El recrudecimiento del conflicto bélico en territorio palestino-israelí disparó el valor internacional del gas natural licuado, justo cuando el país se prepara para afrontar los meses de mayor consumo. La demora en la definición de un nuevo esquema de importaciones y la suspensión de envíos desde Qatar exponen al sistema energético local a una tormenta perfecta que podría traducirse en incrementos superiores al 100% en las boletas de hogares e industrias.
La conflagración que sacude al Medio Oriente encontró un resquicio inesperado para filtrarse en la economía argentina. No es el crudo, ni las divisas, ni los bonos soberanos. El canal es esta vez más sutil pero igual de letal: el gas natural licuado (GNL), ese combustible que el país se ve obligado a comprar en el exterior cada invierno para evitar el colapso del sistema energético. Y el shock ya se siente en los números.
El precio internacional del hidrocarburo que Argentina debe adquirir para sortear los picos estacionales de demanda dio un salto vertiginoso en las últimas semanas. De moverse en torno a los diez dólares por millón de BTU, la cotización escaló hasta aproximarse a los veinte dólares. Exactamente el doble. Lejos de ser una abstracción estadística, esa variación tiene consecuencias directas sobre un entramado energético que aún cojea para abastecerse por sus propios medios.
Es cierto que la puesta en marcha del gasoducto que transporta producción desde Vaca Muerta hacia los grandes centros de consumo mejoró sustancialmente el panorama. El conducto permitió evacuar un caudal significativamente mayor de gas neuquino, aliviando la presión sobre las importaciones. Pero la oferta doméstica todavía resulta insuficiente para satisfacer la totalidad del requerimiento invernal, cuando las calefacciones se encienden y las centrales térmicas operan a full.
El impacto no se limita a quienes cocinan o se calefaccionan con gas. Más del sesenta por ciento de la electricidad que se consume en el país se genera en centrales térmicas que queman gas o combustibles líquidos. De modo que cualquier alteración en el costo del insumo principal se traslada como una onda expansiva hacia la boleta de la luz, terminando de configurar un cóctel explosivo para el bolsillo de los usuarios.
La historia reciente exhibe cicatrices elocuentes. Durante la crisis energética global desatada por la invasión rusa a Ucrania, cuando el nuevo gasoducto aún era un proyecto en construcción, Argentina llegó a desembolsar cerca de 3.500 millones de dólares para asegurar los cargamentos de GNL que mantuvieran las luces encendidas. El año pasado, con el ducto ya operativo y los precios internacionales mostrando cierta moderación, la factura por importaciones de gas se contrajo hasta unos 600 millones. Un alivio sustancial que ahora peligra.
El escenario geopolítico actual vuelve a cargar de tensión ese rubro. Si el Estado sale a adquirir GNL con los valores que rigen hoy en el mercado global, el costo de la operación podría duplicarse. Y el contexto macro no podría ser más adverso: la cuenta corriente argentina ya registra un déficit que supera los 2.500 millones de dólares, lo que implica que cualquier erogación extraordinaria profundizará el drenaje de reservas.
A este cuadro se suma una variable doméstica que introduce más incertidumbre. La administración central decidió avanzar con un proceso licitatorio para transferir la responsabilidad de la importación de GNL, tarea que hasta ahora recaía en las empresas estatales Enarsa y Cammesa, hacia un único operador privado. La intención declarada es reducir la injerencia del Estado y fomentar la competencia, aunque la instrumentación de ese cambio enfrenta demoras.
El problema es que el calendario no espera. Los cargamentos de gas licuado no se adquieren con la misma inmediatez que un producto de supermercado. Requieren una planificación anticipada, con contratos que se negocian y firman con meses de antelación para garantizar la llegada del fluido en el momento crítico. Cuando la definición del nuevo esquema se postergan, el margen de maniobra se reduce peligrosamente.
La alternativa que queda es recurrir al mercado spot, ese segmento del comercio mundial de GNL donde las operaciones se resuelven sobre la hora, sin contratos previos ni precios asegurados. Allí, el valor de cada cargamento se define por la urgencia del comprador y la competencia con otros demandantes. Una verdadera ruleta rusa para las finanzas públicas.
Para empeorar el panorama, la oferta global de GNL se encuentra sensiblemente afectada por la crisis en Medio Oriente. Qatar, uno de los proveedores históricos de la Argentina, ya comunicó la suspensión de los envíos comprometidos. Esa decisión obliga al país a disputar cada cargamento en un mercado donde compiten economías con mucho mayor poder de fuego, especialmente los países europeos, que desde el divorcio energético con Rusia incrementaron exponencialmente su dependencia del gas licuado.
En las conversaciones que recorren el sector energético local se repite una advertencia inquietante: el volumen de gas licuado disponible en el mundo no alcanza para satisfacer a todos los pretendientes. Cuando un bien escasea, la ley de la oferta y la demanda opera sin piedad y los precios se disparan. Frente a esa realidad, el gobierno ya explicitó cuál será su lógica regulatoria: trasladar los costos a la demanda.
Los cálculos que circulan entre especialistas y ejecutivos del rubro muestran la magnitud del impacto potencial sobre las tarifas que pagan los hogares y las industrias. Si el sobrecosto se aplicara directamente al segmento industrial, el precio del gas pasaría de los actuales cuatro dólares por millón de BTU a más de ocho dólares. Un salto del ciento cuatro por ciento que golpearía de lleno a un sector ya castigado por la recesión y la caída de la actividad.
Si el ajuste recayera en los hogares, la boleta también sufriría un incremento sustancial. El valor que abona el usuario residencial podría escalar de 3,79 dólares por MMBTU a 6,51 dólares. Una diferencia considerable en un contexto de pérdida persistente del poder adquisitivo.
Existe incluso un tercer escenario posible, quizás el más complejo por su efecto multiplicador: trasladar el mayor costo a la generación eléctrica. En ese caso, el precio del gas para las centrales térmicas pasaría de 4,45 dólares por MMBTU a 9,27 dólares, un aumento del ciento ocho por ciento. Si las usinas ya estuvieran abasteciéndose con gas spot, el valor subiría de 7,50 a 11,31 dólares. La consecuencia directa sería un sobrecosto de 33,8 dólares por cada megavatio hora generado, que inevitablemente terminaría en la factura de la luz.
La pregunta que emerge con crudeza es hasta dónde pueden estirarse los bolsillos de los argentinos en un escenario económico signado por la recesión, el cierre cotidiano de fábricas y comercios, y un deterioro constante del salario real. La tormenta perfecta que se avecina amenaza con dejar al descubierto una vez más la fragilidad de un sistema energético que, a pesar de contar con una de las reservas de gas no convencional más importantes del planeta, sigue dependiendo de los vaivenes geopolíticos y de la temperatura del mercado internacional para mantener las luces encendidas.
