Con una movilización que los organizadores calcularon en un millón y medio de voluntades desplegadas a lo largo y ancho del territorio nacional, el Frente Universitario –una articulación inédita que nuclea a sindicatos, rectores y jóvenes que estudian– denunció que la Casa Rosada persiste en ignorar los dictámenes del Poder Judicial y las leyes emanadas del Congreso, mientras la Ley de Financiamiento permanece incumplida. La Corte Suprema, que debe expedirse sobre un recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo, fue interpelada para que “atienda el reclamo que resuena en cada rincón de la república”.
La plaza que vio nacer a la patria se vistió otra vez de multitud. No hubo espacio vacío bajo el mástil central ni en las veredas adyacentes. Una marea de banderas, guardapolvos, carteles y voces se extendió desde el Parlamento hasta el corazón del poder ejecutivo. La cuarta manifestación federal convocada por el Frente Universitario –ente que reúne a asociaciones gremiales, máximas autoridades académicas y federaciones estudiantiles– superó todas las expectativas previas. Según las estimaciones de los propios impulsores, cerca de un millón y medio de ciudadanos salieron a las calles en distintos puntos del país para expresar una exigencia que ya acumula doscientos tres días de espera: que el gobierno de Javier Milei cumpla con lo normado y detenga el deterioro extremo que padecen las casas de altos estudios.
El mensaje fue lapidario y se sostuvo en tres ejes contundentes. Los oradores, turnándose en el escenario montado frente a la sede gubernamental, denunciaron “la ruptura del acuerdo democrático” por parte del oficialismo, al constatar que la división de poderes ha sido violentada de manera sistemática. Señalaron que el Congreso sancionó una ley de financiamiento universitario que luego fue ratificada tras un veto presidencial fallido, y que la Justicia emitió fallos claros ordenando su inmediata ejecución. Sin embargo, la administración libertaria decidió hacer oídos sordos. “No se trata apenas del presupuesto para las universidades”, enfatizaron los voceros del Frente, “sino del contrato social entero que nos garantiza vivir en libertad bajo un estado de derecho. Cuando un gobierno elige qué leyes acatar y cuáles desobedecer, se quiebran los cimientos de la república”.
Entre los oradores más aplaudidos se contó Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Rosario. Tras recordar que el frente gremial-académico ha recorrido todos los senderos institucionales posibles –desde el lobby legislativo hasta la presentación de recursos judiciales–, se preguntó con angustia: “¿Qué más debemos hacer para que las respuestas lleguen y este sufrimiento termine?”. Luego agregó, con la voz quebrada pero firme: “Hemos transitado más de dos años de gestiones infructuosas. No tenemos contestación. Por eso hoy estamos aquí, nuevamente en la calle”. A su lado, Joaquín Carvalho, titular de la Federación Universitaria Argentina (FUA), lanzó una advertencia directa al mandatario: “Señor presidente, es sumamente peligroso jugar con los anhelos de la gente, con los proyectos de vida de miles de jóvenes”. Carvalho procedió a leer un documento consensuado entre el CIN, la FUA y las organizaciones sindicales docentes y no docentes –entre ellas Conadu, Conadu Histórica, Fedub, Fagdut, UDA, Ctera y Fatun– en el que se plantó una defensa férrea de la educación pública superior como pilar de la democracia.
El clima se tornó aún más tenso cuando los dirigentes hicieron foco en el accionar del gobierno en las horas previas. La administración de Milei intentó desacreditar la movilización mediante una ofensiva en redes sociales y ciertos medios afines. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, calificó la protesta como un acto político montado sobre “una mentira emocional”. Tanto el Presidente como su ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, difundieron mensajes con argumentos que los organizadores no tardaron en desmontar. Una de las afirmaciones más polémicas señalaba que los alumnos extranjeros representarían casi el 40 por ciento en la carrera de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y el 51 por ciento en la Universidad de La Plata, y que las autoridades universitarias decidían no cobrarles aranceles por mera ideología. Sin embargo, los datos oficiales de la propia cartera educativa nacional correspondientes a 2023 indican que los foráneos apenas alcanzan el 4,1 por ciento del total de la matrícula, y que en la carrera de Medicina de la UBA el porcentaje es del 28 por ciento.
