En un contexto de ajuste libertario y embestida contra lo público, la movilización convocada para este lunes 9 de marzo no es una conmemoración más. Las asambleas barriales, la experiencia acumulada en diez años de lucha y la consolidación de un bloque sindical feminista se perfilan como la herramienta fundamental para combatir el desamparo y la fragmentación social que impulsa el actual gobierno.
En la antesala de un 8 de marzo que irrumpe bajo un cielo de tormenta política y social, la pregunta sobre la necesidad de volver a ocupar las calles resuena con fuerza tanto en las filas del feminismo organizado como en aquellas personas que, en la última década, encontraron en este movimiento un lenguaje común para nombrar la opresión y un abrazo colectivo para enfrentarla. Lejos de ser un ritual vacío, la movilización de este año se presenta como una estrategia de resistencia y una alternativa política concreta frente al avasallamiento gubernamental.
La cita, que finalmente no será el domingo sino el lunes 9 de marzo, propone un recorrido que unirá el Congreso con la histórica Plaza de Mayo a partir de las 16:30. Esta convocatoria es el resultado de un trabajo de hormiga que tuvo como epicentro tres asambleas multitudinarias realizadas en puntos neurálgicos de la capital: la sede de la CETEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), el edificio de ATE Capital y el emblemático Hospital Garrahan. El motor de esta articulación es el bloque sindical feminista, una poderosa coordinación de las secretarías de género de las principales centrales obreras del país. Nacido en 2017 como respuesta al primer paro internacional de mujeres que se le realizó al entonces presidente Mauricio Macri, este espacio ha logrado consolidarse como una fuerza política de fuste, justo en el momento en que una reforma laboral recién aprobada amenaza con licuar derechos conquistados con mucho esfuerzo.
Este viernes, a las diez de la mañana, la voz de este bloque se hará oír en una conferencia de prensa donde detallarán los motivos de su reclamo. “Vivimos un tiempo de desindustrialización, de miseria calculada, de saqueo de nuestros recursos y entrega de la soberanía nacional. A esto se suma una crisis profunda y un retroceso en materia de derechos laborales y sociales, plasmados en una reforma laboral de dudosa constitucionalidad”, advierten desde la agrupación que nuclea a las dos CTAs, la UTEP, la CGT y la CCC. Su diagnóstico es contundente: la violencia no es solo la que se ejerce en las calles, sino también la que se aplica desde los despachos oficiales a través de políticas que golpean con especial saña a las mujeres y a las diversidades.
Frente a la exaltación del individualismo y la idea de que cada quien debe salvarse solo, la respuesta feminista propone exactamente lo contrario: la organización barrial, la solidaridad como método y la historia de un movimiento que ha sabido pararse frente a los poderes fácticos. La marcha del lunes no solo exigirá la reincorporación de las personas despedidas, la entrega de útiles escolares y alimentos para los merenderos, o el cese de la violencia institucional y económica. Su propia existencia, en un clima hostil, es una demostración de que, cuando la ultraderecha avanza con su receta de desamparo, la potencia de lo colectivo se vuelve, más que nunca, un refugio y una trinchera.
