Un acuerdo suscrito entre la Armada Argentina y la Cuarta Flota del Comando Sur de los Estados Unidos, que califica las aguas jurisdiccionales nacionales como patrimonio compartido de la humanidad, desata un intenso debate político y jurídico. El pacto, sellado sin brindar detalles oficiales por parte del Gobierno nacional, habilita la transferencia de tecnología, adiestramiento conjunto y la potencial intervención de infantes de marina estadounidenses para neutralizar las denominadas «amenazas marítimas» en el Atlántico Sur, en un nuevo gesto de alineamiento automático del presidente Javier Milei con los designios de Donald Trump.
En un movimiento que ha generado alarma en sectores políticos, académicos y veteranos de guerra, la Armada Argentina formalizó un entendimiento con la Cuarta Flota del Comando Sur de los Estados Unidos que incorpora una noción jurídica y geopolítica de alto voltaje: considerar al Mar Argentino como un «bien común global». Esta categorización, plasmada en una carta de intención que no trascendió a través de canales oficiales nacionales sino por un comunicado de la Embajada estadounidense, implica a juicio de críticos una explícita relativización de la soberanía nacional sobre una vasta extensión oceánica rica en recursos energéticos, pesqueros y minerales estratégicos.
El convenio, cuyo contenido íntegro permanece bajo reserva por parte del Poder Ejecutivo, contempla un ambicioso programa de cooperación con una vigencia de cinco años. Ese lapso no sólo cubrirá el resto de la gestión de Milei sino que se extenderá hasta el próximo mandato presidencial, atando de facto a futuras administraciones a los compromisos ahora asumidos. Entre los ejes centrales del pacto se destacan la cesión de tecnología de vigilancia, el entrenamiento de personal naval argentino por parte de fuerzas estadounidenses y, en un punto particularmente sensible, la posibilidad de que los marines norteamericanos brinden «apoyo operacional» para neutralizar aquellas situaciones que ambas partes consideren amenazas a la seguridad marítima regional.
El diplomático estadounidense Peter Lamelas, embajador en Buenos Aires, no ocultó su entusiasmo al calificar el entendimiento como parte de una «alianza estratégica» destinada a resguardar los bienes comunes globales. Esa expresión, leída en clave geopolítica, se traduce en la necesidad de garantizar el acceso irrestricto de Washington a recursos naturales estratégicos de la región y en consolidar un esquema de «seguridad regional» que excluya a otros actores globales, particularmente a China. La rúbrica del documento estuvo a cargo del jefe de la Armada Argentina, almirante Juan Carlos Romay, y del comandante de la Cuarta Flota norteamericana, contralmirante Carlos Sardiello.
El principal interés de la potencia del Norte en este entendimiento, según analistas consultados, reside en alejar a la República Popular China del Atlántico Sur. La coartada técnica utilizada para justificar la cooperación es la denuncia sobre la actividad pesquera de barcos chinos en las cercanías del límite de las doscientas millas náuticas que demarcan la zona económica exclusiva argentina. Sin embargo, la amplitud del concepto «amenazas marítimas» permite una interpretación laxa que podría abarcar desde el narcotráfico hasta cualquier presencia considerada hostil a los intereses estadounidenses en la región, en un contexto de creciente presión sobre Venezuela y Cuba.
Voces autorizadas del arco político argentino salieron al cruce del acuerdo. El exministro de Defensa y actual diputado nacional Agustín Rossi fue categórico al señalar que cualquier pacto que implique el patrullaje conjunto del Mar Argentino debería, indefectiblemente, ser sometido a consideración del Congreso Nacional. Rossi vinculó esta carta de intención con la coalición militar denominada «Escudo para las Américas», impulsada por Donald Trump bajo el pretexto del combate al narcotráfico y que ya cuenta con la adhesión de al menos diecisiete naciones del continente.
