Mientras la administración libertaria enfrenta denuncias por una presunta estafa vinculada a la criptomoneda LIBRA y el sospechoso enriquecimiento del vocero presidencial, un escándalo silencioso crece en los despachos oficiales: créditos multimillonarios del Banco Nación a funcionarios y legisladores afines, otorgados en condiciones preferenciales. La salida fulminante del jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi, es apenas la punta visible de un sistema que la oposición ya califica como “ventanilla de privilegios”.
En medio de un relato oficial que predica el achicamiento del Estado, la privatización de la banca pública y el endurecimiento del acceso al crédito para la ciudadanía común, el gobierno de La Libertad Avanza se ve ahora sacudido por una polémica que expone una grieta insoslayable entre el discurso de austeridad y las prácticas concretas de sus propios representantes. Mientras aún resuenan las acusaciones por la criptoestafa LIBRA y la evolución patrimonial del vocero Manuel Adorni, cuyos incrementos de fortuna despiertan más interrogantes que certezas, una nueva crisis institucional trepa a la escena política: un festival de préstamos millonarios otorgados a funcionarios y legisladores libertarios por parte del Banco Nación, en condiciones que muchos califican, al menos, como moralmente sospechosas.
El hecho ya desencadenó consecuencias concretas y visibles. El viernes pasado, fue despedido de su cargo Leandro Massaccesi, jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, una dependencia liderada por Sandra Pettovello. Sin embargo, el ahora exfuncionario no se mantuvo en silencio: en las últimas horas realizó un encendido descargo público para sostener que la operatoria crediticia se ajustó a la legalidad vigente. “No cometí ningún acto ajeno a la ley”, declaró, al tiempo que aseguraba: “No vine a la política a servirme de ella”. Una afirmación que contrasta con los números: Massaccesi accedió a un préstamo hipotecario de 400 millones de pesos, aprovechando tasas preferenciales del banco estatal, un beneficio que la mayoría de los argentinos no tiene a su alcance.
Pero su caso no es el único ni el más abultado. En la mira pública han quedado nombres de alto voltaje dentro del ecosistema libertario. Entre ellos sobresale el secretario de Finanzas, Federico Furiase; el asesor del Ministerio de Economía, Felipe Núñez; y Juan Pedro Inchauspe, miembro del directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Entre los tres acumularon préstamos por un valor cercano a los mil millones de pesos, según fuentes parlamentarias. Hasta el momento, ninguno de ellos ofreció explicación alguna sobre el origen de esas operaciones, los criterios de aprobación o su real capacidad de pago.
En el terreno legislativo, el nombre más visible es el del diputado nacional rosarino Alejandro Bongiovanni, una pieza clave en la estrategia oficialista. Bongiovanni, quien saltó del PRO al bloque libertario en el momento justo en que el oficialismo necesitaba alcanzar la primera minoría en la Cámara de Diputados, obtuvo un crédito de 185 mil dólares. Frente a las críticas, el santafesino salió al cruce: “Es falso que hayamos tenido algún tipo de privilegio. Fueron las condiciones de ese momento, mediados del año pasado, para todos los que cobran sus haberes en el banco. Saqué un crédito, como hicieron decenas de miles de personas en 2025”, argumentó.
Sin embargo, los plazos y los montos generan escozor en la oposición. El crédito a Bongiovanni fue otorgado poco después de su cambio de bancada, una maniobra que resultó decisiva para que el gobierno consiguiera fortalecer su número de bancas. El diputado, además, es sobrino de Gerardo Bongiovanni, fundador de la Fundación Libertad de Rosario, un espacio que promueve el achicamiento del Estado y que funciona como usina ideológica del liberalismo extremo. Su primo, Ignacio “Nacho” Bongiovanni, dirige la misma fundación en Madrid, desde donde, según algunas investigaciones periodísticas, opera en la exportación del modelo libertario a partidos de la ultraderecha global, enseñando mecanismos de recaudación y técnicas de lobby. En sus redes sociales, Ignacio no oculta su cercanía con el vocero Manuel Adorni, otro de los funcionarios bajo la lupa por su sospechosa evolución patrimonial.
Frente a este panorama, la oposición política no tardó en movilizarse. El diputado socialista Esteban Paulón presentó pedidos de informes al Banco Nación, al Banco Central y al Poder Ejecutivo con el objetivo de determinar si existió influencia indebida de los cargos institucionales o acceso a información privilegiada para la aprobación de estos créditos. “La cúpula del Banco Nación parece haber habilitado una ‘ventanilla de privilegios’ para los propios funcionarios que diseñan la política económica del país”, disparó Paulón con dureza.
En la misma dirección, la diputada nacional Mónica Frade, de la Coalición Cívica, solicitó la apertura de una investigación para esclarecer si las operaciones crediticias encubren delitos como “tráfico de influencias” o “administración fraudulenta”. En su presentación judicial, Frade señaló un aspecto central: los montos recibidos por varios de estos funcionarios no guardan relación razonable con sus ingresos declarados ni con su capacidad financiera para afrontar los pagos. Una observación que abre una segunda línea de sospecha: ¿cómo se aprobaron esos préstamos sin las garantías habituales que cualquier ciudadano común debe presentar?
Los créditos en cuestión fueron otorgados durante la gestión de Daniel Tillard al frente del Banco Nación. Hoy, la entidad está dirigida por Darío Wasserman, esposo de Pilar Ramírez, una de las operadoras políticas de Karina Milei en la Ciudad de Buenos Aires. Eslabones familiares, alianzas estratégicas y decisiones financieras que parecen moverse al compás de una lógica muy distinta a la que el gobierno predica desde los atriles.
Mientras la administración libertaria insiste en la necesidad de ajustar el cinturón, cerrar la fábrica de empleados públicos y reducir el déficit, lo que ocurre puertas adentro del poder dibuja una realidad incómoda: tasas preferenciales, préstamos siderales y silencios cómplices. La crisis, lejos de resolverse, se profundiza. Y el costo político, aún imprevisible, comienza a sentirse en los pasillos del Congreso y en la opinión pública, cada vez más atenta a las contradicciones de quienes prometieron pureza de acción y hoy enfrentan acusaciones de haber montado, sin pudor, su propia caja de privilegios.