Otro de los embates oficiales giró en torno al “costo de cada egresado”. Álvarez ejemplificó con la Universidad Nacional de las Artes, sosteniendo que cada título demandaba 57 millones de pesos y que el 40 por ciento de los inscriptos no aprobaba ninguna materia. Desde la FUA replicaron que el cálculo resultaba falaz, ya que se tomaba como base la cantidad de ingresantes –muchos de los cuales luego cambian de carrera o desisten– en lugar de los alumnos regulares. El investigador del Conicet Rodrigo Quiroga profundizó el análisis y comparó con estándares internacionales: aunque se aceptaran las cifras gubernamentales, la universidad argentina evidenciaría una eficiencia extraordinaria. Explicó que el cálculo mencionado arrojaría unos 40.000 dólares por egresado; si se promedia una graduación en ocho años, eso equivale a 5.000 dólares anuales de estudio. En los países de la OCDE, el costo total promedio anual supera los 20.000 dólares. “La universidad argentina es sumamente eficiente y barata en términos comparativos”, concluyó.
Pero la arremetida no se limitó al plano discursivo. Un día antes de la multitudinaria marcha federal, el gobierno decretó una poda adicional de 5.303 millones de pesos destinados a obras de infraestructura universitaria, dentro de un ajuste global de 78.768 millones aplicado al sector educativo. Las cifras expuestas por los rectores resultaron escalofriantes. Entre 2023 y 2026, las transferencias a las universidades sufrieron una caída real acumulada del 45,6 por ciento, lo que implica una reducción inédita de los recursos para el mantenimiento del sistema. En materia salarial, docentes y personal no docente padecieron una pérdida del poder adquisitivo del 37,13 por ciento, equivalente a casi once sueldos desde la asunción de Milei. Los salarios se hallan así en el nivel más bajo de los últimos veintitrés años, y se ubican entre los peores desde el regreso de la democracia.
Los gremios detallaron las consecuencias concretas de esta política: cerraron las paritarias impuestas por el gobierno nacional, se produjo un deterioro alarmante de las condiciones laborales, creció el número de renuncias de profesionales formados, se redujeron las dedicaciones exclusivas, aumentó el pluriempleo y las obras sociales enfrentan una crisis severa. “Cobramos sueldos que no nos alcanzan para llegar a fin de mes ni para cubrir las necesidades elementales”, denunciaron en un texto conjunto. La comparación con otros rubros presupuestarios también apareció en los discursos. Daniel Ricci, secretario general de la Fedun, apuntó contra el jefe de Gabinete: “Exigimos un funcionario que ejecute las leyes que emanan del Congreso, no que pase el día pensando en cuántas cascadas se coloca en su residencia oficial”. Fue una clara alusión a los recientes escándalos de corrupción que salpicaron al oficialismo.
Clara Chevallier, secretaria General de Conadu, fue más directa todavía: “La universidad pública constituye un consenso fundamental del pueblo argentino, y lo hemos demostrado hoy en cada calle de la patria. Un millón y medio de personas se movilizaron para poner un freno a este gobierno. Si el señor Milei no quiere acatar la ley, entonces deberá abandonar el cargo”. La frase desató una ovación ensordecedora. Minutos después, el rector de la Universidad de Río Negro y vicepresidente del CIN, Anselmo Torres, lanzó una advertencia que resonó como un compromiso: “Que no nos hipotequen el porvenir”. Y subrayó que si el oficialismo insiste en violar la normativa vigente, la comunidad universitaria volverá a las calles tantas veces como sea necesario, porque la educación pública se ha convertido en una causa de toda la nación.
El respaldo político a la protesta fue transversal. Gobernadores de distintas provincias se sumaron al reclamo. El cordobés Martín Llaryora, cuyo vínculo con el Presidente ha sido oscilante, sostuvo que el desfinanciamiento “no solo amenaza el acceso al conocimiento, sino que atenta contra la esencia misma de Córdoba”. El bonaerense Axel Kicillof encabezó una de las columnas y afirmó: “Javier Milei debe comprender que defender la universidad pública no es una demanda exclusiva de docentes y estudiantes, sino una lucha de todo el pueblo argentino”. Desde la oposición legislativa, el diputado de Fuerza Patria Máximo Kirchner arremetió contra aquellos que “celebraron el inicio de la gestión de Milei y ahora fingen preocupación por la educación. No es gratis haberse entregado para complacer”, sentenció. Tras caminar entre la multitud, la columna de La Cámpora se dirigió a la calle San José para saludar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. También se pronunció el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien escribió en sus redes: “El país que imaginamos se edifica con más educación y más ciencia”.
Al caer la tarde, frente a la Casa Rosada ya iluminada, los organizadores leyeron un nuevo párrafo del documento conjunto. Allí se pedía a la Corte Suprema de Justicia que “escuche el clamor que recorre toda la república” y que falle a favor del pueblo ante el recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo. La consigna final, coreada por cientos de miles de gargantas, fue simple y demoledora: “Sin universidad pública no hay democracia”. La plaza se vació lentamente, pero nadie dudaba de que, si el gobierno mantenía su postura, la marea volvería a crecer. Esta vez fueron un millón y medio de voces. La próxima podría ser más.
