Mientras el Gobierno ponía palos en la rueda, una gestión silenciosa y paralela logró lo imposible: traer de vuelta al gendarme secuestrado en Venezuela. Ahora, desde la Casa Rosada exigen explicaciones a quienes sí movieron cielo y tierra para salvar una vida.
La madrugada del jueves último, cuando el avión fletado por la Asociación del Fútbol Argentino tocó pista en Ezeiza con Nahuel Gallo a bordo, en la Casa Rosada encendieron todas las alarmas. No por la liberación en sí misma —que debería haber sido motivo de celebración institucional— sino por algo mucho más inquietante para el oficialismo: ellos no habían sido parte del operativo. Peor aún: habían hecho todo lo posible para que ese desenlace jamás ocurriera.
Lo que sigue es la crónica de una negociación secreta que duró casi tres meses, donde el canal diplomático tradicional brilló por su ausencia y donde el gobierno argentino, lejos de allanar el camino, habría sembrado de obstáculos la posibilidad de repatriar con vida al gendarme secuestrado en territorio venezolano.
Los hilos invisibles de la negociación
Todo comenzó en enero, cuando Delcy Rodríguez, la poderosa vicepresidenta de Venezuela, quedó al frente del Ejecutivo tras una licencia de Nicolás Maduro. En ese preciso momento, al menos dos canales paralelos se activaron desde Buenos Aires con un único objetivo: conseguir la libertad de Gallo.
Por un lado, el exembajador argentino en Caracas, Oscar Laborde, un dirigente con décadas de vínculos con el chavismo histórico, activó sus contactos directos con Delcy. Por el otro, un matrimonio con conexiones insospechadas comenzó a mover piezas clave: el abogado Franco Bindi, quien fuera letrado de PDVSA durante años de estrecha relación comercial entre ambos países, y su esposa, la diputada Marcela Pagano. La legisladora, que mantiene un diálogo fluido con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana y hermano de Delcy, se convirtió en un puente invaluable en momentos donde la Cancillería argentina parecía mirar para otro lado.
Durante la primera semana de enero, desde Caracas transmitieron una señal clara: estaban dispuestos a liberar al gendarme, pero no podían simplemente soltarlo en una esquina de la capital venezolana. Necesitaban garantías, necesitaban que alguien viajara a buscarlo. La solución más lógica era que un familiar viajara a buscarlo. Y ese familiar tenía nombre: Kevin Gallo, el hermano menor de Nahuel.
La advertencia que sembró el miedo
Kevin estaba dispuesto. Había hecho las valijas emocionales y materiales para viajar a Caracas cuando, según fuentes con acceso directo a las conversaciones, recibió una advertencia que le heló la sangre. Desde el gobierno argentino —y con la coincidente mirada de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires— le habrían sugerido con insistencia que desistiera del viaje. El argumento: corría riesgo de ser secuestrado también. Que podía terminar en la misma celda que su hermano o en un lugar aún peor.
Kevin no viajó. Y las gestiones entraron en un congelador del que parecía imposible sacarlas. Hasta que apareció un nombre inesperado: Jorge Giménez Ochoa, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, ahijado de Delcy Rodríguez y hombre de fluida relación con Claudio «Chiqui» Tapia, titular de la AFA.
El vínculo futbolístico terminó siendo la llave maestra. Giménez Ochoa intercedió directamente ante Delcy, y desde la vicepresidencia venezolana dieron el visto bueno final. La AFA, sin dudarlo, puso a disposición uno de sus aviones. La operación se activó en absoluto secreto. Tanto que ni Cancillería ni el Ministerio de Seguridad estaban al tanto.
El papelón institucional y la foto que ardía
El primer aviso que recibió el gobierno argentino sobre la liberación de Gallo no llegó por vía diplomática ni por un llamado desde Caracas. Llegó a través de un comunicado de prensa emitido por la AFA. Los ministros se enteraron por los periodistas. El papelón era mayúsculo.
Sin embargo, cuando el avión aterrizó en Ezeiza a la madrugada, la escena que se vio fue desoladora para cualquier observador atento: los funcionarios de Seguridad y de Cancillería se atropellaron literalmente para aparecer en cámara, para abrazar a Gallo, para posar junto al héroe rescatado. Quienes no habían movido un dedo durante tres meses de cautiverio ahora disputaban centímetros en el encuadre fotográfico.
Hubo una excepción notable: Chiqui Tapia, el verdadero artífice del operativo junto a los gestores iniciales, decidió no viajar a Ezeiza. No quiso estar en la foto. Un gesto de altura que contrastó con la desesperación oficial por capitalizar un éxito ajeno.
La amenaza que cayó como un baldazo
Cuando la euforia mediática comenzó a amainar, desde el gobierno lanzaron una advertencia que dejó perplejos a propios y extraños. El vocero presidencial, Manuel Adorni, salió a plantar una pregunta incómoda: «Los involucrados deberán explicar cómo fue la relación con el chavismo». La traducción política era clara: Laborde, Pagano y Bindi, los verdaderos rescatistas, quedaban ahora bajo sospecha. Habían logrado lo que el Estado no pudo, pero al hacerlo, exhibieron las conexiones que el oficialismo preferiría mantener en las sombras.
La respuesta no tardó en llegar, aunque llegó desde un lugar inesperado. La AFA, a través de un comunicado oficial, salió al cruce de las versiones que mencionaban una posible denuncia penal contra los gestores de la liberación: «Denunciar a quienes rescataron a un argentino es un acto de una gravedad institucional inusitada». El mensaje, medido pero contundente, dejaba al descubierto la paradoja: el gobierno amenaza a quienes salvaron una vida mientras ellos, durante tres meses, apenas si esbozaron comunicados de condena que nunca llegaron a ningún lado.
Lo que la liberación dejó al descubierto
Detrás de la felicidad por el regreso de Nahuel Gallo, esta historia deja al menos tres certezas incómodas para el poder de turno. Primero, que cuando la diplomacia oficial falla o directamente no actúa, siempre hay ciudadanos dispuestos a ocupar ese vacío. Segundo, que el gobierno argentino tuvo información de primera mano sobre la posibilidad de liberación desde enero y, lejos de facilitarla, contribuyó a frustrar el viaje del hermano que podría haber acelerado todo. Tercero, que la relación con Venezuela —ese tabú que el PRO prometió desactivar pero que mantiene intacto— sigue siendo un territorio pantanoso donde conviven denuncias públicas con gestiones paralelas.
Mientras Gallo intenta reconstruir su vida después de meses de encierro en la cárcel de Rodeo 1, en Buenos Aires las aguas políticas siguen revueltas. Los verdaderos artífices de su libertad esperan, con paciencia y algo de resignación, que la justicia no termine convirtiendo un rescate heroico en una causa judicial. Porque en la Argentina de hoy, salvar a un compatriota puede ser, paradójicamente, un delito. O al menos, una molestia para quienes preferirían que ciertos canales con el chavismo permanezcan bajo siete llaves.
