Un relevamiento revela que seis de cada diez ciudadanos perciben un deterioro en su bolsillo en comparación con el año anterior, mientras la confianza en una pronta recuperación se desvanece incluso entre los simpatizantes del partido gobernante. El cierre de fábricas y la ola de despidos profundizan el malestar social.
El panorama económico, lejos de mostrar signos de alivio, profundiza su costado más sombrío y comienza a pasar factura política al Ejecutivo. La fe que despertó la llegada de la nueva administración se desvanece a la luz de los índices más recientes, que pintan un retrato desolador del presente y un horizonte cargado de incertidumbre. Lo que hasta hace unos meses era una reserva de paciencia por parte de la ciudadanía, hoy se transforma en un descontento generalizado que horada los cimientos de la credibilidad gubernamental.
El termómetro social así lo demuestra. Un contundente 65 por ciento de la población afirma que su realidad financiera personal es más angustiante que la que atravesaba doce meses atrás. Esta cifra no solo representa la mayoría absoluta, sino que se ha convertido en la marca más elevada de insatisfacción desde mediados del año pasado, evidenciando una tendencia en ascenso que no encuentra freno. La esperanza de un futuro mejor también se desmorona: el 55 por ciento de los consultados proyecta que su situación familiar estará aún más comprometida dentro de un año, un dato que contrasta drásticamente con el 42 por ciento que aún se permite vislumbrar una mejora.
Este clima de opinión tiene un correlato directo con la imagen del líder libertario. La figura de Javier Milei, que supo capitalizar el voto del hartazgo y la promesa del cambio, ve cómo su popularidad se resquebraja. Actualmente, el 57 por ciento de los argentinos manifiesta una opinión desfavorable sobre el Presidente, frente a un menguado 40 por ciento que aún lo respalda. En sintonía, la gestión de gobierno cosecha un 56 por ciento de desaprobación, contra un 42 por ciento que la considera positiva. El dato más revelador de este corrimiento se da en las propias filas del oficialismo: la fe entre los votantes de La Libertad Avanza se ha contraído seis puntos porcentuales, mientras que en el espacio de Provincias Unidas el retroceso alcanza los siete puntos. El núcleo duro de simpatizantes, aquel que permanecía inmune a las malas noticias, comienza a mostrar las primeras grietas.
Lejos de tratarse de una mera percepción, el desencanto se nutre de una realidad fabril aterradora. Los titulares de los diarios se repiten con una frecuencia alarmante: compañías de larga trayectoria anuncian que no pueden continuar, que bajan sus persianas para siempre o que deben prescindir de centenares de operarios porque los números simplemente no cierran. El mapa laboral se tiñe de rojo con despidos masivos que golpean puerta por puerta a los hogares de clase media y trabajadora.
Esta debacle productiva se refleja con crudeza en las estadísticas oficiales. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) entregó un dato escalofriante el último viernes: durante el mes de enero, el nivel de utilización de la capacidad instalada en la industria fue el más bajo desde enero de 2002. Es decir, no se registraba un parate tan profundo desde el mes posterior a la traumática caída de Fernando De la Rúa y el caótico interludio de los cinco presidentes. La economía real, con sus fábricas a media máquina o directamente detenidas, exhibe niveles de destrucción que los especialistas comparan con los peores momentos de la crisis de la pandemia, aunque con un agravante: esta vez no hay una emergencia sanitaria que sirva de justificativo, sino las consecuencias de un ajuste que licúa el tejido productivo y, con él, la paciencia de una sociedad que ve cómo la luz al final del túnel se apaga antes de tiempo.
