El funcionario, ratificado por los hermanos Milei, deberá explicar el origen de su patrimonio ante nuevos pedidos de prueba de la fiscalía. Viajes no declarados, propiedades escrituradas por sumas dudosas y un crédito otorgado por dos jubiladas que niegan conocer la operación acrecientan la tormenta política.
El jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, transita sus horas más complejas desde que asumió el cargo, acorralado por una serie de investigaciones judiciales que crecen sin pausa y amenazan con desnudar fisuras en el blindaje oficial. En medio de este vendaval, el funcionario encabezará este lunes una reunión de gabinete en su despacho de la Casa Rosada, un gesto que desde el Gobierno intentan leer como muestra de normalidad institucional, aunque los expedientes judiciales avanzan a paso firme. Por ahora, los hermanos Milei sostienen su confianza en Adorni y lo ratifican en el puesto, pero el cerco judicial se estrecha día tras día con nuevas medidas que prometen sacudir los cimientos de su gestión.
El lunes próximo, la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita impulsará una batería de diligencias probatorias orientadas a desentrañar los pormenores de los desplazamientos internacionales que el jefe de Gabinete realizó desde 2023 hasta la actualidad. Según fuentes judiciales, se contabilizan aproximadamente diecinueve viajes, aunque la cifra oscila entre quince y diecinueve según el registro oficial al que accedió el diario Clarín a través de un documento de la Dirección de Migraciones. El representante del Ministerio Público busca determinar el destino concreto de cada uno de esos traslados, incluyendo aquellos en los que la esposa de Adorni, Betina Ageletti, viajó a Europa sin la compañía del funcionario. La pregunta central que intenta responder la investigación es si el matrimonio poseía los recursos económicos para costear esos desplazamientos o si, por el contrario, nos encontramos ante indicios de enriquecimiento ilícito. Adorni deberá explicar aquello que hasta el momento no ha podido justificar: el origen de los fondos que engrosaron de manera tan significativa su patrimonio.
El miércoles, en tanto, se producirá otro capítulo clave en esta saga judicial. Ese día está citada a declarar ante la fiscalía Adriana Mónica Nechevenko, la escribana que intervino en la adquisición de dos inmuebles que no figuran en las declaraciones juradas del funcionario. Se trata de una casa ubicada en el country Indio Cuá Golf Club, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, cuya transacción se concretó en 2024 por un valor de mercado que se estima entre 129 mil y 249 mil dólares, y un departamento en el barrio porteño de Caballito, comprado en 2025 a un precio cercano a los 500 mil dólares, aunque en la escritura aparece asentado en 200 mil junto a un crédito otorgado por dos mujeres que resulta, cuanto menos, sospechoso. La escribana deberá aportar luz sobre estos contratos que, en apariencia, ocultan más de lo que revelan.
El primer desplazamiento que encendió todas las alarmas fue el viaje que Adorni realizó con su núcleo familiar a Punta del Este durante el fin de semana largo de carnaval, a bordo de una aeronave privada. Lo acompañó su amigo, el periodista Marcelo Grandío, quien habría sido la persona que costeó los pasajes. A partir de ese momento, la pesquisa se ramificó y comenzaron a surgir otros destinos. Muchos de los traslados registrados no representan el punto de llegada final, lo que dificulta la tarea de los investigadores para establecer un itinerario certero. En la nómina también aparecen viajes que Adorni realizó como parte de la comitiva oficial de Javier Milei, junto a otros que emprendió su cónyuge en soledad hacia el viejo continente. El fiscal Pollicita tendrá que discernir cuáles de esos desplazamientos no estuvieron vinculados a funciones gubernamentales y, en ese caso, establecer si el funcionario los pagó con sus propios ingresos y con qué dinero lo hizo.
