El máximo tribunal podría convalidar la ley pese a las reservas sobre artículos que acotan la huelga, lo que representaría un espaldarazo al mandatario. Paralelamente, la curiosa sintonía entre el oficialismo y el histórico jefe camionero desata interrogantes, en un contexto donde las finanzas del gremio y la obra social están bajo la lupa por millonarias transferencias a firmas vinculadas a su esposa.
El pulso que sostiene el jefe de Estado, Javier Milei, con las estructuras sindicales ha encontrado su epicentro en el ámbito judicial, donde se dirime la suerte de la ambiciosa reforma del mercado de trabajo. En una contienda que se asemeja más a una cuerda floja que a un combate declarado, los ojos están puestos en la Corte Suprema de Justicia, cuyo veredicto podría inclinar la balanza de manera definitiva. Según la versión que circula con insistencia entre magistrados del fuero laboral, representantes gremiales y voceros del empresariado consultados por este diario, el alto tribunal se apresta a emitir una acordada que, lejos de objetar la norma sancionada por el Parlamento, le otorgaría su bendición institucional. Este movimiento, si se concreta, se leería como un rotundo éxito del líder libertario en su cruzada contra lo que él mismo ha calificado como “la casta sindical”, aunque los ministros de la Corte albergarían serias dudas acerca de la constitucionalidad de ciertos artículos, en particular aquellos que restringen la legítima facultad de paralizar actividades.
Detrás de esta confrontación pública con la Confederación General del Trabajo (CGT), se despliega una intriga paralela que revela un doble estándar por parte de la administración libertaria. El protagonista de esta trama subterránea es nada menos que Hugo Moyano, el veterano dirigente que durante un cuarto de siglo ha ejercido una influencia decisiva en el movimiento obrero. A pesar del discurso antisindical predominante en la Casa Rosada, el jefe de los camioneros ha mantenido una relación pragmática y, en algunos aspectos, sorprendentemente colaborativa con el oficialismo. Lejos de confrontar, Moyano aceptó pautas salariales que se ubicaron por debajo del índice inflacionario e incluso consintió plazos de negociación más extensos de lo habitual, como el acuerdo vigente que se extiende por un semestre —de marzo a agosto— y que estipula un incremento del 10,1 por ciento para ese lapso. Tampoco se escucharon objeciones desde su facción cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, decidió marginar al secretario de Trabajo, Julio Cordero, asumiendo él mismo la potestad de homologar o rechazar los convenios salariales.
Sin embargo, el panorama dista de ser tranquilo para el experimentado sindicalista, que acaba de cumplir 82 años. Por primera vez en cuatro décadas al mando del Sindicato de Camioneros, su liderazgo evidencia grietas y aparecen focos de insurgencia interna que amenazan con erosionar su poder. Su mandato expira en 2027, un horizonte cercano que aviva las especulaciones sobre quiénes podrían ser sus herederos. La situación se ha tornado aún más volátil a raíz de una revelación periodística que dejó al descubierto una serie de transferencias millonarias originadas en las arcas del gremio y de la obra social hacia fideicomisos vinculados a su cónyuge, Liliana Esther Zulet. Hace apenas un par de semanas, un requerimiento judicial solicitando documentación contable sacudió los cimientos de la organización, generando una evidente conmoción interna. Ante este escenario, el matrimonio Moyano optó por un silencio elocuente aunque no pasivo: en las oficinas sindicales se ejecutaron despidos en el área de tesorería y se procedió al bloqueo del sistema informático interno, según revelaron fuentes gremiales, mientras no mediaba comunicación oficial ni respuesta a los requerimientos de la prensa.
Los números que saltan a la vista son de una magnitud difícil de ignorar. Desde las cuentas que el sindicato y la obra social de Camioneros poseen en el Banco Provincia, se habrían canalizado 900 millones de pesos en apenas doce días hacia tres fideicomisos que tendrían a Zulet y a dos de sus hijos como figuras centrales. Pero el caudal de dinero no se detuvo allí: nuevos giros efectuados entre el 12 y el 28 de enero de 2026 elevarían el monto transferido a casi 1100 millones de pesos, siempre de acuerdo con los datos proporcionados a este medio por personas al tanto de las finanzas del gremio. Los destinos privilegiados serían los fideicomisos denominados Khasis y Thoth, cuyos recursos terminarían en las empresas Aconra y Dixey, dedicadas a la construcción y al rubro textil, respectivamente. En los directorios de esas firmas, que tienen como cliente exclusivo al Sindicato de Camioneros, figuran Valeria Alejandra Salerno e Ignacio Noriega Zulet, hijos de la esposa del líder sindical. Pese a la gravedad de estas sospechas que apuntan a un posible vaciamiento de las cuentas gremiales y de la obra social, no se ha registrado reacción alguna por parte del Gobierno ni de los estrados judiciales. Tampoco los adversarios internos de Moyano se han animado a dar el paso de reactivar una vieja causa por supuesta administración fraudulenta.
