Bajo un sol inclemente que cocina la bronca popular, el debate en el Senado se convirtió en un macabro trámite de escribanía mientras afuera, la militancia y los trabajadores despedidos ofrendaban su sudor y su furia contra el blindaje represivo. La ley avanza, pero el fantasma del 2001 sobrevuela las avenidas convertidas en corralitos de infantería.
El mediodía porteño castiga con una sensación térmica que roza los treinta grados, pero el calor que se respira en las inmediaciones de la Plaza Congreso no es meteorológico; es una combustión lenta de la dignidad herida. El aire, denso y pesado, no circula: se mastica con un sabor amargo a traición consumada. En el corazón de Balvanera, el Parlamento ha mudado su fisonomía para convertirse en un búnker inexpugnable. Las avenidas principales permanecen mutiladas por cortes estratégicos, los comercios lucen sus frentes tapiados con persianas de acero y el despliegue uniformado —una mixtura de la Policía Federal, la Gendarmería y los efectivos de la Ciudad— transforma el paisaje urbano en un enorme corralito de infantería. Es la puesta en escena del protocolo antiprotesta en su máxima expresión: disuasión, blindaje y amenaza latente.
Mientras en el exterior el mercurio hierve y los manifestantes desafían las vallas caldeadas, en el interior del recinto de la Cámara Alta no se desarrolla un debate parlamentario en sentido estricto. Lo que ocurre entre sus muros refrigerados se asemeja más a la certificación de un acta de defunción laboral. La sesión funciona como la ventanilla de liquidación de un centenario de conquistas y luchas obreras. Los senadores, cual escribanos de un régimen en desguace, ya han adquirido metafóricamente el féretro, pero los verdaderos mártires de esta historia —los trabajadores, los jubilados, los despedidos— se niegan a ocupar el lugar de víctimas pasivas y resisten a pie firme en la vereda de enfrente.
La épica de la “Plaza de los Abandonados”
Afuera, la mística que envuelve la plaza es huérfana pero terriblemente rabiosa. Si durante la semana el ambiente olía a pólvora y amenaza, esta jornada transpira el incienso espeso de un velorio anticipado. Sin embargo, el vacío dejado por las cúpulas sindicales que han optado por mudar su battlefield al mármol frío de Tribunales —donde pretenden dirimir con expedientes lo que no supieron defender con banderas— es llenado a pulmón por el sudor de los de abajo. La bronca, lejos de aplacarse, crece desde el pie y se ramifica en cada esquina del país.
Esta misma mañana, en la traza de la Panamericana a la altura del norte del Conurbano, los trabajadores despedidos de las emblemáticas Fate y Georgalos protagonizaron escaramuzas con la Gendarmería. Simultáneamente, en el frígido microcentro porteño, los agentes de la Policía de la Ciudad ensayaron su habitual cacería ambulante, haciendo uso de gas pimienta y bastones extensibles para dispersar a los colectivos de movimientos sociales. Una vez más, el panic show se repite como rutina estatal.
Pegada a las vallas que la separan del palacio, Leila, una militante del MST curtida en decenas de jornadas de hostigamiento policial, pide un cigarrillo mientras calcula el momento exacto en que los hidrantes comenzarán a funcionar. A pocos metros, Santiago, un trabajador no docente universitario que llegó caminando desde su facultad, repite como un mantra la consigna que retumba como un trueno persistente: «Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode». Son ellos, la infantería del pueblo, los que plantan cara al protocolo del miedo.
El obsceno contraste y la lógica del desguace
La distancia entre el forcejeo callejero y la climatizada quietud del hemiciclo es obscenamente abismal. Adentro, el aire acondicionado no solo regula la temperatura, sino que amortigua cualquier atisbo de conflicto, suavizando el rito burocrático donde se tasan derechos laborales con el mismo cinismo de quien remata las joyas familiares para sufragar una fiesta ajena. El régimen ultraliberal ejecuta su lógica de desguace con precisión milimétrica: por un lado, se impulsa el proyecto para bajar la edad de imputabilidad con el fin de castigar a los jóvenes pobres; por el otro, se aprueba una reforma que flexibiliza las jornadas para convertir a los adultos en mano de obra cautiva y precarizada. Todo marcha según el libreto: cárceles para los hijos y cadenas laborales para los padres.
Cerca de las rejas que delimitan el perímetro de seguridad, un cartel de la CGT yace carbonizado, ardiendo como símbolo inequívoco de una tregua rota entre la dirigencia y las bases. La “fe judicial” depositada por la central obrera para frenar el avance de la norma choca estrepitosamente contra los cuerpos de obreros fabriles, jubilados que exigen lo que les pertenece, docentes con sus tizas en alto y estudiantes que se quedan hasta el final para poner el pecho.
El eco de un grito que no cesa
Ya entrada la tarde, cuando la claridad comienza a ceder y la infamia legislativa obtiene su sanción casi definitiva, un grito de memoria colectiva retumba en el mármol sordo del edificio legislativo: «¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!». El eco del 2001 flota en el aire caliente, mezclándose con el rugido de los camones hidrantes que aguardan la orden de carga.
Solo un puñado de laburantes persiste en la protesta, desafiando el cansancio y la derrota parlamentaria. Entre ellos, un cartel escrito a mano sostiene una pregunta incómoda que nadie dentro del recito se atreve siquiera a mirar: «Si la ley es tan buena, ¿por qué necesitan tantas armas para sacarla?». La pregunta queda flotando, huérfana de respuesta, mientras la noche empieza a cubrir la ciudad y la bronca, lejos de extinguirse, se repliega para rearmarse en el llano.
