El jefe de Gabinete anticipó proyectos vinculados a la ludopatía, inversiones, lobby y etiquetado frontal. Sin embargo, la ausencia de su propia declaración de bienes, con vencimiento en julio, despertó críticas opositoras y un trasfondo de sarcasmo político.
El funcionario de mayor rango en la coordinación ministerial, Manuel Adorni, rompió el silencio oficial para anticipar los próximos movimientos del Poder Ejecutivo en el terreno parlamentario. A través de su cuenta en la plataforma X, el propio Adorni confirmó la inminente remisión de una nueva batería de iniciativas con destino al Congreso de la Nación. Según precisó el emisario gubernamental, los textos comenzarán su travesía legislativa en los días subsiguientes, con una hoja de ruta que pone el acento en transformaciones vinculadas a la transparencia institucional, marcos regulatorios y fomento del crecimiento productivo.
Dentro del conjunto de propuestas que ingresarán al recinto para su deliberación sobresale, en primer término, la denominada Ley de Ludopatía, una norma orientada a contener una problemática social que no cesa de expandirse. En paralelo, cobrará visibilidad el llamado “Super RIGI”, un mecanismo concebido para potenciar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. El compendio de medidas se completa con una iniciativa de “Ley de Lobby”, además de retoques o actualizaciones sobre el régimen de “Etiquetado Frontal”. Con un rotundo “Fin” y su consabida despedida estampada en la frase “Dios bendiga a la República Argentina”, Adorni dejó sellada la postura del oficialismo ante este nuevo embate legislativo.
Mientras el Poder Ejecutivo acelera en el frente parlamentario, en la vereda doméstica del propio Gabinete se hace esperar un documento crucial. Se trata de la declaración jurada patrimonial del ministro coordinador, un instrumento que desde hace dos meses no puede aclarar ni el origen de sus bienes ni el nivel de sus erogaciones personales. Esta demora no pasó inadvertida y motivó el sarcasmo punzante de Maximiliano Ferraro, referente de la Coalición Cívica, quien aprovechó la situación para sembrar interrogantes sobre la transparencia del propio funcionario encargado de impulsar reformas en esa misma materia.
En este escenario, Adorni ha visto reducido su protagonismo habitual como vocero gubernamental, circunscribiendo su exposición casi exclusivamente al ámbito de las redes sociales, en un contexto donde el escándalo corroe los cimientos de la administración. El jefe de Gabinete dispone de plazo hasta el 31 de julio próximo para presentar la documentación faltante. Hasta entonces, la contradicción entre el discurso de transparencia oficial y la opacidad de su propia rendición de cuentas permanece abierta como una llaga política.
