La investigación por el patrimonio del jefe de Gabinete sumó testimonios clave que exponen mecanismos poco convencionales en la adquisición de bienes, alertas por posible lavado de activos y un creciente cerco judicial sobre la escribana que intervino en las operaciones.
La semana transcurrió con creciente tensión en la causa que indaga el patrimonio de Manuel Adorni, donde el foco comenzó a desplazarse hacia la situación de su escribana, Adriana Nechevenko, quien enfrenta el elevado peligro de resultar implicada o incluso denunciada por no haber verificado la procedencia lícita de los fondos destinados a la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito. En paralelo, se sumaron al expediente las declaraciones de dos mujeres que, según la propia escribana, fueron presentadas al funcionario como prestamistas. Se trata de una comisaria retirada de la Policía Federal y su hija, también efectivo de la misma fuerza, quienes confirmaron haber aceptado una operación con garantía hipotecaria impulsada por Nechevenko, por la cual el jefe de Gabinete les adeuda actualmente setenta mil dólares de un total de cien mil que le entregaron en efectivo en noviembre de 2024, suma que comenzó a restituir también en dinero físico con un interés del once por ciento. Más allá de los cuestionables mecanismos elegidos por el funcionario, lo que podría resultar aún más comprometedor es el testimonio que deberán brindar dos mujeres jubiladas el próximo miércoles, quienes aceptaron venderle su vivienda actual a Adorni y percibir apenas cerca de un quince por ciento del valor total, sin ningún tipo de interés.
Cuando el fiscal Gerardo Pollicita interrogó a Nechevenko acerca del origen de los fondos con los que Adorni habría adquirido sus inmuebles, al menos en el caso del departamento de Caballito, la respuesta fue lacónica: “pregúntenle a él”. En una entrevista posterior, la escribana sostuvo que no está obligada a indagar sobre la procedencia del dinero y que conoce al jefe de Gabinete desde hace dos décadas, como quien invoca un vínculo de confianza que exime cualquier cuestionamiento. Sin embargo, esa postura podría acarrearle serios problemas, en especial si la hipótesis de la investigación, que ya apunta a un presunto enriquecimiento ilícito, incorpora también la figura del lavado de activos. Las escribanas y escribanos integran la nómina de “sujetos obligados”, y de acuerdo con los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuyos criterios rigen en la Argentina, deben adoptar recaudos específicos y recopilar cierta información ante cada operación que instrumenten.
Existen numerosas regulaciones que atraviesan esta actividad profesional, pero la principal es la resolución 242/2023 de la Unidad de Información Financiera (UIF), dirigida específicamente a la escribanía, sin perjuicio de lo establecido en la ley antilavado, que impone la obligación de denunciar aquellas operaciones que despierten sospechas. Desde 2022, el GAFI instauró un enfoque basado en el “riesgo”, que exige a escribanos, contadores, entidades bancarias, financieras y salas de juego, entre otros, controlar eventuales indicios de mecanismos de legitimación de capitales. Desde el vamos, estos profesionales deben activar ciertas alertas cuando una transacción inmobiliaria supera, a valores actuales, los ciento ochenta mil dólares, un umbral equivalente a setecientos salarios mínimos. Además, están obligados a trazar un perfil detallado del cliente, tanto del vendedor como del comprador, incluyendo sus datos personales, actividad laboral, patrimonio, ingresos, nivel económico y demás información complementaria, para verificar que todo ello resulte congruente con la operación que se pretende realizar.
Si una persona reviste la calidad de “políticamente expuesta”, y con mayor razón si desempeña funciones en el gobierno, debe ser evaluada como pasible de un riesgo elevado. Otro factor a considerar se vincula con las prácticas del mercado: existen operaciones usuales, inusuales o directamente sospechosas. Si bien el margen de apreciación es subjetivo, hay referencias que funcionan como guía. Por ejemplo, en el mercado porteño es común que las transacciones se concreten en efectivo, pero no resulta habitual que, ante la venta de una propiedad valuada en doscientos treinta mil dólares, los vendedores acepten recibir solo treinta mil y el saldo restante a un año sin interés. Los especialistas consultados señalan que, como mínimo, se trata de una operación inusual. En esos casos, la escribana o escribano podría entrevistar al vendedor, quien quizá ofrezca alguna explicación plausible, como que se trata de una propiedad destinada a un sobrino único heredero. Pero si la justificación resulta difícil de sostener, el fedatario debería recabar más información y, en caso de concretarse la operación, presentar una denuncia por operación sospechosa ante la UIF.
