En una entrevista radial, el concejal sostuvo que la flamante ordenanza busca ordenar un servicio que creció como “refugio del desempleo” ante la pérdida de miles de puestos de trabajo. Cuestionó la falta de información de la empresa y vinculó la problemática con las políticas de desindustrialización impulsadas por el gobierno nacional.
En medio de un escenario atravesado por la recesión económica y la creciente precarización del empleo, el concejal de Río Grande, Jonatan Bogado, brindó detalles pormenorizados sobre la ordenanza sancionada recientemente por el Concejo Deliberante que establece un marco regulatorio para el funcionamiento de las plataformas digitales de transporte, con especial foco en la actividad de Uber. La entrevista, mantenida en el programa “El Primero de la Fila” que se emite por FM La Isla, sirvió de marco para que el edil expusiera los fundamentos de una normativa que, según reconoció, nació en un clima de tensión, controversias y con notorias limitaciones de información fehaciente.
Uno de los aspectos salientes de sus declaraciones giró en torno a la falta de datos precisos que permitieran dimensionar con exactitud el fenómeno. Bogado admitió que, ante la negativa de la compañía a compartir estadísticas internas, el municipio carece de cifras concretas acerca de la cantidad de vehículos que operan bajo esa modalidad en la ciudad. Esta opacidad, explicó, dificulta no solo la toma de decisiones ajustadas a la realidad, sino también la diferenciación clara entre quienes se desempeñan exclusivamente como conductores de aplicaciones y aquellos que alternan esa actividad con el servicio tradicional de taxis o remises. Frente a esa complejidad, justificó la implementación de un cupo para las habilitaciones como una herramienta necesaria para ordenar un sector que, advirtió, sufre los embates de una sobreoferta de servicios. Señaló que esta saturación no constituye un fenómeno aislado de la ciudad fueguina, sino que se replica en distintos puntos del país como una consecuencia directa de la crisis laboral y el sostenido incremento de la desocupación.
Lejos de considerar a Uber como un sistema de transporte novedoso o disruptivo, el concejal optó por encuadrarlo dentro de una categoría ya existente. Sostuvo con énfasis que se trata esencialmente de una “remisería digital”, es decir, una herramienta tecnológica que facilita el vínculo entre el pasajero y el prestador, pero que no modifica la naturaleza del servicio. En ese sentido, destacó que el porcentaje que la plataforma retiene por viaje, ubicado entre el 40 y el 45 por ciento del valor abonado por el usuario, representa un costo significativo que no se condice con la idea de una innovación desregulada. Fue bajo esa óptica que defendió el principio rector de la ordenanza: “igual servicio, iguales requisitos”. Remarcó con firmeza que el transporte de pasajeros con fines onerosos constituye una potestad indelegable del Estado municipal, por lo que no resulta admisible que cualquier persona pueda ejercerlo sin someterse a controles, habilitaciones ni obligaciones fiscales.
Uno de los pasajes más profundos de la entrevista tuvo lugar cuando Bogado trazó un puente directo entre la expansión de las plataformas digitales y el deterioro del mercado laboral en la región. Reveló que en Río Grande se registró una pérdida cercana a los diez mil puestos de trabajo, un vacío que empujó a centenares de vecinos a volcarse hacia estas aplicaciones en busca de ingresos urgentes. Sin embargo, lejos de considerar esta salida como una alternativa virtuosa, definió a Uber como un “refugio del desempleo”, un espacio donde quienes antes contaban con empleos estables terminan sometidos a condiciones extremas. Ilustró esa realidad con el caso de conductores que llegan a trabajar jornadas de catorce o dieciséis horas diarias para obtener un promedio de quince mil pesos, una cifra que calificó de insuficiente y hasta inmoral en relación con el esfuerzo desplegado.
En ese mismo orden de análisis, el edil no dudó en cargar las tintas contra las directrices económicas del gobierno que conduce Javier Milei. Señaló que la desindustrialización, lejos de ser un fenómeno inevitable, responde a políticas concretas que erosionaron el entramado productivo fueguino y deterioraron el poder adquisitivo de los hogares. Con tono crítico, aclaró que no es el Concejo Deliberante el que deja a los ciudadanos sin fuentes laborales, sino un modelo nacional que privilegia la apertura desregulada por sobre la protección de la industria local.
El concejal también dirigió su mirada hacia el marco normativo nacional vinculado a los trabajadores de plataformas, al que cuestionó por fomentar esquemas de precarización encubierta. Denunció que las empresas suelen presentar a quienes prestan servicios como socios o colaboradores independientes cuando, en los hechos, existe una relación de dependencia que no es reconocida ni protegida legalmente. Enfatizó que jornadas laborales excesivas no pueden ser enmarcadas bajo el ropaje de la libertad emprendedora, sino que constituyen una manifestación cruda de la necesidad, y advirtió sobre lo que definió como una peligrosa “naturalización de la explotación” en el discurso público.
En cuanto al proceso de gestación de la ordenanza, Bogado destacó que la iniciativa cosechó un respaldo unánime en el seno del cuerpo legislativo local, aunque reconoció las dificultades para construir consensos con un sector de conductores que carece de una representación unificada. Relató que mantuvieron encuentros con distintos choferes, entre los cuales hubo posturas encontradas, pero subrayó que la ausencia de una voz única que aglutine al colectivo dificultó un diálogo más estructurado.
Para concluir, el edil buscó poner en perspectiva el alcance del debate, señalando que la discusión acerca de las plataformas digitales no puede reducirse a una disputa gremial entre Uber y el transporte tradicional. Planteó que, en el fondo, lo que está en juego es una disyuntiva de fondo entre dos modelos: aquel donde el Estado interviene para regular y proteger derechos, y otro en el que el mercado desregulado termina por enfrentar a los trabajadores entre sí en condiciones de vulnerabilidad extrema. En ese marco, reclamó la activación de herramientas como el Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva como un camino para generar empleo genuino en la provincia, al tiempo que lanzó una advertencia: sin una modificación sustancial del rumbo económico, la situación actual no hará más que profundizarse en los meses venideros, con nuevas oleadas de trabajadores buscando refugio en actividades que, lejos de brindar estabilidad, profundizan la precariedad.
