Un escrito de 204 páginas entregado al juez Martínez De Giorgi sostiene que el presidente, su hermana Karina, el jefe de Gabinete y una red de socios locales e internacionales conformaron una asociación ilícita para consumar la estafa con la criptomoneda $LIBRA, un fraude que habría drenado más de 44 millones de dólares de pequeños ahorristas.
En un giro que transforma por completo la fisonomía de la causa por la denominada criptoestafa LIBRA, lo que hasta ahora se presentaba como un rompecabezas de evidencias fragmentadas ha encontrado una narrativa unificada y devastadora. La querella encabezada por el abogado Martín Romeo ha puesto en manos del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi una interpretación minuciosa y global de los acontecimientos que desembocaron en el multimillonario fraude, permitiendo al magistrado vislumbrar lo que los denunciantes no dudan en calificar como el accionar de una asociación ilícita. En el centro de esa organización, y con un pedido concreto de declaración indagatoria, se encuentra nada menos que el presidente Javier Milei, tal como anticipó este domingo Página/12.
El extenso documento, que supera las doscientas páginas, no se limita a apuntar al mandatario. La lupa judicial alcanza también a su hermana y principal asesora, Karina Milei; al jefe de Gabinete, Manuel Adorni; al operador Manuel Terrones Godoy; y al exfuncionario de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales, entre otros. La querella sostiene que todos ellos integraron una estructura criminal con roles perfectamente diferenciados, una maquinaria que llevaba años gestándose y que encontró en la investidura presidencial el escudo de legitimidad perfecto para ejecutar el golpe.
La arquitectura de una banda con tres niveles operativos
A la luz de las revelaciones extraídas del teléfono del trader Mauricio Novelli –a quien los investigadores identifican como el eslabón que conectaba el despacho presidencial con la punta operativa del fraude asentada en Estados Unidos–, la acusación pudo delinear con claridad el entramado. Pero ese hallazgo no fue el único cimiento. La querella se nutrió también de los aportes de especialistas en criptomonedas y de las conclusiones de la Comisión Investigadora del Congreso, acumulando pruebas durante meses.
El escrito solicita formalmente la indagatoria de Javier Milei y de otras quince personas, a las que describe como integrantes de una asociación ilícita dividida en tres grupos funcionales. En la cúpula local, un núcleo que durante años buscó dar un salto cualitativo en sus negocios, destaca la figura de Novelli junto a cómplices como Manuel Terrones Godoy. Un segundo estrato lo conforman los socios domésticos, entre los que se cuentan funcionarios del gobierno libertario. Y un tercer nivel abarca a los operadores internacionales, como Hayden Davis y Julian Peh, además de una red de colaboradores que facilitaron la fuga de capitales mediante billeteras virtuales y cuevas físicas que convertían criptomonedas en dólares en efectivo.
Una estafa con rostro y diseño previo
Para los querellantes, no existe margen para la duda: se trató de una asociación ilícita que logró infiltrarse en el Estado argentino con el propósito de ejecutar una estafa masiva a través del token $LIBRA. Lejos de tratarse de un error o un mal cálculo –como argumentó Milei en su defensa inicial–, el fraude fue premeditado de principio a fin.
La investigación sostiene que la banda liderada por Novelli vendió al grupo extranjero Kelsier, comandado por Hayden Davis, el acceso exclusivo a la figura del presidente en materia de criptoactivos a cambio de más de un millón y medio de dólares. Ese secuestro de la institucionalidad permitió a los acusados utilizar la Casa Rosada y la investidura presidencial como una fachada de legitimidad –un mecanismo que los especialistas denominan “lavado de prestigio”– para atraer a miles de pequeños inversores mediante falsas promesas sobre tecnologías disruptivas.
El momento culminante de la maniobra tuvo lugar el 14 de febrero de 2025. Ese día, mientras mantenía una conversación telefónica con Novelli –extremo comprobado por la pericia de la DATIP sobre el teléfono del broker–, Javier Milei publicó en su cuenta de Twitter el contrato del token $LIBRA. Esa publicación actuó como el disparador definitivo, el anzuelo sin el cual los inversores minoristas no habrían acudido en masa a comprar el activo. Segundos antes del anuncio oficial, billeteras virtuales vinculadas a la organización adquirieron el token utilizando información privilegiada. En el transcurso de esa misma madrugada, vaciaron toda la liquidez del mercado en una operación conocida como “Rug Pull”, una suerte de estafa piramidal exprés.
El botín ascendió a aproximadamente 44 millones y medio de dólares. Los fondos fueron desviados rápidamente hacia cuentas en el exterior y hacia cajas de seguridad físicas, mientras la banda activaba un protocolo para destruir rastros digitales.
Milei no fue un actor secundario: el presidente como instrumento
La querella enfatiza que Javier Milei no cumplió un papel periférico, sino que se erigió en el instrumento central de validación pública y coautor de la maniobra. Su investidura generó la confianza indispensable para que los ahorristas cayeran en la trampa. Pero los vínculos previos agravan aún más el cuadro: el mandatario mantenía una relación de larga data con Novelli, para quien trabajó como docente y capacitador en la academia “N&W Professional Traders” entre 2021 y 2023. Existen incluso registros de reuniones virtuales a través de Zoom en las que Milei coordinaba el dictado de clases junto a Novelli y su hermana Karina, lo que evidencia una cercanía previa que la organización habría explotado para comercializar la imagen presidencial meses antes del lanzamiento del token.
Las pruebas halladas en el teléfono de Novelli incluyen una anotación digital que reza “Pago Javier kari”, lo que abre la posibilidad de que el Presidente haya recibido una parte del botín. A ello se suma una confesión de Hayden Davis en el exterior, donde afirmó haber enviado dinero a la hermana del mandatario y declaró, con una contundencia escalofriante, que Milei “firma todo lo que yo digo”. Esa frase, que retrata una sumisión impropia de un jefe de Estado, se ha convertido en una de las piezas más inquietantes del expediente.
El juez Martínez De Giorgi tiene ahora en sus manos no solo un mosaico de indicios, sino una teoría del caso completa que espera su correspondiente verificación judicial. La decisión de llamar o no a indagatoria al presidente argentino marcará un antes y un después en una causa que ya conmueve los cimientos del poder político y financiero del país.
