En medio de una investigación sobre una campaña de injerencia extranjera destinada a desacreditar a la administración libertaria, el Poder Ejecutivo decidió bloquear el acceso a la Casa Rosada a varios medios periodísticos. La medida, que se extiende al ámbito legislativo, desató controversia y evidenció las fisuras internas del oficialismo.
Bajo una persistente llovizna que empapaba la tradicional Plaza de Mayo, la jornada laboral en la sede gubernamental comenzó con una estampa inusual para los cronistas habituales de la política argentina. En el ingreso principal de la Casa Rosada, una agente de la Policía Federal y un efectivo de la Casa Militar ejercían un filtro minucioso: consultaban una pantalla de teléfono celular, repasaban nombres y formulaban una misma pregunta una y otra vez. “¿Usted pertenece al equipo de difusión? ¿Podría proporcionar su identidad?”. De este modo, varios periodistas acreditados se enteraron, en el acto, que tenían vedado el paso.
La administración nacional justificó la drástica decisión como una acción preventiva mientras se esclarece un entramado de desprestigio atribuido al espionaje ruso. Voceros oficiales, al ser consultados por este diario, señalaron que la restricción alcanza a “todos los que están involucrados” en una campaña orquestada durante 2024 para erosionar la figura del presidente Javier Milei. Sin embargo, evitaron proporcionar un listado concreto de los afectados, lo que añadió una capa de confusión al episodio.
De acuerdo con fuentes de la redacción, la prohibición no se limitó al palacio ejecutivo. El círculo de periodistas parlamentarios fue notificado de que la Cámara de Diputados, bajo la conducción de Martín Menem, también suspendería las credenciales otorgadas a los medios La Patriada, el Destape, A24 y Gritos del Sur. Los comunicados oficiales se esforzaron en aclarar que la sanción no poseía un carácter “personal” hacia los reporteros individualmente considerados, sino que apuntaba directamente a las líneas editoriales de esas empresas periodísticas.
Este panorama presenta, no obstante, una excepción significativa que refleja las tensiones internas del poder político. Desde el Senado, cuya presidencia ejerce Victoria Villarruel —enfrentada abiertamente con Milei—, respondieron a LA NACION con un mensaje tajante: “En el Senado no va a ocurrir”. La declaración profundiza la grieta dentro de la coalición gobernante y plantea interrogantes sobre la coordinación de políticas comunicacionales entre ambas cámaras.
La reacción oficial podría intensificarse en las próximas horas. Fuentes de la Rosada admitieron que se evalúa convocar a los responsables de los señalados “para que expliquen lo sucedido”. Un alto funcionario elevó el tono al mencionar la posibilidad de que existan “casos de traición a la patria”, subrayando que hubo “injerencia de un país extranjero sobre la Argentina”. En la práctica, al menos seis portales y canales —entre ellos El Destape, FM La Patriada, Tiempo Argentino, A24 y Ámbito Financiero— vieron impedido el acceso de sus acreditados este lunes. Nadie supo precisar por cuánto tiempo se extendería la medida. En contraste, otros medios también mencionados en la investigación original, como Infobae y El Cronista Comercial, no sufrieron restricción alguna.
La controversia se originó el viernes anterior, cuando un consorcio de periodismo de investigación accedió a una filtración de documentos e informes de inteligencia rusos. Según aquella revelación, un grupo de espionaje apodado “La Compañía” desarrolló una extensa operación de “guerra híbrida” en territorio argentino a lo largo de 2024. Los objetivos eran claros: cuestionar al mandatario libertario mediante la difusión de noticias verdaderas y falsas, fomentar fracturas internas en el oficialismo, respaldar a la oposición por distintos canales y alentar conflictos con naciones vecinas.
El material sustraído detalla maniobras que incluyeron la realización de sondeos de opinión, reuniones discretas y sesiones informativas sobre partidos políticos y sindicatos, perfiles de líderes opositores y “entrevistas con expertos”, entre los que figuraban políticos peronistas, cientistas políticos de la oposición y economistas afines. Pero las actividades de “La Compañía” no se detuvieron allí. Los papeles filtrados también abarcan análisis sobre la situación de la industria militar-industrial argentina, relevamientos de recursos petrolíferos en la Antártida, una campaña para impulsar proyectos legislativos en contra de la adhesión argentina al Grupo de Contacto de Amigos de Ucrania, e incluso un plan para apuntalar candidatos opositores en las elecciones legislativas de 2025.
La filtración comprende un total de 76 documentos sensibles, a los que accedió inicialmente el medio africano The Continent, para luego ser compartidos con una red internacional que incluye a openDemocracy (Reino Unido), Dossier Center e iStories (Rusia), All Eyes on Wagner y Forbidden Stories (Francia), además del colectivo Filtraleaks, liderado por el periodista argentino Santiago O’Donnell. Uno de los aspectos más llamativos de la investigación es la cuantificación económica de la operación. Los documentos detallan una “red para la distribución de contenidos mediáticos” en medios argentinos y en el segmento local de las redes sociales, con un costo que superó los 283.100 dólares. Esa inversión posicionó a la Argentina como el país de América Latina y África donde Rusia desembolsó más dinero para estos fines, según lo revelado.
La Casa Rosada ya había denunciado en junio de 2025 la presencia de “La Compañía” en el país, señalando a cinco ciudadanos rusos residentes en la Argentina por desarrollar tareas sospechosas en coordinación con el Kremlin. Entre ellos se destacaba Lev Konstantinovich, identificado como el “encargado de financiamiento y de promover vínculos con colaboradores locales”, junto a su esposa, Irina Iakovenko. Ahora, con el antecedente de aquella denuncia y el nuevo material filtrado, el Gobierno decidió pasar de las palabras a los hechos, aunque la medida genera un debate profundo sobre los límites entre la seguridad nacional y la libertad de prensa.
