Los listados de precios remitidos a cadenas de supermercados y distribuidores mayoristas en los últimos días evidencian incrementos generalizados en bienes de consumo cotidiano. El fenómeno, que abarca desde lácteos y yerbas hasta frutas y hortalizas, coloca en jaque el principal argumento político que la administración buscaba exhibir: la desaceleración de los índices de precios.
Las góndolas volvieron a convertirse en el espejo más fiel de la temperatura económica. En las últimas jornadas, las listas de precios que comenzaron a circular entre supermercados y comercios de venta al por mayor dejaron al descubierto un nuevo coletazo alcista, con remarcaciones que en ciertos rubros alcanzan el 12 por ciento. Este movimiento, lejos de ser una excepción, se extiende como una mancha sobre productos elementales de la canasta diaria —alimentos, bebidas y artículos de limpieza— y termina de sellar un piso inflacionario cercano al tres por ciento mensual, poniendo en jaque el principal activo político que el Gobierno pretendía mostrar como trofeo: la desaceleración de los precios.
El fenómeno no responde a un hecho aislado ni puntual. Por el contrario, atraviesa múltiples rubros con una persistencia que inquieta a los operadores del sector. En los depósitos mayoristas, por caso, se detectaron ajustes de hasta el 12 por ciento en pomadas; incrementos del orden del 8 al 9 por ciento en quesos; subas de entre el 7 y el 9 por ciento en yerbas; y un aumento cercano al 9 por ciento en azúcar y edulcorantes. Los productos de limpieza treparon alrededor del 8 por ciento; las salchichas, un 7 por ciento; los lácteos, un 6,5 por ciento; y los jabones, un 6 por ciento. En el caso de las harinas, insumo estratégico para la mesa de los argentinos, los listados reflejaron alzas del 6,5 por ciento, mientras que el pan rallado se encareció un 2,5 por ciento.
Los alimentos frescos evidencian una dinámica aún más vertiginosa. Entre marzo y abril, las frutas registraron saltos de hasta el 40 por ciento, en tanto que las hortalizas sufrieron incrementos que en ciertos casos llegaron al 70 por ciento. Dos ejemplos concretos ilustran con crudeza esta tendencia: la papa y la cebolla escalaron más del 50 por ciento en apenas algunas semanas, mientras que el tomate mostró alzas cercanas al 40 por ciento. Se trata de componentes básicos de la canasta alimentaria, por lo que estas modificaciones refuerzan la inercia inflacionaria y golpean sin anestesia el bolsillo de los hogares, en un contexto donde los ingresos reales permanecen rezagados.
Los fletes tampoco quedaron exentos. Impulsados en buena medida por la suba del combustible —consecuencia directa del conflicto bélico internacional—, registraron un incremento del 8,4 por ciento en moneda local y del 12 por ciento en dólares en comparación con la medición previa. Este fenómeno afecta de lleno la competitividad de la cadena logística y, por lo tanto, se traslada sin demora a los precios finales. En productos de primera necesidad, la presión resulta generalizada: lácteos, harinas, bebidas, artículos de higiene y limpieza muestran ajustes que, aunque en algunos casos se aplican de manera escalonada, terminan acumulando subas relevantes en el lapso de pocas semanas. La consecuencia es inmediata: el costo de vida vuelve a tensionarse y la desaceleración inflacionaria que el Gobierno pretende erigir como su principal logro económico comienza a evidenciar signos de agotamiento.
El contraste con lo que ocurría hace apenas un mes resulta elocuente. En aquel entonces, los supermercadistas afirmaban que no estaban recibiendo listas con aumentos y que incluso se observaban intentos de sostener precios ante la caída del consumo. Ese escenario mutó de manera abrupta. La conjunción de subas en los combustibles, recomposición de costos y expectativas inflacionarias volvió a activar la cadena de remarcaciones. “El incremento de la urea repercute de manera directa en los costos de producción, especialmente en cultivos como el trigo”, explicó Nicolle Pisani Claro, economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). De este modo, la presión sobre un insumo clave para la elaboración de harina y sobre otras materias primas no deriva únicamente del alza en los combustibles, sino también de productos esenciales para el sector agropecuario.
