La Casa Rosada oficializó un tijeretazo demoledor sobre medicamentos, vacunas y lucha contra el cáncer, mientras gobernadores y profesionales denuncian tratamientos interrumpidos y centros de atención primaria que reciben apenas un botiquín donde antes llegaban cinco. Ante el desmantelamiento, sindicatos y organizaciones sociales convocaron a una Marcha Federal para el próximo miércoles bajo el lema de defender lo público.
En las primeras jornadas de esta semana, el gobierno de Javier Milei convalidó mediante resolución administrativa una poda de nuevos recursos destinados a la salud pública, un sector que ya sangraba por los cortes previos de la motosierra oficial. Del total de tres billones de pesos extraídos de las arcas del Estado Nacional, más de 63.000 millones corresponden al área sanitaria, un golpe directo a las provincias, a la distribución de fármacos, insumos estratégicos y equipamiento de alta complejidad tecnológica. El ajuste alcanza también a la lucha contra el cáncer, al Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), y recorta partidas destinadas a vacunación y a la prevención de infecciones de transmisión sexual cuyas curvas no cesan de ascender, como la sífilis.
“Antes nos proveían cinco botiquines completos; hoy nos remiten uno solo”, confiesan médicos que trabajan en salas de atención primaria, quienes subrayan las crecientes dificultades tras la clausura del programa Remediar. Como consecuencia de esa supresión, numerosos enfermos han debido interrumpir terapias crónicas para patologías como la hipertensión arterial o la diabetes mellitus, simplemente porque se quedaron sin comprimidos. Ante este panorama desolador, un amplio arco de organizaciones convocó a una Marcha Federal para el miércoles próximo en defensa del sistema sanitario público.
Los mandatarios provinciales, que desde hace meses elevaron su voz de alerta ante el fin de las obras públicas, ahora deberán sumar una nueva demanda a su lista de reclamos: la eliminación de 25.000 millones de pesos que estaban previstos para fortalecer los sistemas de salud de los distritos. Estos esquemas ya se hallaban debilitados, dado que en muchos casos son los gobiernos locales quienes se ven forzados a suplir las partidas que la administración central dejó de transferir desde hace varios meses. “La situación es de extrema preocupación”, declaró Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, en diálogo con este diario. El funcionario detalló que la medida oficial impacta directamente en “menos fármacos, menos vacunas y menor respaldo financiero para programas esenciales como los de cáncer, VIH, tuberculosis, hepatitis virales, salud sexual e Incucai”.
Otra de las tijeretazos de mayor envergadura se aplica sobre medicamentos, insumos y tecnología médica, rubro al que la Casa Rosada decidió sustraer 20.000 millones de pesos. Todo esto se agrega al cese del programa Remediar, que desde 2002 distribuía alrededor de setenta tipos de fármacos en ocho mil centros de salud a lo largo del territorio nacional, alcanzando a diecinueve millones de personas con afecciones crónicas. “Con lo que nos envían ahora no alcanza ni para cubrir una semana de demanda”, relató Paula, una médica generalista que dirige un centro de atención primaria en la zona sur del conurbano bonaerense y que prefirió resguardar su apellido. Se trata de un barrio vulnerable donde ya no llegan analgésicos elementales como ibuprofeno y paracetamol, ni antibióticos de uso cotidiano como amoxicilina y cefalexina. “Un solo envase de esos remedios cuesta veinte mil, cincuenta mil pesos, y la población no puede afrontarlo. Así, esas patologías quedan totalmente desprotegidas”, agregó la profesional.
La consecuencia inmediata es la suspensión de miles de tratamientos. Enfermos con hipertensión, hipotiroidismo o diabetes —todos padecimientos perfectamente controlables— ven agravados sus cuadros por la falta de medicación regular y terminan reingresando al sistema con complicaciones severas. En algunos casos, los gobiernos provinciales o municipales intentan paliar la desidia libertaria, pero su capacidad de compra no se equipara a la que tenía el Estado nacional.
El impacto también se siente con crudeza en la salud reproductiva. “Antes recibíamos botiquines de salud sexual con preservativos, pruebas de embarazo, anticonceptivos orales y de emergencia. En todo 2025 ingresaron apenas dos partidas con muy pocos elementos, y volvieron a elevarse los índices de gestación no planificada porque no se pudieron sostener los tratamientos de anticoncepción. Tampoco mandan profilácticos”, lamentó Paula.
