A pesar de los intentos por justificar un patrimonio que no condice con sus ingresos declarados, las evidencias aportadas por la justicia profundizan la crisis en torno a la figura del funcionario, quien enfrenta pedidos de indagatoria mientras el Gobierno intenta sostenerlo en el cargo.
La imagen de contención y mesura que desde el Gobierno se empeñaron en proyectar comienza a evidenciar fisuras irreconciliables. Cada nuevo elemento que se incorpora al expediente judicial no hace más que alejar la narrativa oficial de la realidad fáctica, exponiendo un estilo de vida que contrasta de manera abrupta con las percepciones económicas que figuran en los registros formales. A medida que se desprenden los velos del misterio, la situación procesal del funcionario se torna más compleja, con la justicia avanzando en una serie de medidas probatorias que complican su posición en el seno del Poder Ejecutivo.
El último capítulo de esta secuencia involucra a una empresa dedicada a la producción audiovisual, cuyo titular conduce un programa en el canal estatal. Dicha firma fue la que desembolsó el valor correspondiente al traslado de ida que realizó el funcionario junto a su núcleo familiar hacia un exclusivo balneario uruguayo durante la temporada estival. El tramo de retorno, según pudo establecerse, fue solventado por un tercero cuya identidad aún no ha trascendido. El costo total de la operación ascendió a una suma cercana a los ocho mil dólares, una cifra que duplica lo manifestado oportunamente por el propio implicado. Paralelamente, el ex portavoz mantiene una deuda pendiente con la transparencia respecto a la manera en que financió la construcción de una residencia en un barrio cerrado junto a su cónyuge, un bien que no se encuentra registrado en la declaración patrimonial que presentó ante los organismos de control. “Todos mantenemos el mismo tren de vida que teníamos antes de asumir”, sostuvo en una oportunidad en un intento por despejar las sospechas, pese a que sus ingresos resultan incompatibles con los desembolsos millonarios que se le atribuyen. El mandatario, por el momento, opta por mantenerlo en su puesto, aunque en las filas del oficialismo crece un sector que, en reserva, aguarda un desenlace adverso.
El expediente que investiga el traslado hacia territorio uruguayo durante los días de festejos populares se encuentra bajo la órbita del magistrado Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita. En cumplimiento de un requerimiento judicial, la compañía de aviación Alpha Centauri S.A remitió los comprobantes que acreditan un desembolso total de casi siete millones de pesos, equivalentes a aproximadamente cuatro mil ochocientos treinta dólares. Fuentes con acceso al expediente confirmaron que este monto fue sufragado por la empresa productora Imhouse SA, vinculada al amigo y conductor del funcionario, y corresponde al viaje de ida efectuado a mediados de febrero.
El mencionado amigo del jefe de Gabinete había asegurado previamente que el costo del viaje había sido reintegrado por el propio funcionario, aunque la gestión de compra la realizó él. “Lo abonó con recursos estatales. Me transfirió el dinero y yo liquidé el servicio a la empresa aérea. Poseo el comprobante de esa operación”, declaró semanas atrás. Sin embargo, un detalle de relevancia jurídica introduce un matiz perturbador: la firma productora mantiene un contrato vigente con el Estado nacional, lo que podría configurar la figura de dádiva si se demuestra que el beneficio no fue retribuido en términos equivalentes.
En cuanto al pasaje de regreso, la información aún es fragmentaria. Lo que ha podido precisarse es que dicho traslado forma parte de una paquete de diez vuelos cuyo valor global ronda los cuarenta mil dólares. De este modo, sumando el costo de la ida y el de la vuelta, el desplazamiento de la familia del funcionario superó los ocho mil dólares, una suma considerablemente más elevada que la mencionada inicialmente por el involucrado. La incógnita que permanece sin despejar es la identidad de la persona que efectivizó el pago del trayecto de retorno.
En este contexto, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que el conductor televisivo sea citado a brindar su versión de los hechos en calidad de testigo. La presión derivada de los requerimientos judiciales y la exposición mediática habrían llevado al periodista a ausentarse en la última emisión de su programa. Simultáneamente, el juez a cargo ordenó a las autoridades del aeropuerto de San Fernando que remitan las grabaciones de los circuitos de vigilancia, tanto los ubicados en el interior como en el exterior de la terminal, junto con toda la documentación vinculada al episodio. Esta evidencia permitirá verificar si el funcionario y sus familiares cumplimentaron los procedimientos exigidos por Migraciones y el organismo aduanero.
Las actuaciones judiciales se originaron a partir de una denuncia presentada por legisladores de distintas fuerzas opositoras. La presentación busca determinar si existió un acto de corrupción consistente en la recepción de dádivas o si, por el contrario, se configuraría el delito de enriquecimiento patrimonial ilícito. Los desembolsos atribuidos al funcionario resultan incompatibles con su declaración jurada de bienes y con una remuneración que ronda los tres millones y medio de pesos.
Una propiedad en un exclusivo club de campo
En medio de las explicaciones titubeantes que intentaron dar respuesta a los viajes suntuarios, el ex portavoz recibió un nuevo revés. Se hizo público que hacia fines del año pasado su cónyuge inscribió una vivienda de dos plantas en un barrio privado ubicado en el partido de Exaltación de la Cruz. Este dato emergió a raíz de la ampliación de una denuncia por enriquecimiento ilícito impulsada por una diputada de la oposición contra el jefe de Gabinete.
