Un extenso colectivo de referentes en derechos humanos, magistrados en retiro y especialistas en salud mental acusó a la senadora nacional de liderar un plan sistemático para instalar la existencia de “denuncias falsas”, coaccionar a psicólogas y trabajadoras sociales, y promover la impunidad de condenados por pedofilia. La presentación ante la justicia federal alcanza también a otros funcionarios y advierte sobre un “retroceso sin precedentes” en la protección de las infancias.
En un escrito de carácter histórico por la cantidad y relevancia de sus firmantes, un nutrido grupo de referentes del ámbito de los derechos humanos, expertos en leyes y profesionales del área de la salud presentó una querella penal contra la senadora nacional Carolina Losada. La acción judicial, que ya fue remitida a los estrados federales, sostiene que la legisladora santafecina articuló una operación deliberada para propagar la falacia de que existen acusaciones fraudulentas por parte de niñas, niños y adolescentes contra sus agresores sexuales, al mismo tiempo que se la acusa de ejercer presiones sobre especialistas para que desistan de brindar atención a quienes padecen esas violencias.
El centro de la denuncia no es únicamente un proyecto legislativo —que ya fracasó en dos oportunidades— sino una maniobra más amplia de coacción y amedrentamiento que tendría su epicentro en el despacho de la senadora y se desplegaría de manera simultánea en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe, aunque con claras repercusiones en todo el territorio nacional. Junto a Losada, la denuncia señala al senador Juan Carlos Pagotto y al exministro Mariano Cúneo Libarona como partícipes de esta estrategia.
Las firmas que respaldan la presentación incluyen a personalidades de enorme gravitación en la defensa de las garantías fundamentales, entre ellas la del exjuez de Cámara Federal Carlos Rozanski, la psicóloga y periodista Liliana Hendel, y la profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires Dora Barrancos. A ellas se suman, en una larga nómina, reconocidas activistas como Nora Schulman, Nelly Minyersky, Taty Almeyda, Francisco “Paco” Olveira, Mónica Macha, Susana Toporosi, Diana Maffia y el científico Alberto Kornblihtt, entre muchos otros.
Los delitos que se les atribuyen a los denunciados son de extrema gravedad: coacciones, encubrimiento agravado, apología del crimen, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Según reza el texto de la querella, la senadora habría orquestado un “inédito desfile de pedófilos” por el recinto del Senado, a quienes presentó como “héroes” que padecen la supuesta tiranía del “hembrismo”. Entre esos nombres se encuentra el de Diego Guacci, exentrenador de la Selección Argentina de fútbol femenino, condenado por delitos sexuales; la denuncia subraya que ninguno de los casos que Losada utilizó como ejemplo de falsa acusación resultó serlo efectivamente.
Uno de los ejemplos más aberrantes citados en la presentación es el de Jazmín Carro, una joven que en noviembre de 2024 fue llevada al estrado del Senado para retractarse públicamente de su denuncia contra su propio padre. Sin embargo, aquel hombre ya había recibido una condena de quince años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante e incesto. Las firmantes advierten que esta estrategia no solo revive el trauma de las víctimas, sino que busca disciplinar a cualquier persona que se atreva a hablar.
En el mismo sentido, la denuncia destaca el caso de varias futbolistas que testimonieron el 29 de abril pasado en el Salón Auditorio del Senado. Aquellas jóvenes relataron las presiones y los requerimientos de contenido sexual que padecieron por parte de Guacci. Una de ellas, Camila Gómez Ares, expresó con claridad el efecto paralizante de esta operatoria: “El mensaje que están dando es triste y peligroso: si hablás vas a terminar peor de lo que estabas. Quieren que las futuras generaciones de jugadoras vean nuestro caso y digan: mejor me callo”. La denuncia sostiene que estas acciones constituyen un intento deliberado de instaurar el silencio por medio del miedo.
Para fundamentar la inexistencia estadística de las llamadas “falsas denuncias”, los querellantes recordaron que investigaciones rigurosas, como las del Consejo de Estado de España entre 2009 y 2021, demostraron sobre un universo de más de un millón de casos de violencia de género una incidencia del 0,0084%, un guarismo sin relevancia estadística alguna. En Argentina, añaden, la falsa denuncia ya está tipificada en el código penal desde 1949, y no existe un solo caso documentado referido específicamente a abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Las cifras de falsas imputaciones en general, provenientes mayormente de delitos económicos, nunca superan el uno por ciento.
Liliana Hendel, secretaria de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidades de La Matanza, explicó a este diario que la motivación para recurrir a la justicia es doble. Por un lado, detener el avance de un instrumento legal que, de convertirse en ley, serviría para castigar y disciplinar a quienes sacan a la luz las violencias. Por el otro, visibilizar que lo que buscan los impulsores de esa normativa es garantizar la impunidad de los violentos, algo que el sistema judicial, con su arraigada misoginia, ha facilitado durante décadas. “Primero con los femicidios que llamaban ‘crímenes pasionales’, y más recientemente con las madres protectoras a las que se castiga quitándoles la posibilidad de maternar por el único delito de haber creído a sus hijas e hijos”, enfatizó.
El exjuez Carlos Rozanski, por su parte, señaló a Página/12 que los discursos mendaces sobre abuso sexual y violencias de género no son nuevos, pero advirtió que el contexto actual es particularmente siniestro. “Siempre han existido, los levantan los pedófilos, sus defensores y quienes hacen negocio con la pornografía infantil y la trata. Pero en este momento de retroceso sin precedentes, la persecución a madres protectoras y a profesionales es alarmante”, afirmó. Rozanski aclaró que la denuncia no se dirige contra un proyecto de ley, sino contra una operación fáctica destinada a generar terror en psicólogas, trabajadoras sociales y funcionarios judiciales. “Sin informes técnicos nadie puede ser condenado. Con psicólogas atemorizadas no hay atención ni informes. Es la mejor forma de defender a los pedófilos”, sentenció.
La necesidad de acudir a la vía penal, concluye el documento, surge porque los mecanismos tradicionales de control se encuentran intencionalmente desarticulados por la actual gestión de gobierno. Los denunciantes mencionan expresamente que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, bloqueó durante dos años la posibilidad de activar la comisión de juicio político. Frente a ese vacío, y dado que la maniobra de Losada y sus cómplices configura delitos, la única herramienta que resta es la judicial. La denuncia ya está en manos de la justicia federal, que deberá decidir si investiga lo que los firmantes califican como un plan sistemático para sembrar el terror y garantizar, una vez más, la impunidad de los agresores de las infancias.
