El caso de Santiago Busaniche, un reconocido lobista vinculado a figuras del máximo tribunal, conmueve los cimientos del poder judicial argentino tras dejar una carta donde denuncia una supuesta persecución orquestada por el actual presidente de la Corte, Horacio Rosatti. El profesional se encuentra internado en su hogar tras ingerir psicofármacos el pasado 5 de mayo y se halla fuera de riesgo vital.
En un episodio que sacudió las estructuras políticas y judiciales de la provincia de Santa Fe, pero que resonó con particular intensidad en los pasillos de Comodoro Py, el escribano Santiago Busaniche intentó poner fin a su existencia mediante la ingesta masiva de ansiolíticos. Lo que transformó este hecho en un verdadero terremoto institucional no fue solamente la gravedad del acto en sí mismo, sino el contenido explosivo del mensaje de despedida que redactó previamente y que, una vez conocido, operó como una suerte de “carta bomba” capaz de dejar al desnudo las profundas grietas que atraviesan a la máxima instancia judicial de la Nación.
El documento, cuya primera línea contiene la desgarradora declaración “He decidido quitarme la vida; la estoy padeciendo y no quiero hacer sufrir más a mi familia”, apunta directamente contra el presidente del tribunal superior, Horacio Rosatti, así como contra diversos funcionarios del ámbito judicial y legislativo. Busaniche, cuya trayectoria profesional lo posiciona como un operador con estrechos lazos con el extitular de la Corte Ricardo Lorenzetti —histórico adversario interno de Rosatti—, despliega en su escrito una narrativa que expone supuestas maniobras de hostigamiento orquestadas desde el poder.
En el texto, el escribano describe lo que interpreta como una “campaña de desacreditación pública” y un “hostigamiento mediático orquestado” que, según su percepción, tendría como principal artífice al propio Rosatti. Para comprender cabalmente la desesperación que atravesaba a este hombre al momento de redactar esas líneas, resulta indispensable analizar la fractura expuesta en el cuarto piso del edificio de Talcahuano 550, sede de la Corte Suprema. En los círculos judiciales, Busaniche es reconocido fundamentalmente por sus vínculos con Lorenzetti, quien fuera hasta no hace mucho aliado del tercer miembro del tribunal, Carlos Rosenkrantz, aunque esa alianza se ha ido deteriorando progresivamente hasta el punto de que ya no actúan como bloque homogéneo. En la foja de servicios del escribano también aparecen mencionados contactos destinados a realizar gestiones de lobby en favor del extinto dirigente político Carlos Reutemann, en la época en que este se perfilaba como el principal candidato presidencial para suceder a Eduardo Duhalde.
Dentro de su misiva, Busaniche formula una denuncia de gravedad institucional mayúscula: afirma que Rosatti, a través de la intermediación de su secretario Silvio Robles —a quien incluso llega a calificar como “el jefe del presidente de la Corte”—, habría ejercido influencias sobre magistrados de instancias inferiores con el propósito de perjudicarlo en las causas judiciales en las que se encuentra implicado. “Desde hace años el presidente de la Corte Suprema de la Nación me está desacreditando públicamente, hostigándome mediáticamente y desde su cobarde y desproporcionada posición de poder, operando sobre los jueces inferiores”, se lee en la denominada “carta de despedida”.
El relato del escribano agrega un elemento adicional que refuerza la tensión personal con el máximo magistrado: según su versión, Rosatti habría reprochado a otros funcionarios del Consejo de la Magistratura el hecho de haber compartido una comida con él, a la vez que lo tildó de “valijero” de Lorenzetti, una etiqueta que Busaniche rechaza de manera categórica. “Jamás hice ni un solo negocio ni lo conozco como para pedirle una cosa así”, sostiene en su descargo. La enemistad, siempre de acuerdo a lo plasmado en la carta, tendría también aristas vinculadas al ámbito personal. Busaniche afirma que Rosatti le atribuye la difusión de noticias referidas a un incidente vial protagonizado por su hijo, Emilio Rosatti, relacionado con un control de alcoholemia que arrojó resultado positivo, así como la supuesta “armada” de una causa por cobros indebidos. “La desproporción de hacer valer su posición contra un ciudadano de a pie es totalmente canallesca, desigual y cobarde”, sentencia el texto con crudeza.
Entre los pasajes más sensibles del documento, Busaniche asegura que existieron comunicaciones telefónicas directas provenientes tanto de Silvio Robles como del propio Horacio Rosatti dirigidas a un camarista con la intención de incidir en sus resoluciones judiciales. El escribano extiende sus acusaciones hacia integrantes de la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta, a quienes describe como vehículos de presión sobre el Poder Judicial destinados a “torcer decisiones” en su contra, siempre alineados con los intereses de la presidencia de la Corte. “Sé que, aunque no tengan sustento probatorio, me van a condenar a lo que pidan los fiscales y antes de ir preso de esta forma, prefiero morirme”, sostiene con dramatismo en varios párrafos. Menciona además una advertencia que le habría llegado a través de Héctor Marchi, exadministrador del máximo tribunal: “¿Sabrá Busaniche lo que es meterse con un ministro de la Corte?”. Para el escribano, esa amenaza se tradujo concretamente en una “persecución mediática y judicial inaudita”.
