A días del inicio del ciclo lectivo 2026, las autoridades advierten que la negativa a aplicar la ley de financiamiento sancionada por el Congreso degrada los salarios un 37% y hunde los recursos a valores de hace dos décadas, poniendo en jaque el funcionamiento de la educación superior pública.
A pocas jornadas del comienzo del ciclo académico 2026, el sistema público de educación superior argentino se asoma a un horizonte particularmente sombrío. La gestión de Javier Milei mantiene su hermetismo respecto a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una iniciativa que obtuvo sanción definitiva en el Parlamento y que busca recomponer las erosionadas arcas del sector. La consecuencia directa de esta omisión es una nueva y profunda contracción de los recursos, proyectando un presupuesto que se ubicaría un 40% por debajo del nivel real de 2023. Este escenario no solo profundiza el ajuste aplicado desde el inicio de la administración libertaria, sino que implica un retroceso de casi veinte años, equiparando las partidas a las registradas en el bienio 2006-2007.
La magnitud del recorte previsto carece de antecedentes cercanos y encuentra su principal explicación en el deterioro del poder adquisitivo de docentes y personal nodocente, cuyo sacrificio salarial concentra más del 86% del ajuste total ejecutado. Frente a esta realidad, las voces del Consejo Interuniversitario Nacional se alzaron una vez más para exigir el cumplimiento inmediato de la normativa vigente, al tiempo que manifestaron su rotundo rechazo al proyecto alternativo impulsado por el oficialismo, que pretende modificar la ley sancionada. Las máximas autoridades académicas subrayan que el debate trasciende lo meramente numérico, ya que lo que está en juego es la posibilidad de garantizar las condiciones más elementales para el desenvolvimiento de las tareas de formación y de investigación científica a lo largo y ancho del territorio nacional.
La distancia que separa la plena ejecución de la ley actual de la propuesta gubernamental es abismal. Mientras que la norma aprobada por el Congreso posibilitaría recuperar los ingresos del personal a los niveles de finales de 2023, la iniciativa del Poder Ejecutivo, tal como está planteada, no solo consolida la merma acumulada durante la gestión, sino que plantea un mecanismo de ajuste que difícilmente pueda sostener el ya vapuleado salario frente a la inflación que los especialistas proyectan para el año en curso.
Financiamiento: dos décadas de retroceso en un presupuesto en caída libre
El flujo de fondos destinado a las casas de altos estudios continúa su espiral descendente en el marco de la drástica corrección fiscal que lleva adelante el oficialismo. En un intento por contrarrestar esta tendencia, el Congreso Nacional dio media sanción primero y luego ratificó su postura —superando el veto presidencial— a la Ley N° 27.795. Dicha normativa tenía como objetivo central recomponer tanto el presupuesto general de funcionamiento como los salarios del sector, duramente golpeados.
No obstante, el gobierno de Javier Milei lleva más de cuatro meses haciendo caso omiso a este mandato legislativo, desoyendo incluso una medida cautelar que a fines del año pasado ordenaba su cumplimiento. Como contrapartida, la Casa Rosada presentó un nuevo proyecto que reformula por completo la ley en cuestión. El texto impulsado por el Ejecutivo, en líneas generales, ignora la necesidad de compensar las pérdidas salariales correspondientes al período 2023-2024, no asegura que las actualizaciones futuras emparden el ritmo inflacionario y deja de lado la recomposición integral de los gastos necesarios para el día a día de las instituciones.
De mantenerse esta postura, las proyecciones para el sistema universitario resultan alarmantes. Según un estudio del Centro de Investigación de Economía Nacional, el presupuesto universitario para 2026 será un 39% inferior al de 2023, una vez descontado el efecto de la suba generalizada de precios. De esta manera, se consolidaría el ajuste implementado en estos dos años de gestión libertaria, retrotrayendo los recursos a valores que no se observaban desde hacía dos décadas. Tras una merma real del 25% en 2024 y de un 5,2% adicional en 2025, las previsiones para el ejercicio actual distan de ser alentadoras. Si se utiliza como referencia la inflación contemplada en el fallido proyecto de Ley de Presupuesto 2026, la caída respecto a 2023 sería del 32%. Pero si el cálculo se realiza con las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado que elabora el Banco Central, el derrumbe se profundiza hasta el 39%.
