Francisco Adorni, flamante legislador bonaerense de La Libertad Avanza, enfrenta una imputación del fiscal Guillermo Marijuán tras duplicar su patrimonio declarado en apenas un año. La adquisición de una camioneta de alta gama y la cancelación anticipada de un crédito hipotecario por 60 millones de pesos, difíciles de justificar con sus ingresos estatales, encendieron las alarmas en una causa paralela a la que investiga a su hermano Manuel.
La madeja del escándalo que salpica a la familia Adorni continúa desenredándose con cada nuevo capítulo, y en esta ocasión el reflector se ha desplazado hacia Francisco Jorge Adorni, el vástago menor del clan que hoy ocupa una banca en la legislatura bonaerense. Lo que parecía una sombra apenas perceptible al costado del expediente principal contra el jefe de gabinete se ha convertido en un foco autónomo de sospechas, luego de que el fiscal federal Guillermo Marijuán decidiera imputarlo formalmente por los delitos de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El dictamen al que accedió este medio no deja resquicios a la interpretación ambigua: la investigación apuntará a desentrañar el “incremento patrimonial no justificado” que el funcionario habría experimentado desde diciembre de 2023, cuando asumió su primer cargo en la órbita del Ministerio de Defensa, hasta la actualidad.
El origen de este nuevo frente judicial se remonta a una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien puso bajo la mira del sistema de justicia las declaraciones juradas del menor de los Adorni. Los números son, cuanto menos, elocuentes y perturbadores: entre 2024 y 2025, Francisco logró hacer crecer su patrimonio neto declarado de 43,7 millones de pesos a 80,5 millones, una duplicación que por sí misma ya resultaría llamativa para cualquier ciudadano común, pero que se vuelve explosiva cuando se analiza la naturaleza de los bienes incorporados. Tal como reveló Página/12 el pasado domingo, el legislador incluyó en su última declaración jurada una camioneta de la marca Jeep, adquirida en noviembre de 2025, y simultáneamente blanqueó la cancelación total de un crédito hipotecario contraído con el Banco Provincia por un monto cercano a los 60 millones de pesos. Ambos movimientos financieros, a simple vista, parecen situarse muy por fuera del alcance de los ingresos percibidos por Adorni durante su carrera pública.
La trayectoria estatal del hermano del jefe de gabinete fue breve pero intensa, signada por ascensos meteóricos que despertaron suspicacias desde su mismo origen. Francisco hizo su entrada a la función pública de la mano de Manuel, justo cuando este último desembarcaba como vocero presidencial. Fue en diciembre de 2023 cuando el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, le otorgó su primera posición modesta como asesor en la Unidad de Auditoría Interna de esa cartera. Sin embargo, a mediados de 2024, sin que mediaran méritos profesionales ostensibles ni antecedentes que justificaran semejante salto, lo ascendió a titular de esa misma unidad, un movimiento que ya en su momento generó un escándalo de menores proporciones pero que anticipaba lo que vendría. Fue entonces cuando Francisco accedió a una recomposición salarial astronómica, de un 420 por ciento, que llevó su remuneración mensual de unos 820 mil pesos como asesor a casi 4 millones de pesos como funcionario de alto rango, un sueldazo que, pese a su generosidad, resulta igualmente insuficiente para explicar la cancelación de una deuda hipotecaria de semejante magnitud mientras se mantenía un nivel de vida acorde al apellido que porta.
Aquel primer puesto en Defensa no fue sino el escalón inicial de una carrera que parecía trazada con tiza. Más tarde, Francisco dio un nuevo y más resonante salto, esta vez impulsado por el favor de las urnas y el respaldo explícito de Karina Milei y Sebastián Pareja, quienes lo convocaron a liderar la lista de La Libertad Avanza en la octava sección electoral bonaerense. El resultado le fue favorable: resultó electo en los comicios de septiembre pasado y desde diciembre integra el bloque de 20 bancas libertarias en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Pero antes de ese desembarco legislativo, el hermano del jefe de gabinete obtuvo una última prebenda en el ejecutivo: fue colocado al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), un cargo desde el cual, según revelaron denuncias posteriores, habría dado el visto bueno a un préstamo millonario de 40 mil millones de pesos a la obra social militar IOSFA, justo en los meses previos a la quiebra de esa entidad.