La situación procesal que enfrenta Busaniche gira fundamentalmente en torno a una causa por supuestos sobornos destinados a obtener resoluciones favorables. La acusación sostiene que el escribano habría gestionado ante el juez federal Gastón Salmain una medida cautelar para que el financista Fernando Whpei —quien actualmente declara en calidad de “arrepentido”— pudiera adquirir diez millones de dólares al tipo de cambio oficial durante la gestión anterior, aprovechando la brecha cambiaria existente. Busaniche niega rotundamente cualquier rol como “cajero” o intermediario en esa operación, califica los testimonios de Whpei como un “bolazo absoluto” y asegura que no existe respaldo probatorio alguno. “Salió en los medios que yo cobré 200 mil dólares y el juez otro tanto y el ‘arrepentido’ dijo que no pagó nada”, señala. La fiscalía a cargo de Juan Argibay Molina solicitó seis años de reclusión para él, y ese pedido parece haber actuado como el detonante final de su desesperación.
En otra investigación, Busaniche se encuentra implicado junto al exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque, quien renunció el año pasado después de ser denunciado por extorsión. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó hace pocos días un pedido para que se anularan todas las pesquisas que lo tienen como acusado. El escribano es hermano de un camarista de la justicia federal de Paraná y está casado con la hija del exteniente general Julio Gutiérrez, quien a su vez es primo político de Reutemann. En su estrategia de defensa, acorralado por las denuncias, salió a exponer un entramado de presiones pero en sentido contrario a aquellas que se le atribuyen a él.
Uno de los pasajes más explosivos del escrito involucra a la senadora Patricia Bullrich. Según el relato de Busaniche, la legisladora “ya había llamado al doctor (Diego) Barroetaveña” —camarista federal— en una instancia previa de la causa para influir en la aplicación del código procesal. El escribano afirma que Bullrich habría manifestado que “estaba la embajada de Estados Unidos atrás”, y se pregunta abiertamente en su carta qué hace una representante del Poder Legislativo “llamando a jueces para torcer sus decisiones” y si esa conducta se compadece con un auténtico estado de derecho.
Mientras Busaniche transita su recuperación del cuadro de intoxicación farmacológica, sus letrados —Diego Pirota, Débora Lichtmann y Darío Richarte— enfrentan un escenario complejo y lleno de aristas imprevisibles. La carta no constituye meramente un descargo emocional, sino que se presenta como un auténtico mapa de testigos y comunicaciones telefónicas que, de ser investigadas en profundidad, podrían abrir una nueva caja de Pandora en los sótanos de la justicia argentina. “Espero que esta decisión haga reaccionar a algún engranaje del poder judicial para que los ciudadanos comunes vivan en un verdadero estado de derecho”, concluye el texto que Busaniche firmó antes de atentar contra su propia vida.
El documento describe un sistema, una articulación de actores judiciales, políticos, mediáticos y operadores informales que, según su relato, habría funcionado de manera coordinada para condicionarlo, aislarlo y finalmente empujarlo hacia una situación límite. Busaniche construye una hipótesis de funcionamiento del poder judicial basada no tanto en expedientes como en relaciones personales, favores cruzados, presiones institucionales y operaciones mediáticas sincronizadas. En ese esquema, Horacio Rosatti aparece como vértice político-jurisdiccional del dispositivo. Silvio Robles, como brazo ejecutor y operador cotidiano. Los fiscales y magistrados inferiores, como terminales sobre las cuales se irradiaría influencia. Algunos periodistas, como amplificadores mediáticos de decisiones ya tomadas. Busaniche menciona que se “negociaba a quién se imputaba y a quién no”, y afirma que ciertos empresarios o actores políticos habrían quedado al margen de investigaciones gracias a protecciones específicas. La lógica que describe es casi tribal: pertenecer —o ser percibido como perteneciente— a una facción judicial determinada puede alterar el trato recibido dentro del sistema.
Por todo ello, el documento genera una enorme incomodidad en el interior de los tribunales federales. Porque más allá de la situación procesal concreta del escribano, pone en palabras aquello que suele comentarse únicamente en voz baja: que en ciertos sectores del poder judicial argentino, las decisiones reales muchas veces se construyen fuera de los expedientes. La recuperación física de Busaniche abre ahora un interrogante sobre si su angustiante testimonio tendrá consecuencias concretas o quedará reducido al eco de un grito de auxilio en un sistema que, según su propia descripción, suele ser sordo cuando las denuncias provienen de quienes no cuentan con protección suficiente.