En cualquiera de los casos, el dinero asignado resulta insuficiente para reparar el poder de compra de los trabajadores y mucho menos para revertir las pérdidas acumuladas. «El presupuesto se retrotrae a niveles equivalentes a los de 2006-2007, consolidando así un retroceso de casi dos décadas», sentencia el informe del CIEN. Para cumplir con los preceptos de la ley vigente, el gobierno debería inyectar unos 3,1 billones de pesos adicionales destinados a salarios, gastos de funcionamiento, hospitales universitarios y becas Progresar, un monto que representa poco más del 2% del Presupuesto total aprobado para 2026.
El salario, en el centro de la tormenta
El principal impacto de esta política de ajuste se siente en los bolsillos de los trabajadores de la educación. Los expertos alertan que el salario docente universitario cerró diciembre de 2025 con una pérdida del 31% en comparación con noviembre de 2023. Si se confirman las previsiones inflacionarias del REM, ese deterioro podría agravarse en aproximadamente seis puntos porcentuales adicionales, consolidando una reducción cercana al 37% frente al nivel previo al cambio de gobierno.
La diferencia presupuestaria entre las dos posturas en pugna es elocuente. Mientras la ley aprobada por el Congreso obligaría a añadir más de 2,7 billones de pesos a las partidas salariales (un incremento del 63,7%) sobre el Presupuesto 2026, el proyecto oficial reduce drásticamente esa suma a apenas 187.744 millones de pesos, lo que representa un magro 4,3% de aumento. Esta brecha de 2,5 billones de pesos es, lisa y llanamente, el dinero que dejarían de percibir los trabajadores de la universidad pública si prospera la iniciativa gubernamental.
Un ejemplo concreto permite dimensionar la tragedia salarial: la remuneración bruta de un profesor adjunto con dedicación simple y sin antigüedad, a valores de diciembre de 2025, era de aproximadamente $663.000 en noviembre de 2015. Para el final de la gestión anterior, en 2019, ya había sufrido una baja del 28,4%. Aunque mostró una leve recuperación hacia fines de 2023, el salario real se ubicaba aún por debajo de los niveles de 2015. Hoy, en diciembre de 2025, ese mismo docente percibe unos $334.000, lo que implica una caída cercana al 50% respecto de hace una década.
El ajuste se ensaña con la extensión y las becas
Más allá de los ingresos del personal, otras áreas vitales para el sistema también sufrieron mutilaciones presupuestarias de relevancia. Programas destinados a la promoción de carreras estratégicas experimentaron una baja del 31%, mientras que la asistencia financiera para el funcionamiento cotidiano de las universidades se contrajo un 22,7%. El área de ciencia y técnica vio reducidos sus fondos en un 15,8%, y la extensión universitaria, uno de los brazos fundamentales para la vinculación con la comunidad, sufrió un recorte casi total del 97,8%. Si bien estas partidas representan porciones menores del presupuesto total, su disminución incide directamente en la capacidad operativa de las instituciones y cercena su proyección social y territorial. Paralelamente, el programa de becas Progresar redujo en un 62,4% la cantidad de jóvenes alcanzados y el estipendio que reciben perdió casi la mitad de su valor adquisitivo.
El análisis de los especialistas del CIEN es contundente: el ajuste sobre el sistema universitario no solo no se detuvo durante 2025, sino que se intensificó, incluso después de que el Poder Legislativo aprobara y reafirmara una ley específica para remediarlo. Se trata, según su mirada, de un recorte sin parangón en la historia reciente del país, que compromete gravemente el normal desarrollo de las actividades académicas en todas las universidades nacionales en un ciclo lectivo que está por comenzar.