Resulta llamativo que el inmueble perteneciente a Bettina Angeletti no se encuentre consignado en la declaración jurada que el funcionario presentó ante la Oficina Anticorrupción. En ese documento solo figuran el cincuenta por ciento de una unidad habitacional en la Capital Federal y la totalidad de otro departamento en la ciudad de La Plata. No existe mención alguna a una residencia en Exaltación de la Cruz, a pesar de que el régimen normativo exige una enumeración pormenorizada de todos los activos patrimoniales del declarante y de su esposa. Existe la posibilidad de que el bien haya sido registrado en un anexo reservado del formulario, extremo que el funcionario podría aclarar si así lo desea.
De acuerdo con los términos de la denuncia, el funcionario y su pareja “habrían levantado una residencia de dos niveles, perteneciente a un emprendimiento habitacional de alta categoría”. Se trata de una construcción de tonalidad gris verdosa, ubicada a escasos metros del hoyo diecisiete del campo de golf. El valor comercial de este tipo de propiedades fluctúa entre los ciento veintinueve mil y los doscientos cuarenta y nueve mil dólares. Según la información recolectada, los gastos comunes correspondientes al lote en cuestión comenzaron a ser facturados a nombre de la cónyuge, con un costo mensual que supera los setecientos mil pesos.
Un dato adicional de relevancia indica que, unos meses antes de registrar la nueva casa en el barrio cerrado, la familia logró cancelar la totalidad de un crédito hipotecario. Según fuentes del organismo de vivienda provincial, dicho préstamo correspondía al departamento de cincuenta metros cuadrados.
Contabilidad que no cuadra
A simple vista, los cálculos del contador devenido en funcionario público no presentan coherencia aritmética. Sus ingresos y su capacidad de ahorro difícilmente puedan explicar el estándar de vida que ostenta desde su desembarco en la sede gubernamental. De residir en un departamento en un barrio de la zona sur de la ciudad, pasó a erigir una casa de dos plantas en un lujoso condominio privado que dispone de cancha de golf, múltiples canchas de tenis, un sector ecuestre con pista y veinticuatro boxes, entre otras amenidades.
Pero el escenario no se agota allí. Entre fines de dos mil veintitrés y los últimos meses de dos mil veinticuatro, según la presentación judicial, el funcionario alquiló otra propiedad en el mismo country, abonando dos mil dólares mensuales durante veintiséis meses. La pregunta que surge de manera inevitable es de qué fuente obtuvo los cincuenta y dos mil dólares para hacer frente a ese gasto corriente.
Al ex portavoz tampoco le resultará sencillo justificar cómo erogó ocho mil dólares en un viaje de cinco días a Punta del Este y otros cinco mil por un pasaje a Nueva York que, además, no llegó a utilizar. Todos estos montos resultan desorbitados si se considera que sus ahorros declarados alcanzan los cuarenta y ocho mil dólares y sus pasivos con parientes y particulares superan los cuarenta y tres mil.
Las estadísticas que arroja el Banco Central también aportan elementos que profundizan los interrogantes. El sueldo de tres millones y medio de pesos que percibe como funcionario público no guarda relación con la deuda que registra ante una entidad bancaria privada. De acuerdo con los datos de la Central de Deudores del Sistema Financiero, esa cifra se elevó en el primer mes del año a nueve millones de pesos, un monto que en gran proporción responde a consumos con tarjeta de crédito. En el caso de su cónyuge, el saldo deudor alcanzó los ocho millones en el mismo período.
Tensión en la sede gubernamental
Desde que se conoció el viaje a Nueva York, el equipo gobernante ha visto diluirse el control de la agenda pública. El eje del debate ciudadano oscila entre las novedades que surgen en el caso vinculado a la criptomoneda y las diversas causas que se acumulan sobre el jefe de Gabinete. La estrategia adoptada hasta el momento ha sido la de brindarle un respaldo explícito. La hermana del Presidente transmitió la directriz de sostenerlo y la totalidad del Gabinete expresó su apoyo en público. El mandatario, además, lo incluyó en una gira por el interior del país y lo defiende con insistencia en sus publicaciones en redes sociales.
En la estructura diagramada por la secretaria general de la Presidencia, el jefe de Gabinete ocupa un lugar central. Se lo proyecta como candidato a jefe de gobierno porteño en las elecciones del año dos mil veintisiete. Es la pieza con la que se busca contrarrestar las aspiraciones de la ministra de Seguridad. La desconfianza respecto a quién filtró las imágenes en el aeropuerto de San Fernando sigue latente en el entorno oficial. “Está claro que la filtración provino de nuestras filas, de adentro del Gobierno. Tenemos una cuestión interna sin resolver”, reconoció el propio involucrado. Algunos dirigentes señalan a un asesor cercano y cuestionan que los servicios de inteligencia no hayan impedido la difusión del material. Sospechan que el origen pudo estar en la agencia reguladora del transporte aéreo. Otros apuntan a la ministra y a la policía aeroportuaria. El ex portavoz, mientras tanto, se enreda en sus intentos de justificación. Hay quienes aseguran que referentes de distintas facciones políticas —entre otros— suplican que cese de tambalear y aguardan con expectación el momento de su derrumbe definitivo.
