialista, entre los que se destacaron las figuras de Sergio Uñac, representante de San Juan, y Lucía Corpacci por Catamarca. A ellos se sumaron los aliados tradicionales de la Unión Cívica Radical y el PRO, además de un arco de fuerzas provinciales. Dentro de este último grupo, resultó determinante el apoyo del bloque Convicción Federal, una bancada que recientemente se desprendió del interbloque peronista y que responde a los mandatarios Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta).
Sin embargo, la postura contraria no se hizo esperar y fue encabezada por la mayoría de la bancada Justicialista. A esta negativa se plegaron los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, así como voces del interbloque Impulso País, representadas por Alejandra Vigo y Edith Terenzi. Esta última, alineada con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, manifestó su rechazo a un proyecto que, según sus críticos, fragmenta la protección ambiental.
Desde la vereda oficialista, la ministra de Seguridad y jefa de la bancada, Patricia Bullrich, salió al cruce de las críticas al defender la iniciativa. En un discurso desafiante, la funcionaria planteó una falsa dicotomía entre desarrollo económico y cuidado del medio ambiente, instando a la oposición a modificar su enfoque de gestión. «A ver si cambian esa matriz de gobiernos que solo pueden ofrecer empleo público por empleo privado», arengó Bullrich, intentando instalar la reforma como una herramienta para la generación de puestos de trabajo genuinos.
Previo a la votación, el senador libertario Bruno Olivera intentó despejar las dudas sobre el contenido de la reforma, asegurando que la misma «no habilita las actividades prohibidas ni vulnera la Constitución Nacional». En su alocución, Olivera apeló a un discurso desarrollista, cuestionando la reticencia a explotar los recursos minerales de la cordillera. «Si Argentina posee la capacidad de extraer cobre, oro, plata y litio, ¿por qué habríamos de privarnos? ¿Por qué negar a las provincias y a todos los argentinos la oportunidad de aprovechar nuestra cordillera, garantizando la preservación de las fuentes de agua, para abastecer al mundo de los minerales que demanda la transición energética?», interpeló el legislador.
Mientras se desarrollaba el debate, la presencia en los palcos del recinto de altos funcionarios nacionales no pasó inadvertida. La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, junto al ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, siguieron de cerca el desarrollo de la sesión, evidenciando el interés del Ejecutivo en la suerte del proyecto.
La respuesta opositora no se hizo esperar y adquirió tonos de denuncia. La senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti calificó la eventual aprobación de la ley como un acto de consecuencias «irreversibles». Con crudeza, advirtió sobre el daño ecológico: «Si hoy habilitamos la explotación en un glaciar, ese ecosistema desaparece para siempre. Son formaciones que tardan milenios en gestarse y ni todo el oro del mundo podría devolvérnoslos». En una línea aún más política, Sagasti lanzó una grave acusación al vincular la reforma con presiones externas, afirmando que «uno de los requisitos para el acuerdo con Estados Unidos es cambiar la Ley de Glaciares».
En la misma sintonía, su compañera de bancada, Ana Marks, justificó su voto negativo haciendo hincapié en la claridad de la normativa vigente, sancionada hace quince años. «Es una ley absolutamente diáfana: prohíbe la actividad minera en el ambiente glaciar y periglaciar», subrayó. Marks criticó con dureza la fragmentación del marco regulatorio que propone la reforma, dejando en manos de cada gobernación «sus propios criterios y desarrollos científicos». A su juicio, esto abre la puerta a que funcionarios «vulneren reglas claras y desvirtúen el establecimiento de presupuestos mínimos que manda la Constitución».
El clima en el recinto se tornó particularmente espeso cuando se abordaron los cambios introducidos al proyecto. El senador justicialista Pablo Bensusán, visiblemente molesto, tomó la palabra para cuestionar la metodología empleada, mostrando un documento que, según denunció, había sido distribuido a los bloques apenas instantes antes de la votación. «¿De qué vamos a deliberar entonces?», estalló el pampeano, «Porque desconocemos cuáles son las modificaciones. Otra vez lo mismo que con la ley laboral. ¿De dónde corno salió esto? ¿Para qué existen las comisiones si nos traen un papel impreso hace cinco minutos?».
La respuesta del senador fueguino de LLA, Agustín Coto, no hizo más que avivar la polémica. Coto admitió que, sobre la base del dictamen original, «vamos a introducir modificaciones que surgieron de conversaciones en la misma comisión», confirmando que el texto que se votaría en particular contenía cambios que los legisladores recién estaban conociendo en ese momento. La situación fue calificada por la oposición como un precedente nefasto que repite las malas prácticas legislativas evidenciadas en debates anteriores, en clara alusión a la fallida sanción de la reforma laboral. Con este escenario de fuertes acusaciones y heridas abiertas, el proyecto iniciará ahora su derrotero en la Cámara baja, donde se anticipa una nueva batalla campal por el futuro de los glaciares.