Desde la Fundación Huésped ya venían anticipando esta situación, que ahora se agrava porque desde el lunes se recortan 900 millones de pesos para el programa de Salud Sexual y Procreación Responsable; 800 millones para VIH, tuberculosis y hepatitis virales, y 500 millones en vacunas. Leandro Cahn, director ejecutivo de la organización, señaló que no existe ninguna explicación detallada sobre cómo este ajuste impactará en políticas concretas ni en los procesos de compra de insumos. “La plata no sobraba antes en el presupuesto. ¿Dónde se va a recortar ese dos por ciento? Sería interesante que el ministerio de Salud lo aclare”, sostuvo en declaraciones a este medio.
Cahn añadió que el presupuesto sancionado ya era insuficiente de origen, y advirtió que el nuevo recorte se produce en un contexto de aumento de las infecciones de transmisión sexual, muy especialmente la sífilis. “Se trata con facilidad mediante penicilina; sin embargo, en el Ministerio de Salud de la Nación no están adquiriendo cantidades suficientes. Las jurisdicciones van comprando por su cuenta, pero eso genera desabastecimiento intermitente y, además, inequidades entre las provincias. También observamos una caída en las coberturas de vacunación, demoras en los tiempos administrativos de las adquisiciones y, por ende, en la distribución en el país”, explicó.
Por su parte, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) aseguraron que el Gobierno no implementó ninguna medida para favorecer las políticas de inmunización en todo el territorio. “La mitad de los niños menores de cinco años no tienen el esquema de vacunación completo, que previene enfermedades graves como la tos convulsa, que ya acumula cerca de dieciséis lactantes fallecidos. Hubo rebrotes de sarampión, patologías que hasta hace poco no representaban un problema epidemiológico para la Argentina”, alertó Macarena Sabin Paz, coordinadora del equipo de Salud y vida independiente del organismo.
Cahn también se refirió al sufrimiento de las personas cuya salud depende de un medicamento que toman a diario: “El recorte genera incertidumbre, angustia, y eso nunca es un buen acompañante para el cuidado de la salud”. Claudio Mariani, integrante de la organización Comunidad en Positivo, contó que “las personas que vivimos con VIH la estamos pasando muy mal”. Explicó que ya existen faltantes en sistemas de prevención y que se mantienen en alerta ante el posible desabastecimiento de la medicación antirretroviral. “Es alarmante, angustiante; tenemos la salud absolutamente en riesgo. Los mensajes que nos llegan de muchas provincias indican que hay gente que no puede acceder al tratamiento porque las obras sociales se los están cortando, ya que Nación no los envía a tiempo y los distritos no pueden hacerse cargo”, agregó.
Pero el tijeretazo no termina allí. Esta semana, la administración de Javier Milei también resolvió una reducción de 5.000 millones de pesos en el programa de lucha contra el cáncer y un tijeretazo de 831 millones al Incucai, un sector especialmente delicado que ya venía padeciendo el desfinanciamiento. Ivana Sosa, referente de la Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA) en Santiago del Estero, padece cáncer de mama y su tratamiento fue interrumpido meses después del arribo de La Libertad Avanza al poder. Ella contaba con cobertura de Incluir Salud mediante una pensión no contributiva. “Para un paciente oncológico como yo, que me quiten el tratamiento es la muerte asegurada”, expresó a este diario, y relató que hoy consigue las tres drogas que necesita a través de ALAPA porque el Estado sigue sin proporcionárselas.
Todo este cúmulo de medidas desembocó en la organización de la Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública, prevista para el miércoles 20 de mayo. A partir de las trece horas, organizaciones sociales, sindicatos y trabajadores del sector sanitario se movilizarán hacia el Ministerio de Salud de la Nación para protestar contra el ajuste y el desfinanciamiento del sistema impulsado por el gobierno de Javier Milei. “Es una brutalidad que corten una política de Estado como fue Remediar”, enfatizó Matías Gallastegui, médico y coordinador de la Escuela de Salud Comunitaria de la Villa 21-24 en Barracas.
Desde la convocatoria advirtieron que el ochenta por ciento de las obras sociales, con su recaudación actual, no logran cubrir el Programa Médico Obligatorio. Además, remarcaron que uno de cada cuatro jubilados no accede a sus remedios. Una semana después de la multitudinaria marcha federal universitaria, el país se apresta a vivir una nueva movilización masiva en defensa de lo público bajo el gobierno de Milei.
