Sandra Nicastro y Paula Fainsod cuestionan los análisis que reducen los episodios de agresión en las aulas a fallas institucionales o responsabilidades individuales. Proponen, en cambio, indagar en los condicionamientos de una “trama social” desgarrada, el imperativo de la crueldad entre los jóvenes y el impacto del vaciamiento de las políticas educativas.
En medio de la conmoción que despertó un nuevo caso de violencia extrema en el ámbito escolar santafesino, dos voces especializadas en ciencias de la educación convocan a suspender el juicio inmediato y a ensanchar la perspectiva. Sandra Nicastro y Paula Fainsod, docentes de la licenciatura y el profesorado en Ciencias de la Educación, además de referentes de una tecnicatura universitaria en acompañamiento de trayectorias educativas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, sostienen que la mirada pública suele clausurar preguntas esenciales al apresurarse a buscar culpables o a erigir a la escuela como única depositaria de lo ocurrido.
Las especialistas proponen, por el contrario, una operación reflexiva más incómoda pero necesaria: interrogarse por los condicionamientos que impone una época signada por el debilitamiento de los lazos colectivos, la exaltación de la crueldad como moneda de intercambio entre pares y los sucesivos desplazamientos de responsabilidad por parte del Estado. A ello se suma, advierten, el deliberado desfinanciamiento de la educación pública, un factor que rara vez aparece en los titulares.
Para Nicastro, el paisaje en el que transcurren las infancias y juventudes actuales se caracteriza por el descrédito de las institucionalidades, la fragmentación del vínculo social y una suerte de romanticismo anacrónico al hablar de proyectos de vida o futuro. En ese terreno, la brutalidad se erige como rasgo central del intercambio entre sujetos. Frente a cada episodio de violencia escolar, la especialista invita a no detenerse en la anécdota punitiva sino a desentrañar qué está nombrando esa violencia, a qué malestar de época está dando forma.
Paula Fainsod refuerza la idea al advertir sobre el peligro de las lecturas unicausales, esas que reducen la complejidad a una falla en la vigilancia institucional o a la supuesta incapacidad de la escuela para “ver lo que pasaba”. Semejante simplificación, denuncia, no hace más que ocultar que los equipos educativos trabajan sobre una realidad que llega ya resquebrajada por múltiples fracturas sociales, económicas y subjetivas.
Un punto central en el análisis de ambas investigadoras consiste en salir de la matriz binaria que enfrenta a víctimas y victimarios, un esquema sobre el que se regodean muchos comentarios mediáticos y hasta ciertos abordajes técnicos. Esa lógica causa-efecto, explican, obtura cualquier indagación sobre las cadenas de responsabilidad distribuidas en la cuestión social y, de paso, alimenta la psicopatologización de las conductas o la búsqueda de soluciones unidireccionales. El desafío, proponen, consiste en evitar la culpabilización, renunciar a los lugares heroicos y reinstalar la pregunta por la trama política, cultural e institucional que hace posible —o no— que un joven pueda imaginar un destino diferente.
Al ser consultadas sobre si existen hoy espacios de encuentro, pensamiento o palabra dentro del sistema educativo, Nicastro responde con matices: hay profesionales comprometidos y una tradición de experiencia en la materia, pero el error sería creer que la respuesta pasa por un dispositivo sofisticado o un experto solitario. Ese camino, subraya, termina por barrer debajo de la alfombra la dimensión política del problema y lo que realmente les sucede a los pibes y pibas en la escuela de hoy. Lo que hace falta, insiste, es revisar los enfoques con que se aborda cada caso, ya que aún cuando existan protocolos, la mirada dominante tiende a tratar al estudiante como un sujeto aislado, dueño exclusivo de su trayectoria, cuando todo recorrido educativo es irreductiblemente institucional y político.
Fainsod agrega una arista que suele quedar silenciada: cuando los docentes intentan desplegar esas lecturas complejas —por ejemplo, indagar en las masculinidades, en la relación entre varones jóvenes y violencia en un clima de discursos de odio alentados desde distintos sectores— son rápidamente acusados de dogmatismo o adoctrinamiento. Así se configura un círculo perverso: se condena a la escuela por no ver o por carecer de protocolos inmediatos, pero cuando intenta problematizar en serio las causas estructurales, recibe ataques frontales. Y todo ello ocurre en un contexto de desplome de las políticas públicas de capacitación y acompañamiento.
Frente a la pregunta por los límites de la acción escolar en casos extremos como el de Santa Fe, Nicastro es contundente: nada podrá calmar ni reparar enteramente el dolor y el horror vividos, y lo primero que los educadores deben reconocer es que no pueden anticiparlo todo. Ese límite, lejos de ser una confesión de impotencia, constituye un dato político relevante. No se trata, afirma, de tener buenos manuales de procedimiento, sino de pensar la educación y la escuela como instituciones sociales y políticas insertas en un sistema, un Estado y una época. Y en este tiempo, subraya, no puede omitirse que la escuela es objeto de abandono, que el trabajo docente está precarizado, que se desmantelan programas y líneas de acción, y que de ese modo se banaliza la propia función educativa. Omitir estas variables, concluye, conduce irremediablemente a focalizar nuevamente la indignación en la familia, en el joven o en la escuela aislada.
Finalmente, Fainsod introduce una categoría incómoda para la inmediatez imperante: el tiempo. Abordar todas las dimensiones de un hecho de violencia escolar —la trama social, las subjetividades, las condiciones institucionales y las políticas públicas— demanda procesos que no pueden resolverse con un “llame ya, resuelva ya”. Se requieren plazos para la transformación, la contención y el trabajo sobre los procesos detectados. Esas figuras institucionales, esos espacios de formación y esos dispositivos de acompañamiento, lamenta, no existen en este momento o están siendo desfinanciados. Y sin ellos, toda declaración de condena a la violencia corre el riesgo de quedarse en un mero gesto retórico que no interpela el verdadero nudo del problema.
