El fallecimiento por sobredosis del doctor Alejandro Salazar, profesional del Hospital Rivadavia, destapó una investigación que apunta a la sustracción de sustancias como propofol y fentanilo fuera del ámbito quirúrgico. La Justicia ordenó la apertura del teléfono celular del médico fallecido y mantiene una prohibición de contacto y salida del país para los acusados.
En las últimas horas, el ámbito de la salud argentina se vio profundamente sacudido por un hecho que combina la tragedia personal con una presunta trama de desvío de medicación de alto riesgo. El hallazgo sin vida del anestesiólogo Alejandro Salazar, quien se desempeñaba en el reconocido Hospital Rivadavia, conmocionó a sus colegas y encendió las alarmas judiciales tras confirmarse que el deceso obedeció a una sobredosis. En el centro de la escena aparecen ahora dos profesionales vinculados al servicio de Anestesia del Hospital Italiano, quienes fueron formalmente imputados por su presunta participación en la sustracción y uso ilegítimo de poderosos analgésicos y sedantes.
Los señalados son los doctores Hernán Boveri y Delfina Lanusse. El primero es un exprofesional del área del Hospital Italiano, mientras que la segunda se desempeña como residente de tercer año en esa misma institución. Ambos integraban la dependencia de anestesiología del nosocomio, un detalle que agrega una capa de gravedad al expediente, dado que se investiga si utilizaron su posición privilegiada dentro del sistema de salud para acceder a estupefacientes de uso estrictamente controlado, como el fentanilo y el propofol, con fines recreativos o para abastecer encuentros de carácter privado, alejados por completo de cualquier práctica terapéutica legítima.
El caso tomó un giro decisivo cuando el cuerpo de Alejandro Salazar fue localizado en su departamento del barrio porteño de Palermo. En el lugar, los pesquisas hallaron un teléfono celular que permanece bloqueado y cuyo contenido es considerado de valor estratégico para la pesquisa. Por tal motivo, las autoridades solicitaron la intervención de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, dependiente de la órbita del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de sortear las barreras de seguridad del dispositivo y extraer mensajes, registros de llamadas, fotografías o cualquier otro rastro digital que pudiera arrojar luz sobre la red de distribución o el destino final de los medicamentos hurtados.
Un punto que los investigadores se esmeraron en precisar en las presentaciones oficiales es que, al menos en esta etapa procesal, no se atribuye a los imputados la condición de narcotraficantes o “dealers” en el sentido penal tradicional. La pesquisa no apunta a una organización dedicada al tráfico ilícito de estupefacientes a gran escala, sino que se concentra en investigar su presunta responsabilidad en la sustracción, el acopio y la utilización personal o compartida de esos potentes compuestos fuera del entorno médico asistencial. Esta distinción es clave, ya que redefine el corazón de la causa: no se trata de un caso común de narcotráfico callejero, sino de una presunta desviación de fármacos desde el corazón mismo de un hospital, cometida por profesionales que conocían a la perfección los protocolos y los mecanismos de control.
En el plano procesal, fuentes judiciales confirmaron que ambos facultativos fueron convocados a prestar declaración indagatoria en fechas separadas. Hernán Boveri se presentó ante la justicia el 18 de marzo, mientras que Delfina Lanusse hizo lo propio el 25 del mismo mes. Durante su comparecencia, Boveri ejerció su derecho a guardar silencio y optó por no realizar ningún descargo verbal. En cambio, Lanusse sí brindó un testimonio, aunque sus declaraciones se orientaron hacia cuestiones de índole personal y un intento por posicionarse como víctima de las circunstancias, un planteo que, según indicaron los voceros consultados, no aportó elementos sustanciales ni esclarecedores vinculados al eje central del expediente. La profesional anticipó además que complementaría su defensa con una presentación escrita.
Como parte de las medidas cautelares y para garantizar el normal avance de la instrucción, el magistrado a cargo del caso impuso a Boveri y a Lanusse una prohibición de contacto mutuo y una restricción para abandonar el territorio nacional. A estas disposiciones se suman otras diligencias probatorias que continúan desarrollándose, entre las que sobresale el intento por desbloquear el teléfono del fallecido doctor Salazar, cuyo contenido podría resultar determinante para confirmar o descartar hipótesis sobre la procedencia de los estupefacientes, la existencia de eventuales cómplices o la recurrencia de estas prácticas en el ambiente anestesiológico. La comunidad médica sigue con atención cada novedad de un caso que ha expuesto las grietas en el control de sustancias sensibles dentro de los propios quirófanos argentinos.
