Un día después del anuncio presidencial, el titular del Palacio de Hacienda precisó las alícuotas y los plazos para la soja, el maíz, el sorgo y el girasol. La quita progresiva de retenciones profundiza el alivio impositivo a los grandes actores del sector exportador, en paralelo a la fuerte poda del gasto público.
Apenas transcurridas veinticuatro horas desde que el mandatario Javier Milei comunicara una nueva disminución de los gravámenes a las exportaciones agropecuarias, el responsable de la cartera económica decidió poner cifras concretas sobre el tablero. Fue este viernes cuando Luis Caputo ratificó que el oficialismo implementará una reducción gradual de las retenciones que pesan sobre la soja, el maíz, el sorgo y el girasol, con vigencia extendida hasta el año 2028. De esta manera, la administración profundiza una orientación que, una vez más, privilegia a los productores de mayor escala y a las firmas vinculadas con el comercio exterior. Aunque el propio Presidente había condicionado inicialmente la baja de las alícuotas a la performance de la recaudación, el ministro aclaró que el cronograma será metódico y ya contempla el impacto previsto en las cuentas fiscales para los ejercicios venideros.
Mientras el equipo libertario presenta esta estrategia como un estímulo destinado a potenciar la producción y los embarques al mundo, el anuncio vuelve a poner en evidencia una de las marcas más distintivas de su programa económico: la desgravación impositiva para los estratos de mayor capacidad financiera, ejecutada de manera simultánea y sostenida con un drástico ajuste sobre el gasto público. En ese contexto, Caputo especificó que la alícuota correspondiente a la soja comenzará su descenso a partir de enero de 2027, con una merma mensual equivalente a 0,25 puntos porcentuales. Para cuando concluya el período presidencial actual, el tributo se ubicará en el 21 por ciento. Ya durante 2028, el ritmo de rebaja se acelerará a 0,5 puntos por mes, hasta llegar a un piso del 15 por ciento.
En lo que respecta al maíz y al sorgo, ambos cultivos experimentarán una reducción con periodicidad trimestral. Partiendo del actual nivel del 8,5 por ciento, las alícuotas descenderán de manera gradual hasta cerrar el año 2027 en un 7,5 por ciento. Durante el siguiente año calendario continuará la tendencia declinante, de modo que la carga tributaria final será del 5,5 por ciento. El girasol tampoco quedará excluido de este esquema progresivo: desde el vigente 4,5 por ciento pasará al 4 por ciento en el transcurso de 2027 y completará el lapso con un gravamen del 3 por ciento hacia finales de 2028. La rebaja también alcanzará a los derivados de la industrialización primaria, como la harina y el aceite de soja, dos componentes esenciales dentro de los complejos agroexportadores de mayor relevancia para la balanza comercial argentina.
Las definiciones de Caputo llegaron apenas una jornada después de que Milei anunciara una quita inmediata de las retenciones al trigo y a la cebada, al tiempo que prometía extender beneficios análogos a otros sectores productivos, entre ellos la industria automotriz, la petroquímica y la fabricación de maquinaria. Durante su exposición ante una audiencia concentrada por empresarios y dirigentes del campo, el líder ultraderechista volvió a insistir con su postulado de que “los impuestos constituyen un robo” y aseguró que proseguirá con la desarticulación de la presión fiscal a medida que avance el achicamiento del Estado.
El Gobierno sostiene que la liberación gradual de las retenciones incentivará la inversión y elevará los volúmenes cosechados. No obstante, analistas y observadores señalan que los principales favorecidos en el corto y mediano plazo serán los grandes productores agrícolas, los exportadores de granos y los conglomerados industriales atados al comercio exterior. La medida se suma así a una seguidilla de decisiones orientadas a aliviar la carga tributaria sobre los núcleos más concentrados de la economía. Todo ello, mientras continúan sin pausa los recortes aplicados sobre jubilaciones, salarios de la administración pública, obra pública y programas de contención social, en el marco de un plan de ajuste que el oficialismo defiende como condición necesaria para la estabilización macroeconómica.
