Julio César Silva, encargado del inmueble donde residía la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner en la arteria Uruguay, retractó ante el Tribunal Oral versiones que vinculaban al fallecido secretario privado Daniel Muñoz con un traslado sistemático de bultos. Aunque rubricó aquel testimonio previo, ahora confesó haber cometido una infracción legal al suscribirlo sin leerlo y en un estado de vulnerabilidad emocional.
En una jornada que añade espesores a la ya enmarañada trama judicial de la denominada Causa Cuadernos, el edificio testigo de la vida cotidiana de la ex presidenta se convirtió en escenario de un insólito cruce entre versiones. Julio César Silva, el encargado de la propiedad situada en la calle Uruguay donde habitó Cristina Kirchner, negó rotundamente haber asegurado en el pasado que Daniel Muñoz, exsecretario privado del matrimonio presidencial, ingresaba de manera reiterada con maletas y bolsones entre 2007 y 2010. La declaración se produjo en los tribunales de Comodoro Py, ante el Tribunal Oral que lleva adelante el juicio por los presuntos sobornos anotados en agendas del chofer Oscar Centeno.
“La parte que dice que Muñoz venía de 2007 a 2010 con bolsos y valijas, eso yo no lo dije”, sentenció Silva con firmeza frente a los jueces. Sin embargo, admitió un hecho de gravedad institucional: había estampado su firma en aquella declaración incriminatoria y reconoció que cometió “un delito” al hacerlo, porque no estaba de acuerdo con su contenido ni la había examinado por completo. El testigo describió el contexto de aquel primer interrogatorio en 2018 como un período de fragilidad síquica y presión sostenida. “No me sentía bien. Cuando me dictaban las afirmaciones, me las repetían una y otra vez, volvían atrás, me insistían con lo mismo. Entonces yo allí no sentía que lo que respondía estuviera bien”, relató ante el estrado.
Pese a su desmentido categórico sobre la habitualidad de los traslados, Silva sí admitió haber divisado a Muñoz con equipaje en “una o dos oportunidades”, aunque descalificó cualquier mención a una frecuencia elevada o a una abundancia notoria de bultos. “Cantidades de bolsos, eso sí, no señor”, enfatizó ante los magistrados, trazando una línea divisoria entre un hecho puntual y la construcción de un patrón sistemático que alimentó una de las líneas acusatorias más resonantes del expediente.
El encargado también describió el clima en el que se desenvolvió su primera declaración judicial como un verdadero “interrogatorio”, y no como una testimonial libre. Denunció haber recibido presiones explícitas: “Me dijeron que yo tenía dos hijas y que tenía que decir todo lo que me preguntaran”, afirmó. Ante la consulta del abogado defensor José Manuel Ubeira acerca de si interpretó esa frase como una intimidación, el testigo respondió sin titubeos: “Sí, me puse mal”. Esa revelación agregó un componente dramático a la audiencia, al poner en el centro del debate los límites éticos y legales de las prácticas de obtención de prueba.
La declaración de Silva no fue un hecho aislado. En las últimas semanas, el juicio oral por los cuadernos ha sido sacudido por nuevos testimonios que vuelven a poner en tela de juicio el origen de la pesquisa y la solidez de los elementos recolectados. Particularmente resonante fue la comparecencia del periodista Diego Cabot, quien recibió los manuscritos atribuidos al chofer Oscar Centeno y presentó la denuncia madre ante la Justicia. Durante más de trece horas, Cabot desgranó su versión frente a fiscales, acusadores particulares y defensas, y por primera vez se refirió en una audiencia pública a los cuadernos originales que resguarda el Tribunal Oral Federal N°7.
La exposición de Cabot reabrió viejas grietas en torno a la cadena de custodia y el derrotero del material que sirvió como pilar de la acusación. Las defensas volvieron a señalar anomalías vinculadas con la aparición de los escritos y el manejo de las evidencias, mientras que pericias incorporadas al dossier ya habían indicado inconsistencias cronológicas y dudas sobre las autorías de ciertos pasajes. En ese contexto, el recambio de versiones del portero Silva no hizo más que alimentar la tesis de los abogados querellados: la prueba reina del caso se sostiene sobre afirmaciones que, ante el escrutinio contradictorio, se desmoronan como un castillo de naipes. El tribunal deberá ahora ponderar si el reconocimiento de Silva de haber delinquido al firmar sin leer invalida aquellas primeras declaraciones, o si las dos visiones puntuales de equipaje bastan para mantener en pie alguna de las acusaciones. Mientras tanto, la causa sigue su curso en medio de un clima de creciente escepticismo sobre la integridad de la investigación original.
