El Gobierno oficializa la privatización de Intercargo: Caputo presentará este jueves los pliegos para transferir la empresa al sector privado

El Gobierno oficializa la privatización de Intercargo: Caputo presentará este jueves los pliegos para transferir la empresa al sector privado

El ministro de Economía confirmó que se publicarán las bases y condiciones para concretar la venta de la firma estatal de servicios en tierra, en línea con la promesa de Javier Milei de desmantelar la presencia del Estado en el sector aerocomercial. La operación se realizará bajo la figura de “empresa en marcha”, garantizando la continuidad de los contratos y las operaciones durante el tránsito hacia la gestión privada.

En un nuevo movimiento orientado a profundizar la reconfiguración del mapa aerocomercial argentino, el titular de la cartera de Economía, Luis Caputo, confirmó que este juenes será un día clave para el proceso de transferencia de Intercargo al ámbito privado. A través de un anuncio difundido en sus cuentas oficiales en redes sociales, el funcionario adelantó que en las próximas horas se harán públicas las “bases y condiciones” que regirán la privatización de la compañía encargada de los servicios de rampa, asistencia a aeronaves y operaciones en tierra en los principales aeropuertos del país.

La medida cristaliza una de las promesas centrales que el presidente Javier Milei sostuvo desde su asunción: reducir al mínimo la injerencia estatal en el rubro aerocomercial. Hasta ahora, la administración libertaria había dado pasos en esa dirección mediante la ampliación de rutas aéreas concesionadas y la desregulación del entramado normativo que regía el sector, pero la decisión sobre Intercargo representa un salto cualitativo al apuntar directamente a una empresa con participación estatal mayoritaria y un rol estratégico en la logística aeroportuaria.

De acuerdo con los detalles proporcionados por Caputo, el proceso de privatización se llevará adelante bajo la modalidad conocida como “empresa en marcha”, un esquema diseñado para que la firma no detenga sus operaciones mientras avanza la transición hacia los nuevos propietarios. Este mecanismo contempla la cesión total del paquete accionario en manos del Estado nacional, la salida definitiva del sector público de su rol accionista y la preservación de la continuidad operativa en todos los aeropuertos donde actualmente la compañía presta servicios.

El funcionario encuadró esta iniciativa dentro de una estrategia de mayor alcance impulsada por el Ejecutivo, orientada a imprimir una apertura sin precedentes al capital privado en áreas que tradicionalmente estuvieron bajo la órbita estatal. En ese sentido, remarcó que la iniciativa no surge de manera aislada, sino que se suma a la desregulación del mercado aerocomercial ya instrumentada y a la autorización de nuevos actores para competir en la prestación de servicios aeroportuarios, buscando así desarmar estructuras de mercado percibidas como monopólicas.

Un aspecto central que el ministro se ocupó de subrayar es el resguardo de los marcos contractuales vigentes. Según su explicación, durante todo el período de traspaso se mantendrán intactos los contratos laborales, las licencias habilitantes y el engranaje operativo actual, con el propósito explícito de evitar cualquier tipo de interrupción en la asistencia a las aeronaves y garantizar que las aerolíneas y los pasajeros no sufran alteraciones en el servicio mientras se concreta la transición.

Caputo sostuvo que el espíritu de la medida apunta a generar condiciones de mayor competitividad, optimizar los niveles de eficiencia y elevar la calidad de las prestaciones ofrecidas en las terminales aéreas. En sus declaraciones, asoció la decisión a una concepción determinada sobre el rol del Estado, al señalar que el Gobierno considera que el sector público debe concentrarse exclusivamente en establecer reglas de juego transparentes, fomentar la libertad económica y propiciar un clima propicio para la radicación de inversiones privadas, dejando en manos de los particulares la gestión de las actividades productivas y comerciales.

De esta manera, la privatización de Intercargo se perfila como una de las operaciones de mayor envergadura en la estrategia de desestatización impulsada por la actual administración, y su avance será monitoreado de cerca tanto por los actores del sector aerocomercial como por los sindicatos vinculados a la actividad, que ya anticipan un escenario de profundos cambios en las condiciones de trabajo y en la estructura del sector.

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