En una movida contundente que marca el inicio de una batalla legal de largo aliento, la central obrera presentó un amparo para declarar la nulidad de artículos clave de la Ley de Modernización Laboral. Mientras el expediente recae en un juez con historial sensible para el oficialismo, los gremios y organismos de derechos humanos afinan una presentación ante la CIDH para denunciar la regresión de derechos.
Apenas unas horas después de su promulgación, la denominada Ley de Modernización Laboral, estandarte de la gestión de Javier Milei durante los primeros compases de 2026, encontró su primer y feroz escollo en los estrados judiciales. Tal como lo había anticipado en la arena pública, la Confederación General del Trabajo (CGT) irrumpió en el fuero contencioso administrativo federal para solicitar la inmediata invalidación de la normativa, en un movimiento que promete ser la chispa que encienda una verdadera catarata de impugnaciones. La estrategia sindical no se detiene en las fronteras nacionales: en paralelo, un arco heterogéneo que nuclea a gremios, organizaciones sociales y entidades de derechos humanos ultima los detalles de una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), buscando exponer lo que consideran un grave retroceso en materia de conquistas sociales.
La mesa chica de la CGT, encabezada por los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, materializó ayer su amenaza con la presentación de una acción de amparo acompañada de una medida cautelar. Con el patrocinio letrado de Luciano Podestá y Miguel Maza, el escrito aterrizó en los tribunales de la calle Talcahuano, específicamente en el juzgado a cargo de Enrique Lavié Pico. El magistrado no es un desconocido para la administración libertaria: fue quien, en su momento, desbarató la estrategia del ex procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, al resistirse a concentrar todas las impugnaciones contra el famoso DNU 70/2023, un antecedente que siembra de incertidumbre el futuro de la causa.
El núcleo duro de esta primera embestida gremial se concentra en dos artículos específicos de la Ley 27.802: el 90 y el 91. Estas cláusulas ordenan el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, una misión que Milei delegó directamente en su jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La central obrera fundamenta su pedido de nulidad en un presunto vicio de origen. Los letrados argumentan que el Congreso carecía de competencia temporal para sancionar dicha transferencia, dado que la materia no figuraba en la convocatoria a sesiones extraordinarias realizada por el Poder Ejecutivo. Además, subrayan que el primer mandatario no invocó aquella cláusula excepcional de “grave interés de orden o de progreso” que habilitara el tratamiento de un tema fuera del temario prefijado.
La movida judicial tuvo su antesala el pasado lunes, cuando una multitudinaria movilización sindical colmó la Plaza Lavalle. En esa ocasión, la dirigencia cegetista hizo hincapié en la falacia de los argumentos oficiales que pregonaban un aumento del empleo y la formalización de trabajadores precarizados gracias a la nueva legislación. Por el contrario, los oradores advirtieron que el verdadero espíritu de la norma es erosionar dos pilares fundamentales del derecho laboral argentino: el principio de no regresividad, que impide el recorte de derechos adquiridos, y el principio protectorio, concebido para equilibrar la asimetría estructural entre el capital y el trabajo.
El arco de críticas hacia la reforma trasciende lo meramente gremial y encuentra eco en numerosos especialistas en derecho laboral, quienes señalan el carácter lesivo de varios de sus puntos neurálgicos. Se cuestiona, entre otros aspectos, la posibilidad de extender la jornada laboral hasta doce horas, lo que implica el fin del reconocimiento de las horas extra; la reducción del salario; el pago de indemnizaciones en cuotas a través de un fondo de asistencia; el desconocimiento de nuevas modalidades de empleo; la merma en los aportes patronales a las obras sociales; y la facultad empresarial de fraccionar las vacaciones de manera unilateral.
Este complejo escenario judicial constituirá la primera gran prueba de fuego para Sebastián Amerio, recientemente designado al frente de la Procuración del Tesoro. La salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia desencadenó una serie de movimientos que reubicaron a Amerio, un hombre de estrecha confianza de Santiago Caputo, cuyo influencia dentro del organigrama oficial se vio relativizada tras el ascenso de Karina Milei. Finalmente, Amerio encontró un premio consuelo en la Procuración, desplazando a Santiago Castro Videla, quien fue reconducido a una subprocuraduría creada a tal efecto. La defensa de la reforma será su bautismo de fuego. Según trascendió en los pasillos gubernamentales, una de las primeras estrategias de Amerio podría ser cuestionar la legitimación de la CGT para accionar contra la ley, aunque en la Casa Rosada son conscientes de que se trata de una pulseada que se extenderá en el tiempo.
Mientras tanto, el entramado opositor se prepara para multiplicar los frentes de batalla. Las dos Central de Trabajadores de Argentina, lideradas por Hugo Yasky y Hugo Godoy, ya trabajan en nuevas presentaciones judiciales que verían la luz la próxima semana, enfocadas en otros aspectos de la normativa. La decisión de la CGT de radicar el amparo en el fuero contencioso administrativo y no en el laboral responde a una estrategia meticulosa: los jueces del fuero laboral eventualmente deberían excusarse por tener un interés directo en la discusión sobre el traspaso de su propia justicia.
Pero la ofensiva no se limitará al plano local. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en articulación con sindicatos y diversas organizaciones, se encuentra abocado a la preparación de un pedido de audiencia ante la CIDH. La intención es llevar el debate sobre los retrocesos en materia de derechos humanos y laborales al sistema interamericano. Desde los albores de la gestión de Milei, estas entidades han trazado una estrategia conjunta para denunciar la matriz represiva del gobierno, personificada en la figura de Patricia Bullrich y su “protocolo antipiquetas”, como una condición necesaria para la implementación del ajuste y la consecuente eliminación de derechos que propulsa el oficialismo. La exministra, emblema de la mano dura, se ha convertido también en la principal defensora de esta reforma, cuyo debate en el Senado tuvo su capítulo más caliente en diciembre pasado. La judicialización de la reforma y su eventual exposición internacional marcan, sin duda, el inicio de un nuevo y tenso capítulo en la relación del gobierno con el movimiento obrero organizado.