La crisis de la obra social Oschoca, lejos de remitir, se profundiza a pesar de un auxilio económico por parte de los empresarios, que abonan un extra de 25 mil pesos mensuales por cada afiliado. La entidad prestadora de servicios médicos acumula un déficit financiero que rondaría los 60 mil millones de pesos, según las planillas de la Federación Nacional de Camioneros a las que accedió LA NACION. Esta semana, la situación se tornó aún más crítica con el recorte de prestaciones, servicios y la entrega de medicamentos. Vale recordar que Oschoca es administrada por la empresa Iarai, propiedad también de Zulet y sus vástagos. Las denuncias no son nuevas: la actual legisladora porteña Graciela Ocaña ya había señalado a Moyano en 2010 por enriquecimiento ilícito mediante la desviación de fondos sindicales hacia las compañías de su familia. Aquella causa, que estuvo en manos del fallecido juez Claudio Bonadio y luego pasó al despacho de Julián Ercolini, parece destinada al archivo. Sin embargo, a raíz de la publicación de este diario, Ocaña reflotó la acusación mediante una carta dirigida a la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), organismo dependiente del Ministerio de Salud, solicitando la intervención de la obra social y denunciando que Moyano y su esposa la manejan “como un bien propio sin rendir cuentas”. Pese a la presentación, fuentes oficiales aseguraron que la SSS no contempla avanzar sobre la entidad.
El único frente judicial que mantiene en vilo a Moyano se encuentra en Mar del Plata, y paradójicamente fue abierto por él mismo a través de su aliado Héctor “Yoyo” Maldonado, su brazo derecho durante la gestión deportiva del Club Atlético Independiente. La fiscalía número 10 investiga un presunto fraude de 13 mil millones de pesos en el Hotel 15 de diciembre, y tiene en curso una pericia contable que podría extenderse a las cuentas de la sede porteña del sindicato. De concretarse esa ampliación, la denuncia impulsada por Maldonado podría volverse en contra del líder camionero, quien se vería forzado a exhibir los libros contables del gremio. Si la pesquisa detecta evasión o sobrefacturación, la causa podría derivar en la Justicia federal. Por ahora, hay siete personas imputadas: tres exempleados del hotel, dos proveedores y dos dirigentes de confianza de Moyano que fueron despedidos: el secretario Administrativo, Claudio Omar Balazic, y el tesorero, Paulo Héctor Villegas. El expediente, a cargo del fiscal Carlos David Bruna, arroja datos reveladores: las facturas y los cheques del hotel eran auditados en la sede gremial de Buenos Aires, y se habría detectado que una de las empresas proveedoras de artículos de limpieza que percibió sobreprecios pertenece a una abogada que representa al sindicato en otros pleitos, es decir, alguien del círculo de confianza del dirigente.
La pesquisa se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para Moyano, quien teme que termine por exponer irregularidades de su entorno íntimo. Hace aproximadamente un mes, comenzaron a circular versiones sobre supuestos contactos con la Casa Rosada y el gobierno de Axel Kicillof para gestionar influencias en el Poder Judicial o en los organismos de control fiscal. Esa teoría cobró fuerza tras saberse que seis funcionarios de la agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en Mar del Plata fueron desplazados luego de haber denunciado presiones desde sus superiores en Buenos Aires para no aportar documentación a la investigación judicial vinculada al hotel sindical. Uno de esos funcionarios, Manuel Rodríguez, incluso se presentó ante la Fiscalía Federal de Mar del Plata para radicar una denuncia contra la cúpula del organismo recaudador. En un giro inesperado, el fiscal Bruna rechazó esta semana la citación a declarar como testigo de Rodríguez, solicitada por el abogado Maximiliano Orsini, defensor de tres de los imputados. La pericia contable ordenada por el fiscal, que tiene el expediente desde agosto de 2025, recién estaría lista dentro de 90 días.
En medio de este torbellino, el vínculo de Moyano con la administración libertaria se mantiene a través de unos pocos funcionarios. El líder camionero no conoce personalmente a Milei ni tiene trato directo con él. Su hijo Hugo Antonio, diputado nacional e integrante del equipo legal del gremio, oficia de nexo con el secretario de Trabajo para asuntos salariales. Otro puente es Mario Lugones, aunque limitado a cuestiones de la obra social. También quedó abierto un canal con el ministro del Interior, Diego Santilli, con quien negoció históricamente los contratos de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires. Pero el vínculo más significativo se tejió recientemente. En abril de 2024, durante la primera visita oficial de la CGT a la Casa Rosada, Moyano se sumó a la comitiva pese a no integrar el consejo directivo. Aquel día, la delegación sindical fue recibida por Guillermo Francos, pero fue con Santiago Caputo, el influyente asesor presidencial, con quien el camionero conectó de inmediato. A los pocos días de aquel apretón de manos, Caputo destrabó un conflicto relacionado con la paritaria de los camioneros. Desde entonces, mantienen contacto, a veces a través de Jerónimo, el hijo menor de Moyano que actúa como secretario privado de su padre. Casualidad o no, una de las áreas en las que Caputo conserva influencia es precisamente en ARCA, el organismo que intentó auxiliar al líder sindical en la causa judicial que lo tiene en vilo.
