En un encuentro desarrollado en la Facultad de Derecho de la UBA, referentes del ambientalismo analizaron los alcances de un proyecto que, según denuncian, desmantela los resguardos científicos y profundiza la desprotección del ambiente periglacial. Mientras tanto, la convocatoria a la audiencia pública superó las 85 mil adhesiones.
En medio de la creciente tensión por el futuro de los recursos hídricos estratégicos, un conjunto de especialistas se congregó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires para desmenuzar el contenido de la iniciativa oficial que busca introducir modificaciones sustanciales en la normativa que resguarda los glaciares. La jornada, que convocó a una amplia concurrencia en el aula magna, funcionó como un espacio de análisis crítico donde se pusieron en evidencia las aristas más controversiales de un proyecto que, de ser aprobado, alteraría por completo el esquema de protección vigente desde la sanción de la ley original.
A lo largo de un extenso intercambio, cinco mujeres con una vasta trayectoria en la defensa del ambiente fueron desglosando, ante un auditorio atento, los ejes vertebrales de una propuesta legislativa que calificaron como regresiva. Lejos de tratarse de una simple actualización normativa, las expositoras coincidieron en señalar que el texto en tratamiento representa un giro sustancial que pone en riesgo mecanismos de resguardo fundamentales. El panel, desarrollado en un clima de reflexión profunda, permitió esclarecer los puntos neurálgicos de una discusión que tiene en vilo a organizaciones sociales, científicas y a miles de ciudadanos inscriptos para participar en la instancia de debate público.
Uno de los aspectos centrales que concentró las críticas fue la propuesta de trasladar a las jurisdicciones provinciales la potestad última sobre la autorización de actividades en zonas de hielo y en el entorno periglacial. Las especialistas advirtieron que esta descentralización, lejos de implicar una mayor autonomía, fragmentaría un sistema de protección que hasta ahora contaba con lineamientos nacionales uniformes, generando un escenario de disparidad normativa que facilitaría el avance de proyectos extractivos sin un tamiz técnico homogéneo. En ese sentido, remarcaron que la medida abre la puerta a que provincias con menor capacidad institucional o con fuertes intereses en la explotación minera se conviertan en árbitros exclusivos de un bien que trasciende los límites administrativos.
Otro de los ejes de preocupación giró en torno al desplazamiento del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) como autoridad de aplicación en materia científica. Las disertantes subrayaron que esta decisión implica un deliberado apartamiento del conocimiento especializado acumulado durante décadas por ese organismo dependiente del CONICET, sustituyéndolo por un marco de discrecionalidad donde la evidencia técnica quedaría supeditada a consideraciones de índole productiva o política. Señalaron que desoír el dictamen de la comunidad científica en asuntos relativos a la criósfera constituye un antecedente peligroso, especialmente en un contexto de crisis hídrica y de retroceso acelerado de las masas de hielo documentado por los propios estudios del instituto.
Las expositoras también hicieron hincapié en el contexto de fragilidad institucional que, a su juicio, caracteriza el proceso. Subrayaron que la iniciativa avanza en un marco donde se desestiman los principios precautorios que inspiraron la ley original, generando un vacío de autoridad en la gestión de los recursos naturales. Durante el encuentro, se destacó que la modificación propuesta no solo afecta la estructura de gobernanza sobre los glaciares, sino que sienta un precedente en la manera en que se dirimen los conflictos entre la actividad económica y la preservación de ecosistemas estratégicos para el abastecimiento de agua.
En paralelo al desarrollo del panel, trascendió la magnitud de la convocatoria ciudadana para la instancia de participación obligatoria prevista por la normativa. Según los datos proporcionados por las organizaciones convocantes, la cifra de inscriptos para formar parte de la audiencia pública superó las 85 mil personas, un número que refleja el elevado nivel de sensibilización social en torno a la temática y la masiva oposición que despierta la iniciativa entre diversos sectores de la población. Este dato fue interpretado por las especialistas como un termómetro que evidencia el rechazo transversal a una reforma que, consideran, prioriza intereses sectoriales por encima del resguardo de bienes comunes.
A medida que se acercaba el cierre de la actividad, las referentes del ambientalismo subrayaron la importancia de sostener la vigilancia sobre el tratamiento legislativo y advirtieron que el debate trasciende lo estrictamente técnico para instalarse en el terreno de los derechos colectivos. La reunión en la Facultad de Derecho funcionó, así, como una plataforma para articular argumentos y visibilizar las consecuencias que, de acuerdo con su mirada, acarrearía la sanción de un proyecto que pone en tensión la protección de los ecosistemas de altura con el modelo de desarrollo extractivo. Con la vista puesta en la próxima instancia parlamentaria, las organizaciones anticiparon que continuarán desplegando estrategias de difusión y movilización para intentar frenar lo que definieron como un retroceso en materia de legislación ambiental.
