Los documentos encontrados en el teléfono de Mauricio Novelli confirman la existencia de un acuerdo confidencial que el mandatario habría suscripto con el fundador de Kelsier Ventures para recibir asesoramiento en materia de criptomonedas, blockchain e inteligencia artificial. Mientras el jefe de Estado insiste en que sólo realizó una publicación en redes sociales, la evidencia pericial complica su situación procesal y expone los vínculos privados que rodearon el fallido lanzamiento de la divisa digital.
En el marco de la investigación penal que sacude los cimientos de la gestión libertaria, un informe técnico de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, dependiente del Ministerio Público Fiscal, ha puesto al descubierto elementos de suma gravedad. Los peritos lograron recuperar versiones preliminares del polémico convenio que Javier Milei habría firmado con el empresario estadounidense Hayden Davis en los días previos al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA. El material fue hallado en uno de los dispositivos electrónicos pertenecientes a Mauricio Novelli, un estrecho colaborador del mandatario con quien mantiene una relación de larga data y quien ofició como nexo clave en la organización del evento que terminó en un verdadero desastre financiero para más de cuarenta mil inversores.
El hallazgo adquiere una dimensión particular si se considera que el propio Milei negó sistemáticamente haber suscripto documento alguno con Davis. Sin embargo, el contenido de los borradores revela que el acuerdo estaba redactado en primera persona y en idioma español, con un detalle que no hace más que sumar interrogantes: el asesoramiento ofrecido por Davis sería completamente gratuito, con una cláusula en la que el empresario renunciaba explícitamente a cualquier tipo de retribución económica o en especie. Una generosidad que contrasta de manera abrupta con las declaraciones posteriores del propio involucrado, quien admitió ante diversos medios haberse quedado con una suma cercana a los cien millones de dólares provenientes de argentinos, a la espera de directrices para restituir esos fondos.
La confirmación de la existencia de estos documentos preliminares en poder de Novelli llevó al fiscal Eduardo Taiano a solicitar información urgente a la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales. El requerimiento busca determinar si efectivamente existe un convenio confidencial entre el jefe de Estado y el fundador de Kelsier Ventures orientado a la implementación de soluciones tecnológicas innovadoras en el ámbito de la economía digital, con especial énfasis en blockchain y criptoactivos. La fecha estimada de suscripción sería el 29 de enero del año pasado, apenas veinticuatro horas antes de que Davis mantuviera un encuentro cara a cara con Milei en la sede gubernamental, reunión que había sido gestionada personalmente por Novelli y en la que también participó su socio Manuel Terrones Godoy, mientras que el economista José Luis Espert ingresaba momentos después.
Lo que resulta particularmente llamativo es la actitud del Presidente frente a este entramado. A pesar de que Davis admitió públicamente haber asesorado al mandatario y que su empresa incluso difundió en redes sociales una fotografía del encuentro en Casa Rosada con un mensaje celebratorio sobre el futuro tecnológico y financiero de la mano de Milei, el líder libertario jamás salió a desmentirlo ni mucho menos a denunciarlo. Tampoco lo hizo con Novelli, con quien los vínculos trascienden lo meramente circunstancial: el trader era propietario de una academia de negocios en la que el Presidente se desempeñó como docente y a cuyos emprendimientos brindó respaldo público en reiteradas oportunidades, incluso en iniciativas previas vinculadas al mundo de los tokens digitales que también fracasaron estrepitosamente.
La versión oficial sostenida hasta ahora por el mandatario resulta cada vez más insostenible a la luz de las pruebas recolectadas. Milei argumenta que se limitó a utilizar su cuenta personal en la red social X para dar difusión al proyecto $LIBRA, publicación que luego eliminó al manifestar que no se encontraba debidamente interiorizado acerca de sus características. Sin embargo, en aquel mensaje original incluía el enlace al contrato de la criptomoneda, un documento que hasta ese instante no había sido divulgado y cuya procedencia jamás pudo explicar de manera convincente. El argumento oficialista también sostiene que al no haber mediado fondos públicos no existiría irregularidad alguna, postura que fue replicada incluso por la Oficina Anticorrupción.
