Tras destaparse que el Banco Nación financió con montos de hasta 530 millones de pesos y tasas diferenciadas a funcionarios, legisladores y tuiteros oficialistas, la Asociación de Trabajadores del Estado lanzará una ofensiva irónica y contundente: copar las sucursales para reclamar las mismas condiciones que la “casta libertaria” que prometió destruir al monstruo estatal pero que, en los hechos, lo usó como su propia caja de ahorros.
La indignación se transformó en acción directa y el malestar gremial adquirió una forma de protesta inusual, atravesada por el sarcasmo y la exigencia concreta. Una vez que se hizo público que el Banco de la Nación Argentina otorgó préstamos por sumas astronómicas con tasas preferenciales a un grupo selecto que incluye a altos mandos del Gobierno, legisladores afines e incluso figuras del ecosistema digital que militan la causa libertaria, la Asociación de Trabajadores del Estado resolvió pasar del repudio a la imitación exigente. Más de un millar de delegados y miembros del gremio concurrirán a las distintas casas centrales y agencias del BNA con un pedido tan simple como demoledor: acceder a créditos en idénticas condiciones que esa “militancia de elite” que, puertas adentro, supo aprovechar las ventajas del aparato público que dicen querer desmantelar.
El objetivo de la movilización, cargada de una ironía política deliberada, no busca otra cosa que hacer visible hasta la médula una contradicción insostenible. Mientras el discurso oficial proclama a los cuatro vientos el ajuste feroz, el sacrificio popular y la motosierra contra los privilegios de la casta, una nómina reservada de funcionarios, directores de empresas estratégicas y hasta tuiteros cercanos al poder accedió a montos multimillonarios que oscilan entre los cien y los quinientos treinta millones de pesos. Cifras que, en numerosos casos, resultan absolutamente incompatibles con los ingresos declarados por los solicitantes y que jamás estarían al alcance de un trabajador estatal común ni, mucho menos, de cualquier ciudadano de a pie que intenta llegar a fin de mes. Lo que el banco público negó durante años a docentes, sanitarios y administrativos, habría sido entregado con una fluidez asombrosa a una red de lealtades políticas.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sintetizó el sentimiento que recorre los pasillos del Estado con una frase que promete convertirse en el latiguillo de la protesta. “No vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él”, disparó el dirigente, antes de sellar la consigna que guiará la acción gremial. “Ahora somos los trabajadores los que queremos créditos de los mismos montos, con las mismas tasas de interés y los mismos plazos de financiación. Si para ellos es legítimo, para nosotros también debe serlo”. La exigencia, formulada en tono de parodia performática, pone al descubierto una fractura moral profunda: la misma dirigencia que predica el ajuste como virtud cívica no dudó en abrevar de las mieles del crédito subsidiado cuando se trató de su propio bolsillo.
Entre los nombres que trascendieron en la lista de beneficiarios, el malestar gremial encontró un catálogo de silencios clamorosos. Aparecen allí funcionarios del Banco Central de la República Argentina, directivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y figuras del universo digital libertario, como Juan Pablo Carreira, más conocido en redes bajo el seudónimo de “Juan Doe”, actual director de Comunicación Digital del Gobierno. Pero el caso que encendió todas las alarmas sindicales fue el de Leandro Massaccesi, exjefe de Gabinete de la cartera de Capital Humano, quien habría obtenido un crédito millonario en condiciones preferenciales apenas unos días antes de ser desplazado de su cargo. “Es increíble que para otorgar sumas tan elevadas no se les haya exigido el requisito de estabilidad laboral”, remarcó Aguiar, con una pregunta que flota en el aire: ¿cómo se explica que un banco público, supuestamente regido por normas de prudencia financiera, preste semejantes fortunas a personas que al día siguiente podían quedar cesantes? “Se la están llevando toda mientras al pueblo le piden sacrificio”, sentenció el dirigente.
La protesta de ATE comenzará a tomar cuerpo definitivo el próximo jueves, cuando el Consejo Directivo Nacional del gremio se congregue en el Hotel 27 de Junio, ubicado en el histórico barrio porteño de San Telmo. Allí, con la presencia de las veinticuatro conducciones provinciales, se ultimarán los detalles de una acción de denuncia que promete tener réplicas en todo el país. La idea es simple pero efectiva: que los trabajadores estatales se presenten masivamente en las sucursales del Banco Nación a solicitar, con el mismo formulario y la misma exigibilidad, créditos por cifras equivalentes a las que recibió la militancia oficialista. “Si fue legal para ellos, que lo sea para nosotros”, repiten los organizadores.
Para la Asociación de Trabajadores del Estado, estas prácticas no constituyen una mera anomalía administrativa sino que configuran una “obscena irregularidad” que roza el posible enriquecimiento ilícito de carácter masivo. El argumento gremial es contundente: mientras el acceso a la vivienda propia se ha convertido en una utopía inalcanzable para la clase media y trabajadora, mientras los comerciantes bajan sus persianas empujados por la recesión y los jubilados ven licuar mes a mes el poder adquisitivo de sus haberes, el banco público funcionó como una financiera exclusiva, discrecional y blindada para la militancia de la Casa Rosada. “La hipocresía es monumental”, subrayó Aguiar antes de concluir. “Estos créditos se otorgaron sobre el sufrimiento de los que perdieron todo y sobre los hombros de los adultos mayores a quienes les recortaron hasta la medicación”.
La protesta de esta semana no busca únicamente visibilizar un privilegio. Su potencia radica en exponer la contradicción más cruda de un discurso que prometió dinamitar el Estado por dentro pero que, una vez que sus huestes alcanzaron el poder, no dudaron en utilizarlo como una estación de servicio para engordar los bolsillos de su propia estructura jerárquica. Los trabajadores estatales, aquellos a quienes el oficialismo señala como parte del problema, saldrán ahora a pedir las mismas prebendas que los salvadores de la patria ya supieron conseguir. Y esa paradoja, cantada en las puertas mismas del banco público, promete ser más elocuente que cualquier editorial.
