El máximo tribunal dispuso reabrir la causa contra el jefe de Gobierno porteño por presunto lavado de activos en la adquisición de un departamento en Estados Unidos durante 2011. Desde el entorno del mandatario confiaron en que volverá a ser sobreseído.
En un pronunciamiento que sacudió la estructura política de la Ciudad de Buenos Aires, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves reimpulsar la investigación sobre Jorge Macri, actual jefe de Gobierno porteño, a quien se le atribuye la presunta comisión del delito de lavado de activos. La decisión del tribunal, firmada por los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto a los conjueces Pablo Candisano Mera y Abel Sánchez Torres, dejó sin efecto el sobreseimiento que había sido confirmado en instancias anteriores y ordenó profundizar el análisis sobre el origen de los fondos utilizados para la compra de un inmueble en la exclusiva zona de Brickell Avenue, en Miami, durante el año 2011.
La resolución del máximo tribunal hizo lugar al reclamo presentado por el Ministerio Público Fiscal, que había cuestionado la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Aquella instancia, según el criterio mayoritario de la Corte, desestimó el recurso del fiscal sin abordar con la profundidad necesaria los planteos vinculados a la supuesta prematuridad del sobreseimiento. Los magistrados consideraron que el tribunal anterior incurrió en «afirmaciones dogmáticas» al momento de rechazar la apelación, omitiendo dar una respuesta adecuada a los agravios esgrimidos por la acusación.
La investigación se centra en una operación inmobiliaria concretada en abril de 2011, cuando Jorge Macri y Florencia De Nardi adquirieron un departamento en el emblemático edificio «Icon», ubicado en el corazón financiero de Miami. El valor total de la transacción ascendió a 402.963 dólares, una suma significativa que fue canalizada a través de la sociedad «Icon Unit 1704 LLC», constituida en Florida apenas unas semanas antes de la compra. Según la documentación presentada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el dinero para concretar la operación habría tenido su origen en dos préstamos: uno otorgado por el Bac Florida Bank por 219.000 dólares, y otro proveniente de la firma uruguaya Fawsley S.A. por los 184.000 dólares restantes.
Desde el entorno del jefe de Gobierno porteño reaccionaron con mesura pero también con firmeza ante la decisión del tribunal. Fuentes cercanas a la jefatura de Gobierno expresaron su respeto por el fallo, aunque remarcaron que la investigación ya había transitado por múltiples instancias judiciales con resultados favorables para Macri. «El jefe de Gobierno ya fue sobreseído y se ha ratificado el fallo en segunda y tercera instancia. Tres instancias lo sobreseyeron luego de que se presenten sobradas pruebas que constatan la inexistencia de delito», señalaron a este medio voceros del gobierno porteño.
Los mismos voceros insistieron en que la evidencia documental presentada a lo largo del proceso resultó contundente para acreditar la legitimidad de los fondos. «Respetamos la decisión de la Corte, pero si para los jueces no alcanzan las pruebas analizadas, el jefe de Gobierno seguirá con la misma disposición. Que la investigación vuelva sobre lo que tenga que volver, el resultado será el mismo: la inexistencia de delito», enfatizaron, mostrando su confianza en que el nuevo curso procesal desembocará en una resolución idéntica a las anteriores.
El fallo de la Corte, sin embargo, no fue unánime. El vicepresidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, manifestó su disidencia al considerar que el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal resultaba inadmisible. En su voto particular, Rosenkrantz sostuvo que no se había logrado demostrar un supuesto de arbitrariedad que justificara la intervención del máximo tribunal en la causa. El magistrado recordó que tanto el juzgado de primera instancia como la Cámara Federal de Apelaciones habían coincidido en señalar que el origen de los fondos utilizados para la compra del departamento se encontraba debidamente acreditado. En ese sentido, subrayó que los jueces intervinientes en aquellas etapas «entendieron que se acreditó que ambos préstamos tienen respaldo documental».
La resolución de la Corte Suprema reabre así un expediente que parecía haber llegado a su fin, y coloca nuevamente en el centro de la escena judicial a uno de los funcionarios más relevantes de la política porteña. La investigación sobre la transacción inmobiliaria en Miami, que permaneció latente durante años, vuelve ahora a la primera plana con la exigencia de una revisión más exhaustiva por parte de la justicia federal. El foco estará puesto nuevamente en los mecanismos financieros utilizados para la adquisición del inmueble, particularmente en el préstamo concedido por la firma uruguaya Fawsley S.A., un aspecto que había despertado sospechas en la fiscalía y que ahora deberá ser examinado con mayor detenimiento.
Mientras tanto, desde el gobierno de la Ciudad aseguran que la trayectoria procesal de la causa demuestra la solidez de la posición de Jorge Macri, y confían en que el nuevo impulso ordenado por la Corte no modificará el resultado final. El tiempo judicial dirá si la decisión del máximo tribunal logra aportar nuevas luces sobre una operación inmobiliaria que, a más de una década de concretada, continúa generando interrogantes y alimentando debates en el ámbito político y judicial argentino.
