A pesar de los reclamos de la oposición para extender los plazos de debate, el oficialismo definió un mecanismo restrictivo que deja a más de 49.800 inscriptos sin posibilidad de exponer sus argumentos de manera oral y en vivo. La mayoría de los ciudadanos deberá conformarse con enviar un escrito o un video de no más de cinco minutos.
En un giro que ha encendido las alarmas entre organizaciones ambientalistas y bloques opositores, el espacio liderado por La Libertad Avanza definió el cronograma y las modalidades de participación para las audiencias públicas que discutirán la controvertida modificación de la Ley de Glaciares. Las jornadas, pautadas para los próximos 25 y 26 de marzo, prometen ser un hervidero de controversias no solo por el fondo de la reforma, sino también por las limitaciones impuestas al ejercicio democrático de expresarse.
La decisión del bloque oficialista, cristalizada en una resolución interna, establece un embudo de participación que resulta inversamente proporcional al interés despertado. De una montaña de cincuenta mil solicitudes de inscripción, apenas dos centenares de personas tendrán el privilegio de defender o cuestionar el proyecto de manera oral. De este selecto grupo, aproximadamente cien lo harán de forma presencial durante la primera jornada, mientras que otro centenar se conectará de manera virtual a través de la plataforma Zoom en la segunda audiencia. El vasto océano de ciudadanos restantes, que supera los 49.000, quedará reducido a la condición de observadores remotos, pudiendo únicamente hacer llegar su postura mediante un documento escrito o un material audiovisua de elaboración propia, el cual no podrá exceder una duración máxima de trescientos segundos.
Este cerrojo comunicacional ha generado un profundo malestar en las bancadas de la oposición, entre las que se cuentan el peronismo, los partidos de izquierda y el interbloque Provincias Unidas. Estas fuerzas políticas, que ya habían solicitado formalmente una ampliación en la cantidad de días de exposición para garantizar un debate más federal y exhaustivo, ven en esta maniobra una clara intención de silenciar las voces críticas. El rechazo al proyecto de reforma es transversal entre estos sectores, que acusan al oficialismo de ceder ante las presiones de un grupo de gobernadores aliados, interesados en destrabar multimillonarias inversiones mineras en sus provincias.
Los criterios de una selección cuestionada
El documento firmado por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, detalla los pormenores de un filtro de participación que ha sido calificado como «antidemocrático» por varias asociaciones civiles. La resolución estipula que la oportunidad de expresarse de manera oral, ya sea en el recinto o a través de la pantalla, recaerá únicamente en los primeros individuos anotados en el registro de cada uno de los veinticuatro distritos del país.
“Se cursará invitación para exponer en forma presencial el miércoles 25 de marzo, y de manera remota al día siguiente, a aquellos ciudadanos que figuren en los primeros puestos del listado por jurisdicción”, señala el texto oficial publicado en el portal de la Cámara de Diputados. Los legisladores justifican esta metodología argumentando que se busca «asegurar una adecuada representación federal». Asimismo, aclaran que todas las contribuciones, independientemente de su formato —escrito, audiovisual o verbal—, serán agregadas al expediente legislativo como insumos para el debate parlamentario posterior.
Para blindar su postura, los impulsores de la medida se escudan en las facultades que les otorga el reglamento interno de la Cámara, específicamente el artículo 114 bis. Defienden que el mecanismo elegido no es una excepción, sino una práctica recurrente en este tipo de instancias participativas cuando el volumen de interesados desborda la capacidad operativa. “La enorme cantidad de inscripciones recibidas convierte en una quimera la posibilidad de que todos los interesados expongan dentro de un lapso lógico, sin paralizar el resto de las actividades parlamentarias”, sostienen en los considerandos de la resolución, agregando que esta decisión es la única vía para garantizar un debate ordenado y sustantivo.
El núcleo del conflicto: minería versus agua
Mientras la disputa por las formas acapara la atención mediática, el fondo de la cuestión no es menos polémico. El proyecto de reforma que se impulsa desde el oficialismo apunta a modificar sustancialmente la Ley 26.639, sancionada en 2010. La normativa vigente es considerada un pilar en la protección de estos ecosistemas, al definirlos como reservas estratégicas de agua dulce y prohibir cualquier emprendimiento que pudiera alterar su equilibrio natural.
La iniciativa en danza pretende una flexibilización de esas restricciones, priorizando el desarrollo de actividades extractivas como la megaminería y la explotación de hidrocarburos. Provincias cordilleranas como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, con importantes proyectos en cartera, serían las principales beneficiarias de este cambio, allanando el camino para la llegada de capitales internacionales. Para lograr este objetivo, la letra chica del proyecto habilita la posibilidad de explotar recursos en aquellos glaciares o ambientes periglaciales que, según una nueva clasificación, sean considerados «no relevantes» desde el punto de vista hídrico o que no cumplan una función como reserva de agua. Una distinción que, para los expertos, resulta técnicamente compleja y altamente riesgosa para el equilibrio ambiental de la alta montaña.