Mientras el escándalo vinculado a Adorni no concede tregua al oficialismo, en los últimos días también irrumpió en la agenda pública la polémica por los créditos hipotecarios que el Banco Nación concedió a diversos dirigentes y funcionarios del gobierno. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió apartar de su cargo a Leandro Massaccesi, su jefe de Gabinete, tras conocerse que su nombre aparecía en el listado de beneficiarios con uno de los montos más elevados: casi 420 millones de pesos. Esta decisión, leída por muchos como un intento de despegarse de la controversia, no hizo más que sumar tensión a un clima ya de por sí enrarecido.
Asediado por las denuncias de presunto enriquecimiento ilícito y dádivas, Adorni resolvió contratar a Matías Ledesma como su abogado defensor. Se trata de un reconocido penalista que integra un estudio jurídico con una trayectoria controversial, habiendo representado a empresarios como Alfredo Yabrán y Antonini Wilson. En la cartera de clientes de Ledesma también figura Silvio Robles, hombre de confianza de Horacio Rosatti, juez de la Corte Suprema, y el letrado ha defendido, entre otros, al empresario Claudio Glazman, del grupo Roggio, procesado por cohecho en la causa conocida como los Cuadernos de las coimas.
Uno de los puntos más oscuros que Adorni deberá esclarecer ante la Justicia es cómo logró concretar la compra del departamento de Caballito. En el Registro de la Propiedad Inmueble consta que el dinero para esa operación provino de un préstamo no bancario otorgado por dos jubiladas: Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. Sin embargo, consultadas por el diario La Nación, ambas mujeres manifestaron no tener conocimiento alguno sobre esa transacción y aseguraron ignorar por completo el asunto. Este préstamo, cuanto menos singular, añade una capa más de misterio a un entramado patrimonial que el funcionario no ha logrado explicar con claridad.
Después de cancelar abruptamente la conferencia de prensa que tenía prevista el miércoles de la semana pasada, ese mismo día Adorni se reunió con Javier Milei en la Quinta de Olivos. Al día siguiente, los hermanos Milei le brindaron su respaldo en público mediante un efusivo abrazo durante el acto de homenaje a los caídos en la guerra de Malvinas. Ese gesto, pensado quizás como un mensaje de unidad y solidez interna, no logró disipar las sombras que se ciernen sobre el funcionario.
Para este lunes, desde el Gobierno anticiparon que la reunión de gabinete será encabezada por el propio Adorni, y adelantaron una serie de encuentros bilaterales con distintos ministros en los próximos días: el 6 de abril a las 14 con la titular de la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el 7 a la misma hora con el ministro de Salud, Mario Lugones; y el 8 a las 10 con el ministro de Defensa, Carlos Presti. La estrategia de la Casa Rosada es clara: intentar pasar la página y reinstalar la agenda de gobierno. No obstante, esa misión se anuncia como una empresa titánica.
Adorni se encuentra actualmente inmerso en tres causas judiciales. La primera investiga el viaje a Punta del Este junto a Marcelo Grandío en un avión privado. La segunda apunta a determinar si existió un enriquecimiento ilícito a partir del análisis de su patrimonio, y ambas están a cargo del juez federal Ariel Lijo. La tercera, en tanto, se centra en la inclusión de Betina Angeletti en el avión presidencial durante el viaje que Milei realizó a Nueva York a principios de marzo. El principal dolor de cabeza para el oficialismo es que, en caso de que las causas avancen y se dicte un fallo condenatorio, no aparece en el horizonte un reemplazante claro para ocupar el lugar de Adorni. Al mismo tiempo, el oficialismo se encuentra atrapado en una encerrona paradójica: aunque el funcionario conserve su puesto, su palabra ha quedado profundamente devaluada. Cada vez que intenta instalar un tema en la agenda pública, el foco vuelve inevitablemente a su doble discurso y a las sospechas de corrupción que lo rodean, transformando cualquier intento de comunicación oficial en un boomerang que golpea al gobierno con sus propias contradicciones.
