La Casa Rosada declaró “persona no grata” a Mohsen Soltani Tehrani, máximo representante de la República Islámica en Buenos Aires, tras calificar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista. Teherán respondió con duros señalamientos contra Javier Milei, mientras la ruptura de vínculos bilaterales se vislumbra como un desenlace inminente.
En un movimiento que sacude los cimientos de la ya deteriorada relación bilateral, el gobierno argentino resolvió expulsar al encargado de Negocios de Irán acreditado en Buenos Aires, el diplomático Mohsen Soltani Tehrani, quien oficiaba virtualmente como embajador ante la falta de representantes de mayor rango. Esta decisión, que concede un brevísimo plazo de cuarenta y ocho horas para que el funcionario abandone el territorio nacional, constituye la pieza central de una progresiva escalada que comenzó semanas atrás cuando la administración de Javier Milei, en un gesto interpretado como una adhesión casi mecánica a los intereses de Estados Unidos e Israel, incluyó a la Guardia Revolucionaria iraní en su listado de organizaciones terroristas.
La respuesta de Teherán no se hizo esperar y adquirió la forma de un comunicado de una virulencia inusitada, difundido desde la legación iraní en Montevideo, en el cual se acusó al mandatario argentino de someterse a los dictados “del régimen sionista ocupante y de Estados Unidos”. Frente a esta andanada verbal, la Cancillería argentina consideró que dichas expresiones constituían “una inaceptable injerencia en los asuntos internos del país y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional”, justificando así la medida extrema contra Tehrani. Es casi un hecho que Irán replicará con una determinación especular, expulsando al encargado de Negocios argentino en Teherán, Marcelo Jordán, aunque esta represalia carecería de efectos prácticos reales: Jordán abandonó la capital persa tiempo atrás, cuando se desataron los ataques con misiles israelíes en 2025. La perspectiva de una ruptura formal de lazos diplomáticos se percibe, por tanto, como un paso casi inevitable a muy corto plazo.
Analistas coinciden en señalar que toda esta secuencia responde a una suerte de sobreactuación política destinada a reiterar, casi de manera ostentosa, que el gobierno argentino ha elegido sin matices el bando de Estados Unidos y su aliado israelí en el complejo tablero de la confrontación contra Irán. Resulta evidente que la declaración de la Guardia Revolucionaria —una poderosa fuerza paralela compuesta por militantes islámicos que opera con autonomía del ejército regular— como entidad terrorista no modifica en absoluto la realidad bélica preexistente ni agrega ni sustrae capacidades al conflicto de fondo. No fue más que un acto simbólico que, casi de inmediato, cosechó el agradecimiento público del canciller israelí, Gideon Sa’ar, a través de la plataforma X.
La administración Milei bien podría haber esgrimido argumentos de mayor sustancia para fundamentar su decisión: la Guardia Revolucionaria constituye una pieza clave en el aparato represivo del régimen de los ayatolas, responsable directo de la feroz represión contra las protestas ciudadanas que sacudieron Irán en 2025, así como una maquinaria dedicada a imponer condiciones de vida vejatorias y opresivas para las mujeres iraníes. Sin embargo, fuentes cercanas al poder ejecutivo admiten que estas razones nunca estuvieron en el centro del debate, sencillamente porque el actual gobierno no sintoniza ni con las rebeliones democráticas ni mucho menos con las luchas feministas en Oriente Medio. De modo que la argumentación oficial se limitó a una fórmula vacía pero altamente significativa: “el respaldo a los valores de Occidente”.
No puede obviarse que las relaciones con la teocracia de los ayatolas permanecen congeladas desde los atentados perpetrados en Buenos Aires contra la Embajada de Israel (1992) y la sede de la AMIA (1994). En aquella época, ambos países retiraron a sus embajadores y el vínculo quedó reducido al nivel de encargados de Negocios, el mismo que acaba de ser dinamitado. Aquellos ataques dieron origen a causas judiciales durante el gobierno de Carlos Menem, que acumularon más informes de inteligencia que pruebas fehacientes, pero que terminaron apuntando a Hezbollah, la organización libanesa alineada con Teherán, como autora material de los atentados. Según la hipótesis fiscal, la orden de colocar los coches bomba en Buenos Aires se habría tomado en una cumbre de las máximas autoridades iraníes celebrada en la ciudad de Mahshad, en noviembre de 1993. Sobre esa reunión, solo declararon opositores al régimen iraní que, además, fueron modificando sus versiones según las necesidades de la acusación.
El Congreso argentino ya sancionó la ley de juicio en ausencia y todo indica que, en algún momento de 2027, se intentará juzgar a dirigentes iraníes por ambos atentados. El fiscal a cargo de la causa AMIA, Sebastián Basso, formalizó la imputación y el proceso avanza hacia un juicio, aunque la mayoría de las organizaciones de familiares de víctimas desconfían profundamente de esta estrategia, advirtiendo que podría tratarse de una maniobra para cerrar definitivamente la causa sin condenas efectivas. Irán, por su parte, ha sostenido consistentemente su inocencia, condenó los ataques en su momento y denuncia una conspiración urdida por las derechas estadounidense e israelí.
Cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su canciller Héctor Timerman intentaron abrir un canal para que los acusados iraníes declararan ante jueces argentinos en Teherán, el denominado Memorándum de Entendimiento fue declarado inconstitucional por el aparato judicial de Comodoro Py, que además lo consideró un delito pese a que jamás entró en vigencia. De hecho, fue el propio Irán quien terminó por no aprobarlo.
Lo cierto es que la escalada actual no tiene fundamento en la investigación judicial de los atentados, sino que responde exclusivamente a consideraciones geopolíticas y a la voluntad explícita del gobierno de Milei de multiplicar los gestos de fidelidad hacia Washington y Jerusalén. El propio Presidente ya había calificado a Irán como “enemigo” y lanzó una inquietante profecía: “vamos a ganar la guerra”, colocándose de manera nítida en el bando estadounidense-israelí. Lo ocurrido después no fue otra cosa que el despliegue de esa retórica explosiva —que ningún otro país del mundo ha emulado— y que ahora desemboca en la expulsión del representante iraní. La ruptura de relaciones diplomáticas, lejos de ser una mera especulación, se anuncia como un desenlace casi seguro y probablemente inminente.
