Mientras los gobernadores de las provincias que concentran la mayor parte de los proyectos mineros no participaron del plenario legislativo, funcionarios técnicos de la provincia norteña expusieron una defensa firme del modelo extractivo, reclamaron mayor “precisión” en la norma vigente y rechazaron cualquier contraposición entre desarrollo productivo y resguardo ambiental.
En el marco del plenario conjunto de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se analiza una controvertida reforma a la Ley 26.639 de protección de glaciares, la provincia de Salta fijó su posición a través de dos de sus funcionarios, en una jornada que estuvo signada por la ausencia de los mandatarios provinciales que integran el denominado triángulo del litio. Gustavo Sáenz, Raúl Jalil y Carlos Sadir, quienes hasta ahora habían encabezado la ofensiva política para modificar la normativa ambiental, no asistieron al encuentro. En reemplazo del gobernador salteño, la exposición quedó en manos de voces técnicas: el secretario de Minería, Gustavo Carrizo, y el coordinador de la Secretaría de Ambiente, Sebastián Varela.
Al inicio de su alocución, Carrizo adoptó un tono similar al que suele emplear el propio Sáenz y lanzó una pregunta retórica que funcionó como declaración de principios: “¿Quién más que los salteños sabemos defender nuestros recursos? ¿Quién más que los salteños sabemos defender lo que nosotros consideramos necesario para generar nuestra riqueza?”. De esa manera, el funcionario buscó instalar la idea de que la gestión de los recursos naturales debe ser una potestad exclusivamente provincial. En un debate donde la ley vigente establece presupuestos mínimos ambientales de aplicación en todo el territorio nacional, Carrizo intentó trasladar la discusión hacia la órbita local, afirmando que son las provincias —y no el Estado nacional— las que tienen la facultad de decidir cómo aprovechar sus riquezas naturales.
Para respaldar su postura, el secretario de Minería esgrimió cifras que ya habían sido parte del discurso oficial en los días previos al tratamiento legislativo. Mencionó que en la actualidad existen seis proyectos en fase de producción, tanto de litio como de minerales metalíferos, treinta proyectos metalíferos en distintas etapas de desarrollo, otros treinta vinculados al litio también en diferentes fases y ocho proyectos relacionados con boratos. Luego remató con una definición que sintetiza la política minera impulsada por la administración de Sáenz: “Si ustedes nos preguntan si la minería genera un impacto económico en la provincia, por supuesto que sí. Hoy la minería es un motor de la economía”, aseguró.
La estrategia del gobierno salteño apunta a posicionar a la provincia como un actor central en la transición energética global, respaldado por inversiones proyectadas que superan los diez mil millones de dólares y un esquema consolidado a partir del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones. En ese contexto, la Ley de Glaciares es percibida como un límite que necesita ser revisado.
El núcleo del planteo provincial giró en torno al concepto de “imprecisión” normativa. Carrizo sostuvo que proteger los glaciares constituye una política correcta y necesaria, pero advirtió que la experiencia acumulada en Salta demuestra que el problema no reside en el espíritu de la ley, sino en su nivel de precisión al momento de ser aplicada. Esta idea no es novedosa: el oficialismo provincial no cuestiona abiertamente la necesidad de resguardar los glaciares, sino los criterios técnicos utilizados para definir qué debe quedar comprendido dentro de esa protección. Según Carrizo, la definición amplia del ambiente periglacial, al carecer de un parámetro técnico claro, genera incertidumbre, y esa falta de certezas impacta directamente en las inversiones y en el empleo provincial.
El funcionario subrayó además que la actividad minera en Salta está sujeta a controles rigurosos. Destacó que no existe otro desarrollo productivo que exija una renovación bianual de la declaración de impacto ambiental, y que cada una de las etapas del proceso minero requiere un informe específico. “Es decir que siempre hay un control, siempre hay un monitoreo”, afirmó. A ello sumó otros mecanismos, como los monitoreos ambientales participativos, las mesas sociales, las consultas libres, previas e informadas, y las audiencias públicas. Con esos argumentos, buscó desarmar la supuesta oposición entre ambiente y producción, al sostener que Argentina necesita cuidar sus recursos naturales, pero también generar desarrollo, y que ambos conceptos no son totalmente antagónicos.
Por su parte, Sebastián Varela se movió en la misma dirección aunque con un registro más técnico e institucional. Aclaró que la provincia está totalmente de acuerdo con la finalidad y el objeto que persigue la ley, tanto con el proyecto de reforma como con la norma actualmente vigente. Para Varela, la cuestión central radica en la necesidad de redefinir qué debe ser efectivamente protegido. Explicó que básicamente se trata de proponer o acompañar el proyecto en cuanto a la identificación de los glaciares, preservando aquellos que cumplen con el objeto de ser resguardados.
Varela detalló el entramado institucional que, según la provincia, garantiza los controles ambientales. Aseguró que antes de la autorización de cualquier proyecto minero interviene el Juzgado de Minas, y que se realiza una inspección conjunta entre la Secretaría de Minería, la Secretaría de Ambiente y el propio Juzgado. Destacó además la articulación interinstitucional, con participación de la Secretaría de Asuntos Indígenas y la Secretaría de Recursos Hídricos, entre otras áreas vinculadas a la temática. Como ejemplo, mencionó que aproximadamente la mitad del departamento Los Andes constituye una reserva de uso múltiple, y que cuando los proyectos mineros caen dentro de esa zona, interviene el área de Ambiente con un plan de manejo aprobado. Por eso, insistió en que la identificación o reidentificación de esos ambientes debe ser determinada específicamente en función del objeto que persigue la ley.
Detrás de esta discusión sobre precisión e identificación se esconde un punto clave que los funcionarios no desarrollaron en profundidad: qué sucede con los ambientes periglaciares. En el noroeste argentino, la mayoría de los cuerpos de hielo no son visibles a simple vista, sino que se trata de glaciares de escombros, geoformas que cumplen una función esencial como reserva hídrica. Estos sistemas no son marginales, ya que representan hasta el noventa y siete por ciento de esos ecosistemas en la región. Y están retrocediendo: los datos científicos muestran una reducción sostenida de glaciares y de nieve persistente en los Andes desérticos. En ese contexto, redefinir los criterios de protección podría dejar fuera del alcance de la ley una parte sustancial de esas reservas.
La ausencia de los gobernadores Sáenz, Jalil y Sadir en el plenario no implicó un repliegue de sus intereses, sino más bien una reconfiguración de la estrategia. Días atrás, el discurso de los mandatarios había evidenciado el peso político del lobby minero en el Congreso. Esta vez, la decisión fue delegar la exposición en funcionarios técnicos, con el objetivo de sostener el mismo discurso pero evitando una confrontación directa en un escenario más áspero. El objetivo central no ha cambiado: la reforma de la Ley de Glaciares sigue siendo considerada una pieza clave para destrabar inversiones, consolidar el modelo extractivo y garantizar condiciones de previsibilidad para el capital. De esta manera, el debate en Diputados expone una vez más la tensión estructural que atraviesa al norte argentino. Por un lado, la promesa de desarrollo ligada al litio, la minería y la transición energética global. Por el otro, la fragilidad de ecosistemas donde el agua constituye un recurso escaso, estratégico y en franco retroceso.
