La fiscal Celsa Ramírez impulsa múltiples causas por amenazas, hostigamiento digital e incitación a la violencia contra integrantes del espacio libertario vinculado al asesor presidencial. El diputado Sebastián Pareja, respaldado por la hermana del mandatario, se erige como uno de los denunciantes centrales. La semana próxima se prevén novedades judiciales de alto voltaje.
Un terremoto sacude las entrañas del universo libertario. Lo que hasta hace poco permanecía como una disputa subterránea entre dos facciones del ecosistema que rodea al presidente Javier Milei estalló a la luz pública a raíz del avance de múltiples causas judiciales que tramitan en la Justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires. El epicentro del conflicto se ubica en las investigaciones que pesan sobre Daniel Parisini, más conocido en el imaginario militante como “el Gordo Dan”, y su círculo más cercano, quienes enfrentan la posibilidad cierta de ser convocados a declarar en tribunales en un plazo brevísimo.
El propio Parisini, considerado un peón leal del poderoso asesor presidencial Santiago Caputo, vio cómo su situación procesal se torna cada vez más compleja. En respuesta, su grupo de seguidores lanzó una embestida pública contra el diputado nacional y artífice territorial en la provincia de Buenos Aires Sebastián Pareja, uno de los principales denunciantes en esta madeja judicial. Los presuntos ilícitos que se les atribuyen a los acusados comenzaron siendo caracterizados como simples actos de acoso digital, pero con el correr de las pesquisas adquirieron ribetes más graves: incitación a la violencia colectiva, amenazas calificadas y otros delitos de mayor penalidad. Pareja, vale subrayarlo, actúa con el respaldo explícito de Karina Milei, hermana del jefe de Estado y secretaria general de la Presidencia, lo que tiñe todo el entramado de una fuerte impronta de lucha interna por el poder dentro del espacio gobernante.
El detonante inmediato de esta escalada fue una decisión adoptada por la fiscal Celsa Ramírez, al frente de la Unidad Fiscal Nº 35 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad. La representante del Ministerio Público resolvió acelerar un conjunto de expedientes iniciados mayoritariamente durante el año anterior, todos los cuales comparten un mismo patrón de conducta delictiva: ataques orquestados desde cuentas anónimas y automatizadas en redes sociales contra críticos de la administración nacional, con la particularidad de que dichos mensajes incluyen desde difamaciones y divulgación de información privada hasta conminaciones violentas. Todo ello encuentra una formidable caja de resonancia en el canal de streaming “Carajo”, un espacio mediático donde confluye la militancia más dura del sector liderado por Caputo.
En este contexto, la fiscal dispuso citar para el próximo martes al abogado Alejandro Sarubbi Benítez, una de las voces más visibles de “Carajo” y operador de máxima confianza del Gordo Dan. Se trata de una instancia conocida como “intimación del hecho”, equivalente a la indagatoria del fuero federal. Según pudo reconstruir este medio, Sarubbi Benítez, conductor del programa “La Trinchera”, fue convocado en el marco de una denuncia presentada el año pasado por la diputada Marcela Pagano, quien lo acusa de amenazas e instigación a cometer delitos. La audiencia está prevista para el 28 de abril, aunque fuentes judiciales no descartan que ese mismo día el letrado deba comparecer en al menos otras dos causas: una impulsada por el también legislador nacional Esteban Paulón contra Sarubbi Benítez, el Gordo Dan y otros miembros de la agrupación; y otra promovida por el periodista Pablo Duggan contra el mismo abogado y comunicador.
La denuncia de Pareja, que también involucra directamente a este militante, agregó un elemento aún más perturbador. En el marco de ese expediente, se divulgó públicamente el número de teléfono celular del actual diputado. Ya han prestado declaración al menos cinco personas acusadas en esa causa, y una de ellas admitió haber enviado un mensaje amenazador a través de Whatsapp al armador bonaerense. Su excusa, al ser interrogado, fue que desconocía por completo la naturaleza ilícita de su conducta.
Pero la novedad más explosiva llegó cuando la propia fiscal Celsa Ramírez se convirtió en víctima de la misma dinámica persecutoria que investiga. Desde el programa “La Trinchera” se difundieron datos sensibles de su vida privada, incluyendo la zona geográfica donde reside, detalles de su situación patrimonial y movimientos bancarios. También se ventilaron fragmentos del expediente iniciado por Pareja, un legajo que data del año pasado al igual que la mayoría de estas presentaciones. Ante tamaño agravio, la fiscal presentó la semana pasada una denuncia penal por esos hechos en sede judicial, además de otra ante el Colegio Público de Abogados para que se sancione a los letrados involucrados.
