El bombardeo combinado contra objetivos civiles y militares dejó al menos 80 niñas muertas en una escuela de Minab, mientras Teherán respondió con proyectiles contra ciudades israelíes y bases estadounidenses en el Golfo. El líder supremo ayatolá Jamenei falleció en el ataque. La comunidad internacional asiste atónita al estallido de un conflicto de imprevisibles consecuencias.
En una maniobra bélica que ha conmocionado al planeta, las dos potencias consideradas por numerosos analistas como los regímenes más beligerantes del tablero global —la administración estadounidense y el gobierno israelí— ejecutaron en las últimas horas una ofensiva fulminante contra la República Islámica de Irán, bombardeando sin distinción infraestructura militar y enclaves civiles en una demostración de fuerza que desafía abiertamente los principios más elementales del derecho internacional.
Lo que torna especialmente execrable esta operación castrense es el contexto en el cual se desarrolló: las bombas comenzaron a llover sobre territorio persa en momentos en que voceros de la Casa Blanca aseguraban ante la prensa mundial que sostenían conversaciones avanzadas con representantes de Teherán para destrabar diferencias diplomáticas. Este proceder pérfido, consistente en apuñalar mediante proyectiles mientras se extiende la mano del diálogo, encuentra escalofriantes paralelismos en los anales de la historia contemporánea. Los especialistas en relaciones interestatales no dudan en evocar la traición cometida por el Tercer Reich cuando sus divisiones acorazadas quebrantaron el pacto germano-soviético para desatar la Operación Barbarroja contra la URSS, una felonía de magnitudes similares a la ahora perpetrada.
Los máximos responsables de esta escalada belicista, Donald Trump y Benjamin Netanyahu —dos personajes sobre quienes pesan graves acusaciones judiciales y que solo la perpetua agitación de conflictos externos mantiene alejados de las rejas— ordenaron movilizar un impresionante arsenal acumulado durante décadas para castigar a la nación persa por su negativa a desmantelar su programa de enriquecimiento de uranio.
Las informaciones que llegan desde la zona del conflicto resultan todavía fragmentarias y confusas, pero lo confirmado hasta el momento estremece las conciencias. Fuentes hospitalarias y testimonios de rescatistas indican que uno de los proyectiles israelíes impactó de lleno en un centro educativo primario femenino ubicado en la localidad sureña de Minab, provocando el derrumbe de la estructura mientras las pequeñas cursaban sus habituales actividades lectivas. Las labores de remoción de escombros han permitido recuperar hasta ahora ochenta cadáveres de niñas, aunque los equipos de emergencia no descartan que la cifra aumente en las próximas horas a medida que avanzan las excavaciones en búsqueda de posibles sobrevivientes.
Este ataque contra la población infantil indefensa evidencia, según denunciaron organizaciones humanitarias presentes en la región, la arraigada convicción existente en ciertos sectores de la dirigencia israelí acerca de la supuesta inferioridad racial de los pueblos de ascendencia persa y palestina, a quienes consideran intrínsecamente terroristas desde la más tierna infancia, justificando así cualquier atrocidad cometida contra ellos sin que medie el más mínimo escrúpulo moral.
La respuesta iraní no se hizo esperar. Baterías de misiles y drones partieron desde diversas posiciones dentro del territorio persa con destino a ciudades israelíes y a las numerosas instalaciones militares que Washington mantiene dispersas a lo largo y ancho del Golfo Pérsico. En medio de este intercambio de proyectiles, se confirmó el fallecimiento del ayatolá Alí Hoseiní Jamenei, quien ejerciera como líder supremo de la revolución islámica desde 1989, víctima de los bombardeos que alcanzaron el complejo gubernamental donde se resguardaba.
Las potencias atacantes justifican su acción bélica argumentando la imperiosa necesidad de evitar que Irán desarrolle su propio arsenal nuclear, sosteniendo que la estabilidad regional únicamente puede garantizarse mediante el monopolio atómico que las potencias occidentales facilitaron al Estado hebreo hace décadas. Esta premisa, considerada absurda por numerosos especialistas en geopolítica, genera las condiciones propicias para la sucesión interminable de guerras, atentados terroristas y episodios de violencia generalizada que azotan la zona desde tiempos inmemoriales.