Expertos en la materia explicaron a este diario que las compras de inmuebles con pagos de un porcentaje tan reducido constituyen una maniobra frecuente en el lavado de dinero que, si no es detectada a tiempo, termina licuándose con el paso de los años. La posible existencia de una triangulación reforzaría esa hipótesis al diluir responsabilidades. Pero para un escribano o escribana, todos estos elementos deberían interpretarse como señales de alarma. La resolución 242 establece que los fedatarios tienen la obligación de calificar a sus clientes según criterios de riesgo –bajo, medio o alto– en función de su perfil, del bien que pretenden adquirir y de las condiciones pactadas. Cuando a Nechevenko le preguntaron en una entrevista cuántas operaciones inmobiliarias había realizado Adorni con ella a lo largo de los años de vínculo, respondió que las últimas fueron las primeras. “Se le dio ahora”, justificó. Sin embargo, ese dato por sí solo debería haber modificado el perfil del cliente y motivado un pedido explícito sobre el origen de los fondos. Nada de eso parece haber ocurrido en el caso de la compra del inmueble ubicado en la calle Miró al quinientos, un aspecto que la fiscalía deberá analizar con detenimiento en la documentación.
Por otra parte, este lunes se presentaron en los tribunales de Comodoro Py Graciela Molina de Cancio, comisaria retirada de la Policía Federal, y su hija Victoria María Cancio, contadora también en actividad dentro de esa misma fuerza. Fueron citadas como testigos por el fiscal Pollicita y confirmaron que le prestaron a Adorni ochenta y cinco mil dólares la primera y quince mil la segunda. Ambas manifestaron que nunca antes habían actuado como prestamistas y que la intermediación fue realizada por Nechevenko. Tras la performance mediática que el funcionario tuvo la semana pasada desde el Gobierno, en el entorno de las testigos no reinaba la satisfacción, y hasta sugirieron la conveniencia de que Adorni bajara el perfil, porque su exposición no le estaba resultando beneficiosa sino más bien perjudicial. Para añadir un elemento aún más turbio al panorama, Nechevenko envió a Molina de Cancio un mensaje en ocasión de su declaración judicial: se trataba del emoji de un brazo haciendo el gesto de “fuerza”. Ese fue el primer contenido que el fiscal visualizó al solicitarle a madre e hija los mensajes vinculados con la escribana y con la operación bajo investigación, con el fin de obtener una captura de esas conversaciones.
Al momento de explicar el origen de los fondos que facilitaron a Adorni, Graciela Molina señaló que el dinero provenía de una sucesión tras el fallecimiento de su esposo, también policía, y de un juicio laboral. Su hija, en tanto, alegó ahorros personales y otro juicio laboral. Ambas dijeron poseer además inmuebles. Solo la madre afirmó haber conocido a Adorni en el momento de otorgarle el préstamo, aunque al principio no sabía que se trataba del actual jefe de Gabinete, quien por entonces ejercía como vocero presidencial. El acuerdo, según relataron, establecía que el funcionario devolvería el total en veinticuatro meses con un interés anual del once por ciento: abonó cuotas de novecientos dólares y, en un momento determinado, comenzó a pagar seiscientos. Como garantía, Adorni hipotecó su vivienda del barrio de Parque Chacabuco, ubicada en Asamblea al mil cien, donde residía antes junto a su esposa Bettina Angeletti. La inscripción registral se realizó el quince de noviembre de 2024, el mismo día en que la pareja adquirió –a nombre de Angeletti– la propiedad de la calle Indio Cuá, por lo que se presume que el préstamo habría tenido como propósito cancelar ese inmueble. Todo ello sin contar los ya conocidos viajes del funcionario: el pasaje de regreso en primera clase desde Nueva York para su esposa, el viaje a Aruba y la estadía en Punta del Este, que también forman parte del escrutinio patrimonial.