En su escrito dirigido a la jueza Paula Virginia Núñez Gelvez, titular del Juzgado Nº 21, Ramírez relató con lujo de detalles lo ocurrido el 16 de abril pasado durante la emisión de “La Trinchera”. La transmisión arrancó con un editorial de Sarubbi Benítez que exhibía como imagen de fondo los rostros de Pareja y de la propia fiscal, junto con fragmentos del expediente que investiga al primero de ellos. La fiscal calificó tales actos como una “difusión y divulgación maliciosa e imprudente” del contenido del legajo. Subrayó además que el conductor del ciclo se encuentra imputado y ya tiene fecha de indagatoria en la causa de Pagano, y destacó un detalle que añade una capa adicional de gravedad: la defensa técnica de Sarubbi Benítez está a cargo de su pareja, la abogada María del Rosario Labiano, quien previamente había accedido a las copias digitales del expediente en su carácter de defensora de otra imputada, Florencia Soledad Bagnis. La fiscal infiere que ese acceso indebido a información confidencial fue el que permitió la filtración en el programa.
Tampoco escapó al análisis de Ramírez la conducta de Ulises Jeremías Rodríguez, otro abogado vinculado al espacio libertario, quien participó como invitado en la emisión del 16 de abril. Rodríguez, también denunciado por Pareja, había recibido las copias digitales del expediente un día antes, el 15 de abril. La fiscal fue contundente: “resulta palmario que estamos en presencia de una clara falta de ética profesional por parte de los letrados, quienes habrían revelado información confidencial correspondiente al presente legajo de investigación, y utilizado el mismo para fines impropios”, en violación de la ley que regula el ejercicio de la abogacía. Más aún, Ramírez puso de relieve que Rodríguez, quien está citado a declarar en el marco del caso Pareja, no dudó en referirse en público a cuestiones vinculadas a su vida personal, informando la zona donde reside, su patrimonio y hasta su situación bancaria.
Como consecuencia de este cúmulo de irregularidades, el 17 de abril la fiscal ordenó la intervención de la Unidad de Cibercrimen del Cuerpo de Investigaciones Judiciales para que profundice la pesquisa, y solicitó que se extraigan testimonios de las actuaciones y se remitan las constancias al Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados. Es decir, la causa por la violación de la confidencialidad del expediente ya está en pleno trámite judicial.
En paralelo, las otras investigaciones siguen su curso. Los casos impulsados por los diputados Paulón y Pagano, y por el periodista Duggan, se encaminan hacia jornadas decisivas la semana entrante. En el expediente de Pagano, Sarubbi Benítez deberá enfrentar la formalización de los cargos en su contra, una instancia ampliatoria ya que en mayo del año anterior se había negado a declarar. En la causa de Paulón, el legislador narró en su denuncia original que, por su condición de dirigente del colectivo de la diversidad sexual y por estar casado legalmente con una persona de su mismo sexo, ha recibido un hostigamiento sistemático a través de cuentas anónimas y bots que lo acusan falsamente de pedofilia, reclaman allanamientos policiales y asocian maliciosamente su orientación sexual con prácticas aberrantes. Uno de esos ataques se produjo el 2 de julio de 2025 en el programa “La Misa”, emitido por el canal “Carajo” y conducido por el Gordo Dan. En esa misma denuncia se consignó que Sarubbi Benítez también lo agredió verbalmente por atreverse a denunciar al Presidente: “Este pedófilo, pedófilo, con ‘p’ de pedófilo, ya denunció como cinco veces a Milei y tampoco llegó a ningún lado”.
Fuentes con acceso a los autos judiciales señalaron que la fiscal Ramírez advierte que las figuras delictuales que podrían haber configurado los acusados en el caso de Paulón exceden holgadamente el mero acoso digital o la discriminación. En el horizonte normativo aparecen delitos como las amenazas -castigadas con penas de seis meses a dos años de prisión-, la instigación a cometer un delito -de dos a seis años-, la incitación a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones -de tres a seis años- y, el más grave de todos, la participación en una organización destinada a imponer sus ideas por la fuerza o el temor, cuya escala penal oscila entre los tres y los ocho años de cárcel. Este mismo catálogo de tipos penales se reproduce en las restantes causas, dada la similitud de las maniobras denunciadas. No es casual, entonces, la reacción visceral del Gordo Dan y su tropa en estos últimos días: el cerco judicial comienza a cerrarse y las consecuencias podrían ser definitivas para la dinámica interna del espacio libertario.
