Tras más de dos décadas de negociaciones, la Cámara alta argentina convalidó el polémico tratado comercial con el bloque europeo. Especialistas advierten que el pacto podría consolidar un modelo primario-exportador y exponer a la industria nacional a una competencia desigual, mientras Europa mantiene sus barreras ambientales y sanitarias como mecanismos de protección.
En una jornada de trascendencia para la política exterior argentina, el Senado de la Nación estampó su aprobación definitiva al acuerdo comercial suscripto entre la Unión Europea y los países del Mercosur, rubricando así un proceso de negociación que demandó nada menos que veintiséis años de deliberaciones. La decisión parlamentaria, sin embargo, llega envuelta en un clima de escepticismo entre quienes analizan las potenciales consecuencias económicas que este entendimiento podría traer aparejadas para el entramado productivo local.
Lejos del entusiasmo que suelen despertar este tipo de iniciativas de integración comercial, las voces autorizadas consultadas por este medio coinciden en trazar un panorama cuando menos inquietante respecto del verdadero alcance de los beneficios que reportará esta alianza transatlántica. El diagnóstico compartido sugiere que el tratado, más que una oportunidad de desarrollo equilibrado, podría terminar por cristalizar una matriz económica que históricamente ha colocado a la Argentina en el rol de proveedora de materias primas.
Europa, en efecto, ha sabido resguardar su mercado mediante la implementación de barreras de tipo para-arancelario que afectan principalmente a los productos del sector agropecuario, justamente aquellos en los que la producción nacional exhibe mayores ventajas comparativas. Estas restricciones, que no implican aranceles en sentido estricto sino exigencias técnicas, ambientales y sanitarias de diversa índole, constituyen un filtro de considerable permeabilidad que los exportadores locales deberán sortear si pretenden acceder al exigente mercado comunitario.
Paradójicamente, mientras los productos provenientes del campo argentino enfrentarán estas trabas cualitativas, la apertura comercial funcionará en sentido inverso de manera mucho más contundente: las importaciones originarias de Europa ingresarán al Mercosur con una desgravación arancelaria que será total en el transcurso de unos pocos años, exponiendo a la industria nacional a una competencia para la cual, en numerosos rubros, no se encuentra debidamente preparada.
Otro aspecto que merece detenida reflexión es la naturaleza misma del bloque con el cual se establece este vínculo preferencial. La Unión Europea no constituye precisamente una economía en fase de expansión demográfica o de crecimiento vigoroso, a diferencia de otras regiones como el sudeste asiático o países como India, que por su dinámica poblacional y su pujanza económica podrían ofrecer destinos más promisorios para potenciar el intercambio comercial. Este dato no resulta menor cuando se evalúa la conveniencia de atar el destino exportador nacional a un mercado que muestra signos de madurez y escaso dinamismo.
Anahí Rampinini, investigadora del Departamento de Economía perteneciente al Centro Cultural de la Cooperación, ofrece un análisis pormenorizado de los verdaderos alcances del acuerdo, despojándolo de la retórica triunfalista que suele acompañar estas iniciativas. Según explica la especialista, lo efectivamente obtenido por la Argentina se reduce a una ampliación de cuotas de exportación, sin que ello implique una liberalización sustancial del intercambio. Y esas mismas cuotas, advierte, se encuentran sujetas a la aplicación de medidas de salvaguardia, aspecto que constituye el punto más espinoso de todo el entramado contractual.
Para que nuestro país pueda eludir la activación de estos mecanismos protectores del mercado europeo, deberá acreditar el cumplimiento de una serie de requisitos ambientales de creciente exigencia. Entre ellos, Rampinini menciona la obligación de certificar que los ganados cuyas carnes se exporten no hayan pastoreado en terrenos que hubieran sufrido procesos de deforestación, así como el pago compensatorio por las emisiones de carbono generadas en frontera y, eventualmente, también por aquellas provenientes del transporte marítimo utilizado para movilizar las mercancías.
El capítulo fitosanitario agrega complejidades adicionales al ya enmarañado panorama. La utilización de determinados agroquímicos cuyo empleo se encuentra prohibido en territorio europeo, pero que forman parte habitual de las prácticas productivas locales -particularmente en el cultivo de soja-, amenaza con comprometer seriamente las ventas de este commodity estratégico. La divergencia regulatoria entre ambas regiones plantea así un escenario de incertidumbre respecto de qué porción de la producción podrá efectivamente cumplir con todas las certificaciones exigidas.
«Existe bastante incertidumbre sobre lo que se podrá exportar cumpliendo con todas estas certificaciones», enfatiza la investigadora, poniendo de relieve la asimetría estructural que caracteriza a este entendimiento comercial. Mientras los productores europeos accederán al mercado sudamericano con sus manufacturas y bienes industriales sin mayores obstáculos arancelarios, los exportadores locales deberán sortear un laberinto de exigencias técnicas y ambientales que operan como una aduana invisible, pero no por ello menos efectiva.
La ratificación senatorial de este acuerdo, consumada en medio de un debate parlamentario de escasa visibilidad pública, plantea interrogantes de hondo calado acerca del modelo de inserción internacional que la dirigencia política visualiza para el país. Lejos de diversificar la estructura productiva o fomentar el agregado de valor en origen, el tratado parece orientado a profundizar el perfil primario-exportador que históricamente ha caracterizado a la economía argentina, con los conocidos límites que ello impone para un desarrollo integral y sustentable.
Mientras las organizaciones de la sociedad civil y los sectores industriales más vulnerables a la competencia externa observan con preocupación el horizonte que se avecina, desde el oficialismo se insiste en las bondades del acuerdo y en las oportunidades que brindará para colocar productos argentinos en uno de los mercados más sofisticados del planeta. El tiempo, como suele ocurrir en estos casos, se encargará de poner cada cosa en su lugar y de mostrar si el optimismo oficial tenía asidero en la realidad o si, por el contrario, las advertencias de los analistas resultaban más ajustadas a lo que finalmente ocurrirá.
