Una resolución adoptada en la provincia de Córdoba remueve los cimientos de la controvertida Ley de Modernización Laboral al considerar que una de sus disposiciones centrales vulnera derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras
En un pronunciamiento que sacude las estructuras de la reciente normativa laboral y abre un precedente de enorme trascendencia jurídica, la Justicia cordobesa emitió la primera declaración de inconstitucionalidad contra uno de los aspectos más resistidos de la denominada Ley de Modernización Laboral. El magistrado Ricardo Giletta, integrante de una Cámara del Trabajo de la provincia mediterránea, resolvió invalidar el artículo 55 de dicha legislación al considerar que su aplicación provoca un menoscabo patrimonial significativo a los dependientes y quebranta principios constitucionales elementales.
La controversia se originó en el marco de un litigio que se extendió por aproximadamente una década, donde se dirimía la compensación correspondiente a una extinción de vínculo laboral acontecida con antelación a la sanción de la nueva normativa. En este contexto, el debate se centró en la metodología para determinar los accesorios financieros que deben adicionarse al monto indemnizatorio, aspecto que el mencionado artículo pretendía modificar de manera retroactiva.
El pasaje normativo cuestionado establece un mecanismo específico para el cómputo de los réditos correspondientes a obligaciones salariales e indemnizatorias en procesos judiciales vinculados a desvinculaciones ocurridas con anterioridad a la vigencia de la ley. Según los argumentos esgrimidos por especialistas en derecho laboral que intervinieron en la causa, esta nueva fórmula implicaría una reducción cercana al tercio del valor real que percibirían los accionantes respecto de la liquidación que hubiera correspondido bajo el régimen precedente.
En los fundamentos de su resolución, el camarista Giletta sostuvo que la disposición legal analizada colisiona frontalmente con garantías consagradas en nuestra Carta Magna, particularmente con el principio de igualdad ante la ley. Su razonamiento se sustentó en la inequidad manifiesta que se generaría entre distintos grupos de dependientes: aquellos que mantienen pleitos laborales de larga data verían considerablemente disminuido el monto de sus acreencias, mientras que quienes inicien acciones judiciales a partir de la promulgación de la reforma gozarían de un tratamiento más beneficioso en el cálculo de sus compensaciones.
La decisión judicial adquiere una relevancia mayúscula en el entramado jurídico-laboral argentino, no solamente por constituir el primer cuestionamiento de tal magnitud contra la flamante legislación, sino por el sólido andamiaje argumental que empleó para descalificar la norma. El magistrado cordobés enfatizó que el mecanismo dispuesto por el artículo 55 provoca una afectación patrimonial evidente a los trabajadores cuyos procesos se iniciaron antes de la reforma, configurando una suerte de castigo procesal encubierto por la extensión temporal de los litigios, circunstancia que resulta ajena a la voluntad de quienes reclaman sus derechos.
Los efectos concretos de esta resolución trascienden el caso particular que le dio origen, proyectándose como un faro de esperanza para miles de expedientes que actualmente tramitan en diversos tribunales del país y que involucran a trabajadoras y trabajadores que aguardan desde hace años una definición sobre sus indemnizaciones. El pronunciamiento sienta bases jurisprudenciales sólidas que podrían ser replicadas por otros magistrados ante planteos similares.
Desde diversos sectores del ámbito gremial y de la abogacía laboralista recibieron con beneplácito esta decisión, interpretándola como un reaseguro de las conquistas históricas de la clase trabajadora frente a lo que consideran un avance desmedido del poder legislativo sobre derechos adquiridos. Las organizaciones sindicales anticiparon que impulsarán presentaciones análogas en otras jurisdicciones del país para extender los efectos de este criterio protectorio.
La resolución del juez Giletta representa, sin dudas, un punto de inflexión en la aplicación práctica de la reforma laboral y reabre el debate acerca de los límites constitucionales que deben observarse al momento de modificar legislación que impacta directamente en derechos de raigambre social. La suerte final del artículo 56 podría definirse en instancias superiores, aunque por ahora la balanza se inclina decididamente hacia la protección de los intereses de quienes dependen de una relación de trabajo.
