La administración de Javier Milei presentó una herramienta basada en inteligencia artificial para diseñar políticas públicas, aunque especialistas temen que se oculten acuerdos con firmas como Palantir, vinculada al tecnofascismo y la vigilancia masiva. La opacidad, la falta de actualización legal y los riesgos de un posible sistema de puntuación social generan un creciente rechazo.
Desde el Ministerio de Capital Humano, bajo la conducción de Sandra Pettovello, irrumpió en la escena pública una iniciativa que el propio presidente Javier Milei calificó como “un cambio de paradigma”. Con una puesta en escena que no escatimó en estridencia, la cartera difundió un material audiovisual donde se describe el lanzamiento del primer “gemelo digital social” del país. La pieza comunicacional promete un salto hacia el futuro: “Por primera vez Argentina lidera el cambio social con inteligencia artificial”, proclama una voz en off, mientras asegura que el Estado dejará atrás la reacción tardía para ingresar en una era de anticipación y optimización de las políticas públicas.
Sin embargo, detrás del brillo del marketing, emergen interrogantes que ningún video institucional logra disipar. ¿Qué ocurrirá con los datos personales de los argentinos? ¿Quiénes son esos “actores globales” a los que el anuncio convoca para edificar “el primer modelo global”? La falta de respuestas concretas alimenta la inquietud entre especialistas en tecnopolítica, privacidad y derechos digitales, quienes advierten sobre los peligros de ceder información sensible a compañías como Palantir, una firma con oscuros antecedentes en la construcción de redes de vigilancia masiva.
Aunque el gobierno no confirmó la participación de esa empresa en el proyecto, la vinculación resulta difícil de ignorar. Su fundador, Peter Thiel, estrechó lazos con la administración libertaria en fechas recientes, con reuniones sostenidas con el Presidente, el ministro de Economía y otros funcionarios clave. Beatriz Busaniche, directora de la Fundación Vía Libre, sostiene que no se trata de una coincidencia fortuita. “Thiel está instalado en Buenos Aires para hacer negocios. Es una figura emblemática del tecnofascismo emergente, que busca sostener la hegemonía estadounidense en este momento geopolítico particular”, explica. La activista recuerda que el gemelo digital es uno de los productos estrella de Palantir, ya comercializado en otras gestiones alrededor del mundo.
La compañía, desarrollada originalmente con fondos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), difundió recientemente un manifiesto donde explicita su ideario: la sociedad occidental estaría en decadencia y el crecimiento económico debe impulsarse mediante la vigilancia y el poder duro. En Estados Unidos, Palantir ya cruza registros migratorios para facilitar deportaciones. Ante este telón de fondo, la pregunta sobre qué hará con los datos de los argentinos adquiere una dimensión perturbadora.
Natalia Zuazo, especialista en tecnopolítica, señala que lo presentado por el gobierno guarda un inquietante parecido con los sistemas de puntuación social. “Es un mecanismo que recolecta información de las personas para asignarles un lugar en un ranking, lo que luego permitiría ordenar la entrega de beneficios, créditos o asistencia”, detalla en diálogo con este medio. El perfilamiento se realizaría a partir del cruce de bases de datos del Ministerio con otras fuentes aún no especificadas, lo que añade una capa adicional de opacidad.
Desde una perspectiva técnica, Emmanuel Iarussi, investigador del Conicet en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad Torcuato Di Tella, define al gemelo digital como una réplica virtual de algo existente en la realidad, útil para realizar pronósticos. “Podés tener un gemelo del motor de tu auto y simular su comportamiento ante distintas condiciones. Pero acá estamos hablando de personas, no de motores”, subraya, para marcar la diferencia abismal entre una simulación industrial y una intervención social de esta magnitud.
El problema de fondo, coinciden los expertos, es la ausencia total de transparencia. Zuazo enumera las incógnitas esenciales: qué empresas están detrás, quién las contrató, cuánto se les paga, y lo más relevante, qué datos recolectarán. ¿Accederán solo a registros de la Anses o también a información de redes sociales, consumos privados, historias clínicas o antecedentes judiciales? “Eso implicaría ir un paso más hacia un futuro muy peligroso”, sentencia. Iarussi secunda la preocupación: “No se entiende qué datos utilizarán, si son públicos, de dónde provienen, si están alojados en servidores nacionales o extranjeros”.
Busaniche aporta un dato escalofriante: el Estado argentino ya acumula un volumen inmenso de información desde el mismo momento del nacimiento, cuando se asigna el DNI. A lo largo de la vida, se suman filiación, historia clínica, recetas médicas, patrimonio, vehículos, inmuebles y trayectoria educativa. “Lo que propone el gobierno es unificarlo todo en una sola base. Y Capital Humano es justamente la cartera con la mayor cantidad de datos sensibles en la actualidad”, advierte.
La comparación internacional no juega a favor del experimento local. Países como China, India o Singapur implementan sistemas de esta naturaleza, pero en regiones como la Unión Europea el llamado “social scoring” se encuentra prohibido por su potencial discriminatorio y estigmatizante. Zuazo recuerda que esos sistemas requieren una arquitectura de seguridad de datos extremadamente robusta, algo de lo que Argentina carece estructuralmente. “Nuestro país es vulnerable a filtraciones y hackeos, la seguridad de la información estatal cambia permanentemente sin un trabajo sólido”, denuncia. A ello se suma una Ley de Protección de Datos Personal vigente desde el año 2000, completamente desactualizada para los desafíos que plantea la inteligencia artificial contemporánea.
En este contexto, un reciente fallo de la Corte Suprema en el caso “Torres/Abad” adquiere relevancia capital. Allí se estableció que el Estado no puede hacer un uso libre de los datos ciudadanos ni transferirlos entre distintas oficinas públicas sin consentimiento. Busaniche considera que ese antecedente constituye “la única esperanza de frenar esta iniciativa, este experimento de Peter Thiel para convertir a nuestro país en su laboratorio de experimentación”.
Como un detalle final que no pasa inadvertido, el video oficial del gobierno proclama el deseo de diseñar políticas basadas en evidencia. “Entenderemos cómo se construye el capital humano y cómo cada intervención impacta en el desarrollo de capacidades a lo largo de la vida”, asegura la locución. Sin embargo, la hipocresía del discurso resulta evidente: la misma cartera que hoy presume de querer utilizar inteligencia artificial para mejorar la gestión pública es la que insiste en desfinanciar a las universidades y al sistema científico, los espacios donde durante décadas se generó la evidencia rigurosa para instrumentar políticas. La inteligencia artificial, no está de más recordarlo, es entrenada y operada por inteligencias humanas que se forman en instituciones públicas que el propio gobierno se empeña en desguazar. Mientras tanto, referentes opositores como Agustín Rossi ya presentaron pedidos de informes para verificar la transparencia, legalidad y garantía de derechos, con una consigna que resume el malestar general: “El futuro no puede convertirse en vigilancia sobre la ciudadanía”.