Frente a esta posición, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, que participa en el proceso en calidad de Amicus Curiae, planteó un escenario inquietante. Al solicitar acceso a la información pública sobre la existencia del convenio, la Secretaría General de la Presidencia respondió que no registraba acuerdo alguno en sus archivos. Para la organización, esta ausencia de documentación oficial constituye un elemento jurídicamente relevante, por cuanto un instrumento de estas características debería haber seguido los cauces administrativos correspondientes para garantizar su legalidad y transparencia. La inexistencia de una actuación registrada llevaría a presumir que el acuerdo, de haber existido, se habría gestado al margen de las estructuras formales del Estado, lo que según el CIPCE no lo convertiría en un pacto confidencial sino directamente clandestino.
El organismo advierte que esta situación debería impulsar a la fiscalía a profundizar la investigación sobre la legalidad del procedimiento, y sostiene que en cualquier caso la conducta del Presidente encuadraría en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. La dependencia que negó tener registros del convenio está actualmente a cargo de Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, quien se encuentra imputada en la causa junto a otros funcionarios y cuyo nombre encabeza la carátula judicial. Su situación procesal se vincula con denuncias originales que mencionaban supuestos pagos irregulares que algunos empresarios, incluido Davis, habrían señalado como condición para acceder a encuentros con el jefe de Estado.
El informe pericial de la DATIP, al que tuvo acceso este medio, confirma la existencia de comunicaciones entre Novelli y Milei en al menos dos oportunidades, así como contactos del primero con la hermana del Presidente y con el propio Davis. Es precisamente como resultado de estos intercambios que el trader conservaba en su dispositivo los borradores del convenio que ahora complican la situación de todos los involucrados. Pero además, los expertos detectaron que las conversaciones mantenidas entre Novelli, Terrones Godoy y un exasesor de la Comisión Nacional de Valores identificado como Sergio Morales aparecen vacías o habrían sido deliberadamente eliminadas, lo que añade un manto de sospecha sobre las gestiones realizadas en noviembre del año pasado, cuando Davis visitó nuevamente el país y se reunió con Milei en lo que habría sido una celebración en un hotel de lujo porteño por otro acuerdo similar.
La investigación también ha permitido establecer que el entorno familiar de Novelli no era ajeno al movimiento de activos vinculados al mundo cripto. Su hermana Pía participó activamente en la organización del Tech Forum, un evento utilizado como vidriera para facilitar negocios con inversores extranjeros, y tanto ella como la madre de ambos, Alicia Rafaele, estuvieron presentes cuando el trader abrió y depositó valores en una caja de seguridad de una entidad bancaria de Martínez apenas diez jornadas antes del lanzamiento de $LIBRA. Ambas mujeres fueron quienes vaciaron ese mismo depósito el primer día hábil posterior a la presentación de la criptomoneda, mientras que las conversaciones de Novelli con su madre también presentaban indicios de haber sido suprimidas, según consignaron los peritos.
El domingo por la noche, en un contexto de creciente tensión parlamentaria, Milei reaccionó con visible irritación cuando desde las bancas opositoras le gritaban alusivamente el nombre de la divisa digital. El mandatario respondió elevando el tono para denunciar lo que calificó como operaciones en su contra y anunció que presentará denuncias penales contra quienes lo acusan, en una actitud que no hizo más que reflejar la incomodidad de un gobierno que ve cómo sus cimientos empiezan a resquebrajarse ante la acumulación de evidencias.
Lo que surge con claridad del expediente es que el acuerdo en cuestión no se limitaba a un simple asesoramiento en criptomonedas, sino que incluía un ambicioso plan para que Davis brindara asistencia al Presidente en materia de inteligencia artificial, con el objetivo final de tokenizar al Estado argentino, es decir, convertir activos públicos en activos digitales comercializables. Un proyecto de semejante envergadura, gestado en las sombras y al margen de los mecanismos institucionales, es lo que ahora intenta esclarecer la Justicia mientras el escándalo salpica directamente al jefe de Estado y a su círculo más íntimo.