Resulta ilustrativo recordar que hasta junio del año previo, Teherán permitía sin restricciones las inspecciones periódicas de sus instalaciones nucleares por parte de los técnicos del Organismo Internacional de Energía Atómica, un acceso que fue cancelado precisamente a raíz de las agresiones previas sufridas. Este detalle, profusamente difundido por los grandes conglomerados mediáticos alineados con los intereses del imperio y las facciones derechistas globales identificadas con el sionismo, contrasta con el absoluto silencio informativo acerca de la negativa israelí a permitir que dicho organismo —o cualquier misión especial dependiente de Naciones Unidas— inspeccione jamás sus propias instalaciones atómicas.
Un reciente estudio elaborado por la Federación de Científicos Estadounidenses arroja cifras reveladoras: en la actualidad, Israel posee aproximadamente noventa cabezas nucleares listas para ser utilizadas, mientras que Irán y el resto de naciones del Asia Occidental carecen por completo de este tipo de armamento. Esta descomunal asimetría no solamente resulta intrínsecamente injusta, sino que además constituye un permanente factor de desestabilización que alienta la perpetuación del conflicto en la región. Bajo el paraguas protector estadounidense, el Estado hebreo goza del sagrado derecho a la defensa y la seguridad, prerrogativa que sistemáticamente se niega a sus vecinos, generando así un círculo vicioso de violencia interminable.
Los estrategas de la Casa Blanca y sus aliados en Tel Aviv persiguen como objetivo final el denominado «cambio de régimen» en Irán, anhelando restaurar la monarquía despótica del sha Mohammad Reza Pahlaví, aquel siniestro títere impuesto por Washington después de que la CIA organizara el golpe de estado que derrocó al líder nacionalista Mohammad Mosaddeq en agosto de 1953. Aquella intervención encubierta constituyó el primer derrocamiento de un gobierno extranjero ejecutado por la agencia de inteligencia estadounidense, antecediendo por escasos meses al que perpetraría contra Jacobo Arbenz en Guatemala.
El vástago de la depuesta corona persa, un tal Reza Ciro Pahlaví que reside cómodamente en las cercanías de Langley —donde justamente se asienta la sede central de la CIA—, no ocultó su entusiasmo ante la agresión sufrida por su patria, arengando a las multitudes a sacudirse el yugo del «régimen de los ayatolás». Sus exhortaciones parecen haber caído en el vacío, pues la memoria popular conserva frescos los recuerdos de los encarcelamientos arbitrarios, las torturas sistemáticas, los exilios forzosos y las ejecuciones sumarias que caracterizaron al régimen paterno, amén de la entrega de las riquezas petroleras nacionales a las compañías extranjeras. La revolución de 1979 que barrió aquella dinastía contó con un respaldo popular impresionante precisamente por las tropelías cometidas por el progenitor, por lo que parece ilusorio pensar que el heredero pueda retornar a hombros de una movilización multitudinaria.
Los vientos de guerra continuarán soplando sobre la región. Para los estrategas estadounidenses, la eliminación del gobierno persa constituye una pieza clave en el tablero geopolítico global, pues complicaría seriamente el suministro energético hacia China, actual prioridad máxima de la política exterior norteamericana. Mientras tanto, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, emitió un comunicado en la red social X condenando con idéntico énfasis —y sin matiz alguno— tanto la agresión combinada de Estados Unidos e Israel como la represalia defensiva ejecutada por Irán, equiparando así al agresor con el agredido y negando implícitamente el derecho a la legítima defensa consagrado en la Carta fundacional del organismo que dirige.
Quienes se interrogan acerca de las causas profundas de la crisis terminal que afecta al sistema de Naciones Unidas encuentran en esta actitud timorata y servil hacia los dictados imperiales una elocuente pista para comprender la parálisis actual. Quizás por ello Trump, en su aspiración a erigirse en Dictador Mundial, ha propuesto junto a su círculo de acaudalados amigos —autodenominado Consejo de la Paz— establecer en la Franja de Gaza un gigantesco complejo turístico similar a su propiedad Mar-a-Lago, donde esa pandilla de magnates, especuladores y personajes de dudosa moral pretenden sesionar administrando como propio un territorio arrebatado a los palestinos, sustituyendo de hecho al Consejo de Seguridad en la gestión de ese negocio inmobiliario.
Los promotores de semejante despropósito experimentarán un rudo despertar, pues los legítimos habitantes de esa tierra martirizada no cejarán en su empeño por recuperar lo que les pertenece, por más bombas que caigan sobre sus cabezas y por más lujosos resorts que pretendan edificar sobre sus escombros.