En la misma línea, el también exministro de Defensa y hoy legislador Jorge Taiana advirtió sobre las implicancias conceptuales del texto. Entender la defensa del Atlántico Sur bajo la lógica de los «bienes comunes globales» implica, según Taiana, extender esa noción no sólo a los espacios marítimos sino también a la plataforma continental y a toda la zona económica exclusiva, relativizando de manera peligrosa la dimensión soberana de un área fundamental para la riqueza renovable y no renovable del país. Para Taiana, la defensa de la soberanía no puede quedar supeditada a acuerdos que, bajo discursos de cooperación o protección ambiental, terminan habilitando mayores niveles de injerencia extranjera.
La exministra de Seguridad Sabina Frederic agregó un elemento de tensión institucional al recordar que las competencias sobre la vigilancia de la zona económica exclusiva corresponden actualmente a la Prefectura Naval Argentina. Frederic advirtió que el acuerdo no sólo implicará que Estados Unidos se quede con toda la información recopilada por el equipamiento que proveerá, sino que generará un conflicto de funciones entre la Prefectura y la Armada. En esas aguas, recordó la exfuncionaria, no sólo operan barcos chinos sino también pesqueros españoles y portugueses, todos ellos amparados por acuerdos bilaterales vigentes.
Desde el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, la preocupación es manifiesta. Un vocero de la entidad, Ernesto Alonso, sostuvo que mientras el Gobierno implementa un ajuste brutal sobre las Fuerzas Armadas y hace gala de un discurso nacionalista cuartelero, en los hechos no se aproxima siquiera a la defensa soberana. Alonso estableció un paralelismo contundente: así como durante la dictadura existió un plan sistemático de desaparición de personas, en el presente se estaría ejecutando un plan sistemático de entrega de recursos y jurisdicción.
El propio jefe de la Armada, Romay, había encabezado días antes en la base de Puerto Belgrano el acto por el Día de la Armada, donde reclamó fortalecer la base industrial de Defensa y realizar inversiones sostenidas porque, a su entender, el futuro de la Argentina se dirime en el mar. En una columna publicada en un medio digital, Romay advirtió que el Atlántico Sur constituye una de las claves más poderosas y menos aprovechadas para el desarrollo nacional, aunque otros actores internacionales conscientes de esa potencialidad invierten cuantiosos recursos ocupando espacios que el país desatiende. Lo que el almirante no mencionó en su texto es que la potencia con intereses «divergentes» a la que aludía no es Estados Unidos sino precisamente China, su rival geopolítico.
El mes pasado, el presidente Milei posó sonriente junto al embajador Lamelas a bordo del portaaviones USS Nimitz, en una jornada que contó con la presencia de su hermana Karina, el canciller Pablo Quirno, el ministro de Defensa Carlos Presti y la titular de la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva. En esa ocasión, el diplomático estadounidense celebró que la relación bilateral atravesaba «una nueva era», yendo más allá de la mera cooperación para alcanzar una «alineación estratégica profunda». Meses atrás, la entonces jefa del Comando Sur, generala Laura Richardson, ya había abogado por una postura continental frente a los «agresores» China y Rusia, en un discurso que destacaba la abundancia latinoamericana de agua, tierras agrícolas de alto potencial, litio, cobre, oro, hierro y metales raros.
El programa, según fuentes cercanas a las negociaciones, ya se puso en marcha con la entrega de una cámara especializada instalada a bordo de una aeronave de patrullaje marítimo argentino. Además, Estados Unidos suministrará dos aeronaves Beechcraft King Air 360ER, cuyo arribo está previsto para diciembre de este año y mediados del próximo. Sin embargo, una fuente al tanto de la situación cuestionó la efectividad de esta cooperación al señalar que el reclamo histórico de la Armada no es la falta de aviones sino la escasez de buques operativos, ya que sólo se cuenta con unos pocos patrulleros oceánicos. Mientras tanto, la polémica crece en el Congreso y en los centros de pensamiento estratégico, donde se multiplican los interrogantes sobre un acuerdo que, bajo el ropaje de la cooperación en seguridad marítima, podría estar escribiendo un nuevo capítulo en la cesión de soberanía sin que medie el más mínimo debate parlamentario.