La suba de las naftas aparece como uno de los detonantes centrales. Su impacto se propaga rápidamente por toda la estructura de costos: logística, transporte y distribución. Ese efecto cascada termina reflejándose en los precios finales de los alimentos y bienes básicos. A ello se suma la incertidumbre macroeconómica, que empuja a las empresas a ajustar precios de manera preventiva. Los mayoristas, en este contexto, ya anticipan que la inflación se ubicará por encima del tres por ciento mensual en los próximos meses. Esa cifra no es menor: implica abandonar la senda descendente que el Gobierno buscaba consolidar y regresar a un esquema de inflación persistente, difícil de quebrar.
La preocupación no se limita a los precios. El problema se agrava por el lado de los ingresos. Las empresas del sector advierten que el consumo continúa en caída libre y que no disponen de margen para convalidar aumentos salariales. De hecho, algunos mayoristas ya rechazaron acuerdos paritarios bajo el argumento de que la demanda no acompaña. El resultado es un círculo vicioso: salarios que no crecen, consumo que se desploma y precios que, sin embargo, siguen subiendo. Ese cóctel —suba de costos, caída del consumo y presión inflacionaria— ya había sido señalado como un riesgo para el sector supermercadista. Ahora empieza a materializarse con mayor intensidad. Las empresas enfrentan una doble tensión: por un lado, proveedores que aumentan precios; por el otro, consumidores que restringen sus compras.
El deterioro del poder adquisitivo se refleja en cambios concretos en los hábitos de consumo. Se observa una mayor búsqueda de segundas marcas, una reducción en la compra de productos no esenciales y una caída en el volumen general de ventas. Incluso en alimentos básicos, las cantidades consumidas muestran retrocesos. A este escenario se suma el contexto productivo: la industria continúa exhibiendo señales de debilidad, con niveles de actividad por debajo de los registrados en años anteriores y una capacidad instalada que no logra recuperarse. El impacto sobre el empleo también es evidente.
Las propias declaraciones oficiales comienzan a reconocer tensiones. El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió recientemente que la inflación podría volver a subir en el corto plazo y expresó preocupación por la velocidad de la recuperación económica. Se trata de un giro discursivo significativo respecto de los meses anteriores, cuando el foco estaba puesto en destacar la baja de los precios como principal logro. El problema para el Gobierno es que ese logro empieza a diluirse. Con una inflación que se estabiliza en torno al tres por ciento mensual, el margen para mostrar mejoras sustanciales se reduce. Más aún si se considera que ese nivel implica una inflación anual todavía elevada y con fuerte impacto en los ingresos reales.
La dinámica de los alimentos es particularmente sensible. Se trata del componente con mayor incidencia en el gasto de los hogares de menores ingresos, por lo que cualquier aumento tiene un efecto regresivo inmediato. Las subas en productos como yerba, harinas, lácteos o aceites no solo afectan el bolsillo, sino que también condicionan el acceso a bienes básicos. El resultado es una recomposición general de precios que se vuelve difícil de contener. A diferencia de otros momentos, no es un solo rubro el que empuja la inflación, sino una dinámica más extendida que involucra tanto bienes básicos como productos de consumo masivo.
Desde el punto de vista político, el impacto es directo. La baja de la inflación había sido presentada como el principal indicador de éxito del programa económico. Con la reaparición de aumentos generalizados y la perspectiva de un piso del tres por ciento mensual, ese argumento pierde fuerza. Al mismo tiempo, la falta de recuperación del consumo y la persistencia de la crisis industrial limitan la posibilidad de mostrar mejoras en otros frentes. La combinación de inflación resistente, salarios rezagados y actividad débil configura un escenario complejo, con riesgos crecientes hacia adelante. En definitiva, las góndolas vuelven a ser el termómetro más claro de la economía. Allí se refleja, de manera inmediata, el impacto de las decisiones macroeconómicas y las tensiones del modelo.
