Veintitrés legisladores de diferentes espacios políticos presentaron un proyecto que busca otorgar complementos salariales a trabajadores de la educación estatal y destinar fondos no utilizados a la reparación de escuelas técnicas. La iniciativa, encabezada por Nicolás Trotta, apunta a revertir una caída del poder adquisitivo cercana al veinte por ciento en los últimos dos años.
En un contexto de creciente deterioro del poder de compra de los trabajadores de la educación y ante la inminencia de un nuevo ciclo lectivo que se prevé conflictivo, un heterogéneo grupo de diputados nacionales decidió tomar cartas en el asunto. Con la firma de legisladores provenientes de diversas fuerzas políticas y representantes de distintas provincias, se presentó en el Congreso un proyecto de Ley de Fortalecimiento Salarial Educativo. La propuesta no solo apunta a aliviar los bolsillos de docentes, directivos y personal no docente de establecimientos estatales, sino que también contempla una inversión significativa para rehabilitar la infraestructura escolar, con especial énfasis en las escuelas técnicas.
El principal impulsor de esta iniciativa es el diputado de Unión por la Patria, Nicolás Trotta, quien en diálogo con Página/12 destacó el carácter plural de la propuesta. Trotta subrayó que el proyecto trasciende los límites partidarios al reunir a legisladores de distintas provincias y procedencias políticas, lo que, a su juicio, evidencia un consenso amplio sobre el papel que debe desempeñar el Estado Nacional en materia de inversión educativa. Esta confluencia de voluntades, según el exministro, otorga un valor adicional a la iniciativa en un momento en que las políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Javier Milei han impactado de lleno en el sistema educativo.
Un alivio concreto para quienes enseñan en las aulas
El corazón de la propuesta legislativa reside en la creación de complementos salariales destinados a los trabajadores de la educación obligatoria de gestión estatal. De acuerdo con las estimaciones que compartió Trotta, un docente que se desempeñe en dos cargos podría percibir un ingreso adicional superior a los cien mil pesos mensuales. Este monto, que varía según la jurisdicción, representaría un incremento de entre el siete y el diez por ciento del salario actual. La iniciativa incorpora además una perspectiva de equidad territorial y social, ya que contempla una compensación extra para aquellos educadores que desarrollan su tarea en escuelas ubicadas en contextos de vulnerabilidad. En esos casos, el plus podría alcanzar un dieciocho por ciento adicional sobre el haber mensual.
Los fundamentos de la medida se asientan en datos concretos que reflejan la crítica situación del sector. Según estadísticas del INDEC, entre 2023 y 2025 el salario medio de los docentes experimentó una merma cercana al diecinueve por ciento en términos reales. Esta erosión del poder adquisitivo constituye, para los firmantes, la justificación central para declarar la emergencia salarial en la educación obligatoria estatal, tal como establece el primer artículo del proyecto. “Hoy no hay mayor emergencia que garantizar un proceso de inversión educativa prioritaria para que pueda empezar el ciclo lectivo 2026”, enfatizó Trotta, al tiempo que llamó a la unidad de todas las fuerzas políticas en torno a esta causa.
Financiamiento sin nuevos impuestos: la clave de los ATN
Uno de los aspectos más novedosos del proyecto radica en su mecanismo de financiamiento. Lejos de proponer la creación de nuevos tributos, los legisladores opositores plantean reasignar el uno por ciento de los Aportes del Tesoro Nacional, un fondo habitualmente destinado a atender emergencias. La iniciativa pone el foco en los recursos no utilizados durante el ejercicio anterior: cerca de setecientos cuarenta mil quinientos millones de pesos que, al no ser ejecutados, terminaron siendo retenidos por el Estado Nacional. La propuesta busca redirigir esos fondos para recomponer los ingresos del personal educativo y, al mismo tiempo, abordar el grave deterioro de la infraestructura escolar.
En este sentido, el proyecto establece que una parte sustancial de esos recursos se destine a obras de refacción y mantenimiento en establecimientos educativos de todas las provincias. Especial atención merecen los colegios técnicos de gestión estatal, que recibirían el veinticinco por ciento del total asignado a infraestructura. Esta decisión responde al diagnóstico compartido por los diputados sobre el crítico estado de los talleres y laboratorios en estas instituciones, fundamentales para la formación de los estudiantes en oficios y especialidades técnicas.
Voces que respaldan la iniciativa desde la experiencia propia
Entre los firmantes del proyecto se encuentran legisladores que conocen de primera mano la realidad del aula. El diputado de Unión por la Patria, Sebastián Galmarini, quien además se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, compartió su experiencia personal para dimensionar el problema. Galmarini reveló que su salario como profesor universitario ronda los ciento ochenta mil pesos, una cifra que, según sus propias palabras, ni siquiera alcanza para costear el traslado hasta el lugar de trabajo. El legislador consideró que la iniciativa se encuentra bien encaminada y sostuvo que el desafío central consiste en financiar la educación para recuperar calidad y excelencia, advirtiendo sobre los riesgos que enfrentan los jóvenes cuando permanecen fuera del sistema educativo.
Por su parte, el diputado de Provincias Unidas, Esteban Paulón, sumó su respaldo al proyecto y puso el acento en la desigualdad que atraviesa el sector. Paulón recordó que la eliminación del Fondo Nacional del Incentivo Docente, dispuesta por el gobierno nacional en enero de 2024, profundizó las brechas salariales entre trabajadores de distintas provincias. En ese contexto, valoró la iniciativa como una herramienta para recuperar una política pública que equilibre los ingresos más allá del lugar de residencia de cada docente. El legislador destacó además que la propuesta exige a las provincias sostener un compromiso presupuestario con la educación obligatoria, utilizando recursos que actualmente son cedidos a la Nación y que, en muchos casos, no regresan a los territorios.
Un horizonte marcado por la necesidad de debatir la inversión educativa
Los impulsores del proyecto advierten que la crisis educativa actual no es un fenómeno aislado, sino que responde a un proceso de desfinanciamiento sistemático. Trotta recordó que durante la gestión de Mauricio Macri la inversión educativa del Estado Nacional cayó un treinta y tres por ciento, y señaló que en la actual administración libertaria se está repitiendo el mismo patrón. Según el diputado, diecinueve de las veinticuatro provincias argentinas registran una pérdida en la capacidad de compra del salario docente, un efecto que se replica cuando el Estado Nacional se retrae y arrastra consigo la inversión provincial.
En este escenario, el proyecto de Ley de Fortalecimiento Salarial Educativo aspira a instalar en la agenda pública la discusión sobre el rol del Estado en materia educativa. Los legisladores opositores buscan llevar el debate al recinto del Congreso Nacional con la convicción de que la educación constituye una herramienta fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades en todo el país. La iniciativa, que ya cuenta con el respaldo de un arco plural de fuerzas políticas, se presenta como una respuesta concreta a la emergencia que enfrentan miles de trabajadores de la educación y millones de estudiantes que esperan condiciones dignas para aprender.
