El tribunal de Tarija determinó paralizar el juicio por trata agravada de personas hasta que el exmandatario se presente voluntariamente ante los estrados judiciales. El fallo estuvo acompañado por una declaratoria de rebeldía y la consecuente solicitud de aprehensión contra el histórico líder indígena, cuya defensa denuncia una persecución política con el objetivo de desviar la atención de las críticas hacia el actual gobierno de Luis Arce.
El proceso judicial contra el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, acusado por el delito de trata agravada de personas, sufrió este lunes un drástico giro procesal luego de que el tribunal encargado de la causa decidiera suspender la audiencia programada y, al mismo tiempo, declarar al otrora mandatario en situación de rebeldía. La medida, adoptada por la sala departamental de justicia de Tarija, implica la inmediata reactivación del pedido de captura contra el exgobernante, quien no se presentó al llamamiento judicial fijado para las ocho y media de la mañana en esa ciudad del sur boliviano.
El magistrado Luis Esteban Ortiz, a cargo del Tribunal Departamental de Justicia, explicó que la suspensión del juicio se mantendrá vigente hasta que Morales concurra por sus propios medios ante la justicia o sea aprehendido por las fuerzas del orden. Esta resolución convierte al ex presidente en un prófugo de la ley a los ojos del sistema judicial, aunque su paradero es ampliamente conocido: desde octubre de 2024 permanece en la región del Trópico de Cochabamba, un bastión cocalero que constituye su principal territorio de influencia política y sindical, rodeado permanentemente por centenares de simpatizantes que actúan como una suerte de custodia popular.
La defensa legal del ex mandatario no tardó en reaccionar y calificó el proceso como una maniobra esencialmente política, orquestada para perseguir al líder indígena y, de paso, desviar la atención ciudadana de las crecientes críticas hacia el gobierno del presidente Luis Arce, cuestionado duramente por el rumbo de sus políticas económicas y sociales. Wilfredo Chávez, uno de los letrados que representa a Morales, afirmó ante los periodicos esta mañana que su representado jamás fue notificado en persona sobre la realización de la audiencia, sino únicamente a través de un edicto judicial. Según el abogado, dicha irregularidad constituye un vicio causal de fondo que invalida todo el procedimiento. Sin embargo, los jueces del tribunal tarijeño no acogieron este argumento y avanzaron con la declaración de rebeldía.
El trasfondo de la acusación contra Evo Morales es particularmente grave y sensible. Se le atribuye haber mantenido una relación sentimental con una menor de edad, presunta relación de la cual habría nacido una hija mientras él ejercía la primera magistratura del país allá por el año 2016. La investigación preliminar, que se desarrolló a lo largo de los últimos meses, ya había derivado en una primera declaración de rebeldía a principios de 2025, luego de que el ex presidente no compareciera en dos ocasiones consecutivas a una audiencia destinada a resolver su situación procesal, amparándose entonces en supuestos problemas de salud.
El contexto de la medida adoptada este lunes no puede entenderse sin recordar lo ocurrido en octubre de 2024, cuando la policía boliviana intentó ejecutar una orden de detención contra Morales y fracasó estrepitosamente ante la férrea resistencia de sus seguidores. En aquella oportunidad, los simpatizantes del ex gobernante bloquearon carreteras durante veinticuatro días seguidos, paralizando el tránsito en varias regiones clave del país y generando una crisis de abastecimiento que afectó a millones de personas. Aquel episodio evidenció la capacidad de movilización del líder indígena, pero también la fragilidad del estado de derecho en zonas donde su palabra sigue teniendo más peso que los mandatos judiciales.
Ahora, con una nueva orden de captura latente sobre su cabeza, la incógnita se centra en cuándo y cómo se materializará su aprehensión, o bien si el ex presidente decidirá finalmente comparecer voluntariamente ante los estrados, algo que hasta el momento ha rechazado sistemáticamente. El tribunal ha sido claro al advertir que la rebeldía ya está firme y que el único camino para desactivar el pedido de captura es la presentación personal de Morales. Mientras tanto, su abogado insiste en que el juicio está viciado de origen y que recurrirá a instancias superiores, incluyendo tribunales internacionales de derechos humanos, para frenar lo que considera una cacería política con disfraz judicial. La pugna entre el poder político del líder indígena y la autoridad de la justicia boliviana vuelve a estar en el centro de la escena, y esta vez con un desenlace aún imprevisible.