Esa operación en particular no pasó desapercibida para la diputada Pagano, quien radicó una segunda denuncia penal contra Francisco Adorni para que se investigue la posible existencia de algún tipo de retribución ilegal a cambio de su venia. En ese escrito, la legisladora lo acusa de administración fraudulenta, malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros ilícitos. La hipótesis que se pretende contrastar es grave: que lejos de cumplir con sus obligaciones legales de control, Adorni habría convalidado, ejecutado o consentido la aplicación irregular del préstamo, omitiendo las salvaguardas legalmente exigibles y permitiendo que los fondos previsionales del personal militar terminaran financiando, en condiciones onerosas y sin una trazabilidad transparente, el déficit corriente de un organismo cuya disolución ya estaba siendo planificada por el propio Poder Ejecutivo que lo había designado. IOSFA terminó siendo disuelta a principios de este año, y el gobierno creó una obra social sustituta denominada OSFA, aunque los problemas de los militares para acceder a prestaciones médicas se habrían agravado desde entonces, al punto de provocar la renuncia del extitular de aquella entidad, el general de brigada (R) Sergio Maldonado.
La denuncia original de Pagano, que dio origen a la imputación por enriquecimiento ilícito, plantea una trama aún más sutil y perturbadora: sugiere que Francisco podría estar actuando como un testaferro de su hermano Manuel, un mero instrumento para canalizar activos de origen incierto. Esta hipótesis se apoya en la evidencia de que el jefe de gabinete ya ha sido sorprendido gastando cientos de miles de dólares a un ritmo infernal, sin poder ofrecer una explicación razonable sobre el origen de esos fondos. El expediente por enriquecimiento ilícito recayó inicialmente en el Juzgado Federal N° 6, subrogado por Daniel Rafecas, quien resolvió delegar la investigación en el fiscal Marijuán. Este último ya ha ordenado el levantamiento del secreto fiscal y bancario del menor de los Adorni, y ha cursado incluso un pedido formal al ente recaudador ARCA para determinar si el diputado se acogió a los últimos planes de blanqueo de capitales impulsados por la gestión libertaria.
El dictamen fiscal subraya un hecho incontrastable: hasta su designación en la función pública, Francisco Adorni no registraba antecedentes de trayectoria en el sector estatal ni contaba con un patrimonio que resultara compatible con la incorporación de bienes registrables de alto valor en plazos breves. En su primera declaración jurada, correspondiente a inicios de 2024, había declarado un patrimonio de 43.790.000 pesos, que se explicaba básicamente por el 50 por ciento de una vivienda de 162 metros cuadrados ubicada en la localidad platense de City Bell y un automóvil Chery Tiggo modelo 2017 valuado en 5 millones de pesos. Como funcionario, no solo duplicó esos montos totales en menos de dos años, sino que logró cancelar la mitad de un crédito que originalmente superaba los cien mil dólares en apenas unos meses, un desempeño financiero que desafía cualquier lógica económica convencional. Por si fuera poco, la denuncia también abarca la eventual configuración del delito de lavado de activos: si a medida que avance la investigación se descubriera que los fondos aplicados a la cancelación del pasivo hipotecario, a la compra del vehículo o a otros activos que pudieran detectarse provienen de un ilícito penal precedente, entonces la imputación se ampliará para incluir esa figura.
Mientras tanto, en la Cámara de Diputados bonaerense, Francisco Adorni ejerce su banca con total normalidad, blindado por los fueros que le confiere su investidura, aunque esa protección no alcanza a los actos cometidos antes de asumir el cargo ni a las cuentas bancarias que el fiscal ya ha empezado a escudriñar. La causa avanza en silencio, pero cada nuevo elemento que se incorpora al expediente parece confirmar la sospecha inicial de Pagano: que el apellido Adorni, lejos de ser un simple accidente genealógico, podría funcionar como una suerte de sinónimo de opacidad patrimonial y crecimiento financiero inexplicable. El fiscal Marijuán, por su parte, no ha hecho más que empezar a tirar de los hilos de esta madeja, y todo indica que en las próximas semanas se conocerán nuevos capítulos de una historia que ya lleva el título provisorio de Adornigate, pero que amenaza con rebautizarse como un expediente doble, con dos hermanos en el banquillo. La justicia tendrá ahora la palabra, y también el silencio de los números hablará por sí solo cuando los peritos confronten cada peso declarado con cada peso gastado. La pregunta que flota en el aire, mientras tanto, es la misma que desde el principio acompaña a este caso: ¿de dónde salió todo ese dinero?
