La federación docente resolvió un cese de actividades a partir del 16 de marzo, fecha prevista para el inicio del cuatrimestre, y organiza una marcha federal universitaria mientras el gobierno nacional desoye la legislación vigente en materia de financiamiento educativo.
En un contexto de creciente tensión entre el sector educativo y el Poder Ejecutivo, la federación que agrupa a los trabajadores de la educación superior resolvió implementar medidas de fuerza de alcance nacional que comenzarán el próximo lunes 16 de marzo, jornada establecida para el inicio del ciclo lectivo en la mayoría de las casas de altos estudios del país. La decisión fue adoptada en el congreso ordinario de Conadu Histórica, donde las representaciones gremiales de todo el territorio nacional coincidieron en la necesidad de profundizar las acciones gremiales ante la falta de respuestas oficiales.
El plan de lucha contempla evaluaciones sistemáticas de su desarrollo para determinar la continuidad y eventual recrudecimiento de las protestas. Paralelamente, la entidad sindical impulsa una nueva marcha federal universitaria que se concretará previo al tratamiento legislativo del renovado proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, iniciativa que busca recomponer el presupuesto destinado a las instituciones académicas y sus trabajadores. El cronograma de movilizaciones incluye una concentración en Plaza de Mayo programada para el 24 de marzo, en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, fecha emblemática que los educadores aprovecharán para visibilizar sus reclamos. Como antesala a esta manifestación, se ha dispuesto un cese temporal de actividades para el 9 de marzo, en adhesión al Día Internacional de la Mujer, jornada en la que las problemáticas de género atravesarán también las demandas sectoriales.
La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires, integrante de Conadu Histórica, había anticipado en la semana la adopción de medidas contundentes. El miércoles pasado, mediante un comunicado oficial, la filial porteña anunció un paro por tiempo indeterminado que afecta el normal desenvolvimiento de las actividades académicas en la casa de estudios más grande del país. Esta determinación se suma a la resolución adoptada posteriormente a nivel nacional, consolidando un frente gremial unificado en reclamo de mejoras salariales y cumplimiento de las disposiciones legales.
Los fundamentos del conflicto se remontan a la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario durante 2025, normativa que establecía la actualización periódica de los haberes docentes y los gastos operativos conforme a los índices inflacionarios. Según los cálculos gremiales, el porcentaje adeudado asciende al cincuenta y uno por ciento, diferencia que surge de contrastar los incrementos salariales otorgados discrecionalmente por la administración nacional —sin mediar convocatoria a paritarias— con la evolución del costo de vida durante el último período.
El conflicto adquirió mayor complejidad cuando el presidente Javier Milei decidió vetar la mencionada ley, aunque posteriormente ambas cámaras legislativas rechazaron esa decisión presidencial, ratificando así la plena vigencia de la normativa. No obstante, desde las organizaciones sindicales denuncian que el Poder Ejecutivo persiste en el incumplimiento de lo dispuesto por el Congreso nacional, generando una situación de ilegalidad que afecta directamente a más de ciento cincuenta mil educadores universitarios en todo el territorio.
Laura Carboni, secretaria general de AGD UBA, expresó con contundencia la postura gremial al señalar que «nos deben el aumento del cincuenta y uno por ciento de los salarios dispuestos por la Ley de Financiamiento Universitario». La dirigente enfatizó que «el gobierno en completa ilegalidad desconoce lo votado cuatro veces en el Congreso», haciendo referencia a la doble sanción legislativa y al posterior rechazo del veto en ambas cámaras. «Fue derrotado el veto presidencial y aun así incumple la ley», completó la representante sindical, graficando la magnitud del diferendo institucional.
El panorama educativo se presenta complejo en vísperas del inicio del ciclo lectivo 2026, con miles de estudiantes a punto de comenzar sus cursadas en un clima de incertidumbre sobre la continuidad de las actividades. Las autoridades universitarias observan con preocupación el desarrollo de los acontecimientos, mientras intentan mediar entre las demandas docentes y las limitaciones presupuestarias impuestas desde el gobierno central. La comunidad académica en pleno aguarda definiciones que permitan destrabar el conflicto, aunque las posiciones antagónicas parecen alejar por el momento cualquier posibilidad de entendimiento. La marcha federal prevista para los próximos días se perfila como una nueva instancia de visibilización de un reclamo que lleva ya más de dos años sin encontrar solución satisfactoria.
