La diputada provincial Alejandra Rodenas encendió las alarmas al revelar que el nuevo esquema de subsidios energéticos golpeará con mayor crudeza al sur de Santa Fe, dejando a cientos de miles de familias en una situación de vulnerabilidad extrema en las puertas del invierno.
En las últimas horas, la diputada provincial Alejandra Rodenas encendió una señal de alerta que resonó con fuerza en los despachos oficiales y en cada rincón del territorio santafesino. Según un pormenorizado análisis elaborado a partir de información oficial del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), la legisladora advirtió que las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional en el régimen de subsidios al consumo de gas natural tendrán consecuencias devastadoras para una porción inmensa de la población de Santa Fe. De acuerdo con las proyecciones de Rodenas, cerca de dos millones de habitantes de la provincia padecerán directamente los embates de esta reestructuración tarifaria, con un epicentro particularmente doloroso en la zona sur del distrito.
La magnitud del fenómeno adquiere dimensiones escalofriantes cuando se desciende al detalle geográfico. Solo en el departamento Rosario, el número de hogares que quedarán alcanzados por la quita de ayudas estatales asciende a más de 388 mil viviendas. Pero el perjuicio se extiende como una mancha de aceite hacia otros departamentos igualmente castigados. En General López serán 48.765 las familias damnificadas; en San Lorenzo, la cifra trepa a 38.864; en Caseros se contabilizan 19.159 hogares en riesgo; mientras que en Constitución la nómina alcanza los 16.740. Tampoco quedarán eximidos los departamentos de Iriondo, con 14.818 viviendas afectadas; San Martín, con 12.680; y Belgrano, con 10.658. En total, un verdadero alud de perjuicios que ninguna administración provincial puede mirar con indiferencia.
La transformación no es un simple reacomodamiento administrativo ni un retoque menor en la estructura de costos. Rodenas fue tajante al describir la naturaleza de la medida. “El nuevo esquema reduce las ayudas estatales, restringe severamente el acceso a los beneficios preexistentes y traslada de manera directa y brutal los costos a los espaldas de los usuarios”, denunció. En términos prácticos, esto se traduce en subas generalizadas que castigarán sin distinciones, alcanzando incluso a los sectores más vulnerables de la sociedad. “Es inadmisible dejar a miles de familias a la intemperie justo antes del invierno”, exclamó la legisladora con visible indignación, al tiempo que graficó el impacto como “un golpe directo al bolsillo en un contexto ya de por sí extremadamente difícil”.
La legisladora profundizó su análisis al sostener que esta reforma altera de manera drástica el sistema de financiamiento del gas residencial que había regido durante años. No se trata únicamente de un aumento de tarifas, sino de una reconfiguración completa de las reglas de juego que deja a vastos sectores de la provincia de Santa Fe en un estado de absoluta desprotección ante las inminentes variaciones en los cuadros tarifarios. “Restringe la cobertura territorial y afecta a una cantidad enorme de usuarios que pasarán a estar desamparados”, remarcó.
En ese marco de urgencia y gravedad, Rodenas apuntó sus baterías directamente al Senado de la Nación. La diputada hizo un llamamiento enfático a los representantes santafesinos en la Cámara alta para que frenen sin titubeos la aplicación de la medida. “Los senadores nacionales tienen la responsabilidad ineludible de defender a la provincia y no pueden, bajo ningún concepto, avalar un tarifazo de estas características”, sentenció con firmeza. Y completó su arenga con una frase que resonó como un mandato cívico: “Esperamos que voten en contra. Defender a los santafesinos no puede ser una opción, es una obligación”. El mensaje, claro y contundente, quedó flotando en el aire como el prólogo de una batalla política que recién comienza.
