El informe forense preliminar confirmó que el niño de cuatro años falleció en Comodoro Rivadavia a causa de un edema cerebral generalizado. La madre y su pareja permanecen detenidos acusados de homicidio agravado, mientras la familia del menor exige justicia y señala responsables directos e indirectos.
La pesquisa en torno al fallecimiento de Ángel López, el pequeño de apenas cuatro años cuyo deceso conmocionó a la comunidad de Comodoro Rivadavia, dio un giro contundente tras los primeros exámenes forenses practicados sobre su cuerpo. De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, el dictamen preliminar de la autopsia determinó que la causa última de su muerte fue una hipertensión endocraneana derivada de un edema cerebral de carácter difuso y generalizado, una condición letal que tuvo su origen en la violencia brutal ejercida sobre su cabeza. Los especialistas constataron en el cráneo del infante más de veinte lesiones contundentes, un hallazgo que por sí solo revela la magnitud de la agresión padecida por la víctima.
El estudio anatomopatológico precisó, además, que el niño sufrió una herniación del tronco encefálico junto con las amígdalas cerebelosas, un fenómeno catastrófico que ocurre cuando la presión dentro del casco óseo alcanza niveles extremos, desplazando estructuras vitales y comprometiendo de manera irreversible las funciones neurológicas. Los peritos forenses fueron concluyentes al señalar que todas esas lesiones intracraneales fueron provocadas de manera intencional, descartando cualquier hipótesis accidental.
El magistrado a cargo de la causa detalló, en declaraciones recogidas durante las últimas horas, que el niño venía soportando un cuadro sostenido de maltrato, por lo que no se descarta que una parte de aquellos más de veinte golpes en la región cefálica se hubieran infligido con anterioridad al episodio final que precipitó su muerte. Este dato resulta central para entender la progresión del sufrimiento al que fue sometido Ángel, cuyo calvario doméstico habría durado más de un simple instante.
Los galenos del cuerpo médico forense, en paralelo, llevaron adelante diversas pruebas complementarias con el objetivo de robustecer las certezas científicas sobre lo ocurrido el domingo 5 de abril en la vivienda donde residía el menor. En ese domicilio, Ángel se encontraba bajo el cuidado de su progenitora, identificada como Mariela Altamirano, y de su pareja actual, Michael González. Ambos permanecen privados de su libertad tras ser acusados formalmente por el delito de homicidio agravado, una figura penal que contempla las máximas penas previstas por el ordenamiento jurídico.
En otro costado de esta tragedia, este lunes tuvo lugar una reunión entre la fiscalía y la querella particular. Al término del encuentro, el letrado Roberto Castillo se presentó ante los periodistas flanqueado por Luis y Lorena, padre y madrastra de Ángel respectivamente. Ambos adultos, visiblemente afectados, expresaron el profundo dolor que los embarga a más de una semana del desenlace fatal. El padre del niño, con la voz quebrada pero con una determinación férrea, lanzó un mensaje sin ambages: “Vamos a ir por todos. La muerte de mi hijo no va a quedar así, tienen que ir todos presos”. En su alocución, calificó a los dos imputados como “ignorantes que quisieron tapar todo, lavarse las manos”, en una clara alusión al intento de ocultar la realidad de los golpes y el maltrato cotidiano.
Luego tomó la palabra Lorena, quien no pudo contener la congoja al referirse a la memoria del pequeño. “Iba a ser un número más si no publicaba los videos de él pidiendo quedarse”, sostuvo, en referencia a las grabaciones que circularon en días previos y que muestran a Ángel suplicando no ser devuelto al entorno donde finalmente encontró la muerte. La madrastra también arremetió contra las iniciativas legislativas que surgen tras cada tragedia de estas características: “Dicen hacer la Ley Ángel, pero ya está la de Lucio (Dupuy) y no se respetó. Pareciera que es solo cambiar el nombre de los niños que matan”, sentenció con amargura.
En un tramo final de su intervención, Lorena elevó el tono de su reclamo para señalar a un espectro más amplio de responsables. A su juicio, así como Ángel “habló vivo”, tiene que “seguir haciéndolo muerto” para que la sociedad y la justicia conozcan sin atenuantes lo que realmente sucedió puertas adentro de esa vivienda. “No son solo ellos dos —remarcó—, hay gente capacitada y que usa corbata que lo entregó en bandeja para que muera”. La frase, cargada de indignación, apunta directamente a aquellos funcionarios o profesionales que, desde sus respectivas esferas de responsabilidad, habrían omitido las alarmas y permitido que el desenlace trágico se consumara.
