El máximo tribunal habilitó el recurso presentado por el Ejecutivo para eludir la Ley de Financiamiento, aunque todavía no existe un calendario para su resolución. La comunidad educativa, tras otra masiva movilización, reclama celeridad ante el dramático deterioro salarial y de becas
Tras la contundente demostración de poderío que el Frente Universitario desplegó en cada rincón del país, el conflicto que enfrenta al Gobierno con las casas de altos estudios ha trascendido el escenario callejero para instalarse de lleno en el ámbito judicial. En las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia aceptó formalmente el recurso extraordinario presentado por la administración nacional con el objetivo de desobedecer la Ley de Financiamiento Universitario, al tiempo que deberá pronunciarse acerca de la medida cautelar impulsada por los rectores, la cual ya cosechó dictámenes favorables tanto en primera como en segunda instancia. Paralelamente, la Universidad de Buenos Aires elevó un pedido explícito al alto tribunal para que se expida con la máxima celeridad posible, aunque desde el propio palacio de justicia aclararon que no existe un plazo perentorio que los apremie.
Apenas unas horas después de concretada la cuarta Marcha Federal Universitaria, la Corte quedó en condiciones de fijar posición en el litigio que desde hace meses enfrenta a la gestión de Javier Milei con el colectivo académico, que lucha denodadamente por la vigencia de una norma que fue sancionada y refrendada por el Congreso durante el año precedente. Durante la jornada de ayer, ingresó formalmente el recurso extraordinario que había elaborado la Procuración del Tesoro de la Nación ante la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, mediante el cual se busca suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley aludida. Voceros del máximo tribunal confiaron a este diario que carecen de términos perentorios para definir la cuestión y que no existe previsión de reuniones de acuerdos presenciales en al menos las próximas dos semanas. Todo indica, por consiguiente, que no habrá novedades en los días venideros, pese a la expectativa reinante en el arco universitario. Una de las alternativas posibles es que los magistrados remitan las actuaciones a la Procuración General de la Nación para que emita dictamen, aunque ese pronunciamiento no resultaría vinculante y, además, alargaría sustancialmente el trámite porque tampoco existe un plazo establecido para su producción.
Mientras el expediente sigue su curso, la ejecución de la cautelar permanece en suspenso hasta tanto la Corte Suprema se pronuncie. Es por ello que durante la jornada de ayer, el Consejo Superior de la UBA solicitó al máximo tribunal que “se expida con la mayor brevedad posible para asegurar la plena vigencia de la Ley Nº 27.795 y la protección efectiva del sistema universitario público argentino”. La presentación abarca los artículos 5 y 6, que refieren respectivamente a las remuneraciones del personal docente y no docente y al régimen de becas estudiantiles, dos puntos que han sido sistemáticamente erosionados desde la asunción de Javier Milei.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional se informó que los salarios de los trabajadores y las trabajadoras constituyen los más reducidos de los últimos veintitrés años y se ubican entre los peores desde el retorno de la democracia. En el documento colectivo que el Frente Universitario hizo público ayer en la Plaza de Mayo, se señaló que la pérdida del poder adquisitivo alcanza el 37,13 por ciento, lo que equivale a la desaparición aproximada de once salarios entre diciembre de 2023 y marzo de 2026. En lo concerniente a las becas, estas se encuentran congeladas desde el inicio de la gestión libertaria, con montos que actualmente alcanzan los 35.000 pesos para la Progresar y 85.000 para las Manuel Belgrano. Estos dos rubros constituyen el núcleo del reclamo que las autoridades de las sesenta y tres universidades públicas del país han planteado en la medida cautelar.
Lo cierto es que mientras la Corte no resuelva, el beneficiario indirecto resulta ser el Gobierno, que de este modo evita transferir las partidas previstas por la ley, las cuales aliviarían la crítica situación que atraviesan las instituciones de educación superior. El reconocido constitucionalista Andrés Gil Domínguez recordó que durante la pandemia, el mismo tribunal resolvió en apenas dieciocho días declarar inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia 241/2021 que suspendía las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires. “¿Cuánto tiempo se tomará ahora para resolver el Recurso Extraordinario Federal interpuesto por el Gobierno para evitar cumplir la medida cautelar —dictada por el juez de grado y confirmada por la Cámara— que ordenó la actualización inmediata de los salarios docentes y no docentes, así como de las becas estudiantiles, hasta tanto se dicte sentencia definitiva sobre la validez constitucional del Decreto 759/2025 que suspendió la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario?”, se interrogó el letrado en sus plataformas digitales.
Los argumentos oficiales para no cumplir
Por otra parte, la Universidad de Buenos Aires requirió a la Justicia que se expida sobre el fondo de la cuestión “para garantizar la plena vigencia de la norma”. El Gobierno de Javier Milei se niega a acatar la ley argumentando que el texto no especifica de dónde se obtendrán los recursos. El secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien en días recientes se dedicó a deslegitimar la protesta mediante falacias, sostuvo que “la ley nació muerta porque viola el primer principio que es el presupuestario”. El funcionario desplegó una intensa actividad en redes sociales y medios de comunicación, dejando en claro la postura oficial: “Vos podés juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”, afirmó.
Semanas atrás, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, se quejó del exceso de “judicialización de la política”, un fenómeno que a su juicio estira “el punto de partida para llevar adelante un programa, una política, un sistema de transformación de la economía o de la macroeconomía”. Y agregó: “Los debates no se clausuran en el circuito político, sino que hay judicialización y, en la Justicia, siempre se busca llegar a la palabra de la Corte”.
El derrotero legislativo y judicial
En agosto de 2025, el Senado sancionó la ley de presupuesto, pero un mes después Javier Milei la vetó argumentando un “costo fiscal inaceptable”, pese a que la Oficina de Presupuesto del Congreso había señalado que el impacto estimado representaba apenas el 0,23 por ciento del Producto Bruto Interno, una cifra irrisoria en comparación con la magnitud del gasto público general. En octubre, el Parlamento rechazó el veto. Sin embargo, mediante un decreto, la Casa Rosada declaró “suspendida su ejecución hasta tanto el Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento”.
En ese contexto, los representantes de todas las universidades, a través del Consejo Interuniversitario Nacional, presentaron una acción de amparo contra el Estado Nacional. El 23 de diciembre, el juez Martín Cormick ordenó el inmediato cumplimiento de los artículos 5 y 6, y seis días después, el Poder Ejecutivo apeló la medida. El 31 de marzo de 2026, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo de Cormick y ratificó la cautelar a favor de las casas de estudio, una decisión que el Gobierno intentó revertir mediante el recurso extraordinario que ahora debe resolver la Corte Suprema. El desenlace de esta puja definirá no solo el destino del financiamiento universitario sino también el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial en un escenario de creciente confrontación institucional.
