La empresa Aires del Sur, fabricante de las unidades Fedders y Electra, no pudo sostener su estructura financiera ante el contexto económico actual. El directorio admitió una cesación de pagos “irreversible”, mientras los trabajadores sufrieron primero la falta de salarios y luego la pérdida de sus fuentes laborales.
En el marco de la profunda recesión que atraviesa la Argentina a causa de las políticas impulsadas por la administración de Javier Milei, un nuevo revés sacude al entramado productivo nacional. Al menos ciento cuarenta trabajadores fueron despedidos de manera definitiva tras hacerse efectiva la quiebra de una reconocida compañía dedicada a la fabricación de equipos de climatización. Se trata de Aires del Sur, una firma con sede en Tierra del Fuego que hasta hace poco comercializaba en todo el país las unidades de las marcas Fedders y Electra.
El colapso de la empresa se formalizó mediante una comunicación oficial publicada en el Boletín Oficial, aunque sus orígenes se remontan a una crisis financiera que se profundizó sin posibilidad de reversión. La solicitud de quiebra fue presentada por el propio directorio de la organización, encabezado por Roberto Ángel Ceretti, quien asumió la presidencia en noviembre de 2025 y elevó el pedido en febrero del corriente año, 2026. En la presentación judicial, los directivos sostuvieron que la compañía atravesaba un “estado de cesación de pagos actual, generalizado e irreversible”, una declaración que dejaba en evidencia la magnitud del deterioro.
Desde la cúpula empresarial se explicó que el esquema financiero se tornó inviable porque el costo del dinero en el sistema financiero local superaba holgadamente el margen operativo propio del negocio. En otras palabras, el simple servicio de la deuda devoraba cualquier posibilidad de rentabilidad, haciendo insostenible la continuidad operativa.
El conflicto con la mano de obra no tardó en estallar. Un momento especialmente álgido ocurrió en febrero, cuando la firma omitió el abono de los salarios correspondientes a enero. A esto se sumó que, tras la paralización por las vacaciones de diciembre, la producción jamás se reanudó. Como respuesta, los operarios decidieron tomar posesión de la planta, esperando una reacción favorable de los dueños. Sin embargo, los días transcurrieron sin respuestas concretas, y la situación devino en un desenlace trágico para las familias afectadas: con el paso de las semanas, la totalidad de los 140 empleados quedó formalmente desvinculada de la compañía.
Antes de llegar a este punto límite, la empresa había intentado sortear el abismo mediante negociaciones con Chigo Group, un gigante chino fabricante de sistemas de aire acondicionado. La idea era concretar una venta, ya sea total o parcial, que incluyera una inyección de capital por un mínimo de cinco millones de dólares destinados a capital de trabajo. De prosperar esa operación, se planeaba reemplazar el oneroso financiamiento local por un crédito de proveedor a ciento cincuenta días, lo que permitiría reactivar la planta con envíos mensuales de entre siete mil y catorce mil kits provenientes del país asiático. No obstante, esa alternativa nunca fructificó.
Como plan de respaldo, la compañía presentó ante la Justicia una propuesta de Continuidad Productiva Controlada, cuyo objetivo era terminar de ensamblar los kits que ya se encontraban importados y utilizar los fondos obtenidos para cancelar una deuda cercana a los quinientos mil dólares con proveedores, hacer frente a los salarios adeudados y constituir un fondo indemnizatorio para los trabajadores. Pero el tribunal interviniente rechazó también esta iniciativa, sellando así el destino de la firma.
Una vez decretada la quiebra de Aires del Sur, la empresa puso a disposición del expediente judicial sus principales bienes. Entre ellos se destaca la propia planta fueguina, cuyo valor fue tasado por el Banco Nación en más de quince millones de dólares, y un stock cercano a los cuatro mil kits importados para el armado de equipos, cuyo valor potencial como producto terminado se estimaba en alrededor de dos millones de dólares. Un patrimonio que, sin embargo, no alcanzó para evitar que más de un centenar de familias quedaran en la calle, víctimas colaterales de una crisis que no cesa.
